Clan del Golfo anunció que aceptará la exclusión de extraditables en zonas de paz: “Como muestra inequívoca de voluntad política”

El autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo, informó que acepta restringir el ingreso a las Zonas de Ubicación Temporal solo a integrantes que no tengan solicitudes de extradición, y afirmó que esta decisión representa una muestra de su disposición para avanzar en el proceso de paz.

Mediante un comunicado, el Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) informó que la medida se adopta de buena fe, en respuesta a la condición planteada por el Gobierno nacional.

El grupo precisó que la restricción se aplicará en la primera fase de implementación y no permitirá la entrada de miembros con solicitudes de extradición vigentes presentadas por gobiernos extranjeros.

“Como muestra inequívoca de voluntad política y de coherencia, el Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia - EGC acepta, de buena fe, que el ingreso a las ZUT quede limitado a aquellos combatientes que no se encuentren solicitados en extradición”, señaló el grupo armado.

Alias Jerónimo, comandante político de la delegación de paz del Clan del Golfo, fue el encargado de anunciar la decisión.

El dirigente sostuvo que la determinación busca despejar cualquier duda sobre la conformación de las zonas y dar garantías al proceso de negociación.

La decisión fue adoptada luego de que la Fiscalía General de la Nación reiterara que no suspenderá las órdenes de captura contra 29 cabecillas de la organización, entre ellos Chiquito Malo, considerado máximo comandante del grupo. La negativa fue informada antes del 25 de junio, fecha prevista para la instalación de las zonas.

El Clan del Golfo subrayó que las Zonas de Ubicación Temporal no tienen como objetivo servir de refugio individual ni de protección para miembros solicitados en extradición.

La organización invitó a los países mediadores, a las comunidades y a los acompañantes nacionales e internacionales a verificar el cumplimiento de este acuerdo y a ser testigos del desarrollo de la negociación. “La paz es más importante que los egos de los gobiernos de turno o que los ánimos de la contienda electoral”, se incluyó en el comunicado.

Posición de la Fiscalía

Tras una reunión que se extendió por más de tres horas entre Otty Patiño, consejero Comisionado de Paz, y la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, se mantuvo la decisión de no levantar las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo, también llamado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Durante el encuentro, la fiscal escuchó los argumentos del Gobierno sobre la importancia de suspender dichas órdenes, aunque defendió su determinación de no hacerlo.

La discusión inició en abril de 2026, cuando la Oficina del Consejero Comisionado de Paz aceptó “de buena fe” la lista de los 29 integrantes y solicitó a la Fiscalía el cese de las órdenes de captura para facilitar su traslado a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), previstas para la continuación de las negociaciones de paz desde el 25 de junio.

No obstante, la Fiscalía, mediante la Resolución No. 0-142 de 2026, rechazó la solicitud. Argumentó que únicamente considerará medidas de seguridad jurídica para los acusados cuando disponga de información verificable sobre el cumplimiento de los requisitos legales y el avance real del proceso de paz.

Otty Patiño respondió a través de un comunicado, en el que expresó su desacuerdo con la decisión de la Fiscalía y recordó que la suspensión de órdenes de captura debe basarse en lo establecido por la Ley 2272 de 2022 y no en la valoración individual de la fiscal.

Al concluir el diálogo, se acordó mantener las órdenes de captura. La fiscal explicó que aún no existen garantías suficientes para modificar la medida, y que se requiere información precisa sobre el desarme, entrega de menores, ubicación de desaparecidos, cese de hostilidades y desmantelamiento de estructuras financieras.

“La suspensión temporal de órdenes de captura y la puesta en funcionamiento de Zonas de Ubicación Temporal, no interrumpen el ejercicio de la acción penal ni afectan las competencias constitucionales y legales de investigación, acusación y juzgamiento”, precisó la Fiscalía.