Esta sería la pena que podrían enfrentar los implicados en la desaparición y muerte de Yulixa Toloza, según el abogado Francisco Bernate

La desaparición y muerte de Yulixa Toloza tras someterse a una cirugía estética en Beuty Laser, establecimiento clandestino ubicado en el sur de Bogotá, abre la posibilidad de enfrentar varios cargos graves para los responsables.

Según el abogado Francisco Bernate, la magnitud de los hechos permite prever “un mínimo de entre 50 y 60 años de prisión efectiva” para quienes resulten culpables, dada la sumatoria de delitos previstos en el marco legal colombiano.

El togado detalló que en el caso convergen tres figuras penales principales. Primero, destacó la existencia de violación de medidas sanitarias al operar un centro que “no puede funcionar y menos realizando procedimientos quirúrgicos sobre seres humanos”, señaló Bernate. El contexto de clandestinidad en que funcionaba la clínica fue descrito por el abogado como un factor determinante para la siguiente tipificación.

Al abordar el segundo delito, Bernate afirmó que los hechos corresponden a un homicidio doloso agravado, al explicar: “los niveles de temeridad en los que funcionaba este lugar dejan prever que la muerte era un evento perfectamente posible y aun así siguieron operando”.

Esta evaluación jurídica se suma al hecho de que, tras ocurrir la muerte, los involucrados “escondieron su cuerpo en un paraje rural”.

Finalmente, el jurista, que conversó para Minuto 60, hizo énfasis en la configuración de desaparición forzada al indicar que “nuestro país estuvo varios días pendientes de conocer el paradero de esta persona o de su cuerpo”. Al cierre de su análisis, Bernate sostuvo que ante este panorama “lo que corresponde es que Colombia ahora active los canales diplomáticos, a fin de que estas personas comparezcan ante la justicia colombiana”.

Una cirugía clandestina y una dosis que encendió las alarmas

La muerte de Yuliza Toloza tras someterse a un procedimiento estético clandestino en Bogotá ha expuesto una compleja cadena de irregularidades médicas y administrativas. El caso se tornó especialmente grave luego de que se conociera el presunto uso indebido de ketamina durante la intervención.

Según testimonios recogidos por medios nacionales, el personal del establecimiento aplicó una segunda dosis del medicamento al notar que la paciente experimentaba intensos dolores y complicaciones físicas tras la cirugía. Esta decisión, relatada por Estefanía López, amiga cercana de la víctima, se convirtió en una de las claves de la investigación: “Se encontraba muy afectada físicamente”, explicó López sobre el estado de Toloza después del procedimiento.

La ketamina es un anestésico reservado únicamente para uso bajo estricta supervisión y monitoreo médico permanente. Sus efectos adversos pueden ser graves e incluyen alteraciones respiratorias, pérdida de conciencia y arritmias severas.

Las autoridades han determinado que, además de la posible sobredosis, la cantidad de grasa extraída durante la intervención fue excesiva. De acuerdo con testimonios revelados por la Fiscalía, el procedimiento habría implicado la remoción de cerca de 10 litros, cifra que, según especialistas consultados, supera ampliamente los márgenes de seguridad recomendados para este tipo de cirugías.

En palabras de expertos entrevistados por medios nacionales, las intervenciones de lipólisis no deberían superar entre cinco y seis litros por sesión. Rebasar ese límite incrementa el riesgo de complicaciones potencialmente fatales, como el shock hipovolémico y la falla orgánica.

El caso de Toloza ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias y judiciales, quienes investigan tanto el uso inadecuado de anestésicos como la magnitud del procedimiento quirúrgico realizado sin condiciones clínicas apropiadas. La combinación de estos factores habría sido determinante para el deterioro acelerado y posterior fallecimiento de la paciente de 52 años.

Beauty Láser, el centro señalado de realizar la intervención, carecía de habilitación sanitaria y permisos para efectuar procedimientos invasivos, según las pesquisas en curso. La Fiscalía y los entes de salud indagan el funcionamiento del establecimiento, así como la responsabilidad de sus administradores.