Petro calificó hallazgo en La Escombrera como crimen de lesa humanidad y señaló presunta alianza entre paramilitares y Estado durante la “seguridad democrática”

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó el 19 de mayo de 2026 a sus familiares los restos del séptimo cuerpo de una víctima de desaparición forzada hallada en el predio conocido como La Escombrera, en la comuna 13 de Medellín, tras un proceso de intervención forense que ha sido considerado uno de los más complejos del país.

La víctima, un hombre joven y padre de una niña de un año, habría desaparecido en septiembre de 2002, en medio de la escalada de violencia urbana y operaciones armadas atribuidas a estructuras paramilitares y su presunta articulación con agentes estatales.

El hallazgo se realiza en las labores de búsqueda adelantadas desde 2022 por la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) y equipos técnicos forenses, en un terreno de alta complejidad geológica y simbólica que ha sido señalado durante años como posible fosa clandestina del conflicto armado en Medellín.

La reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, llegó tras el hallazgo de nuevos restos en La Escombrera y la entrega del séptimo cuerpo de una víctima de desaparición forzada en Medellín.

En su publicación en redes sociales, el mandatario sostuvo que el descubrimiento de los siete cuerpos en este sector de la Comuna 13 constituye un hecho de extrema gravedad y lo enmarca dentro de lo que calificó como un crimen de lesa humanidad asociado a decisiones estatales de comienzos de los años 2000.

Petro afirmó que en ese periodo se habría configurado una alianza entre estructuras ilegales y sectores del Estado, mencionando específicamente al narcoparamilitarismo vinculado a alias Don Berna, con el objetivo de perseguir y exterminar a jóvenes señalados o estigmatizados en la zona.

En su mensaje, el presidente cuestionó directamente al gobierno de la época y planteó interrogantes sobre las órdenes impartidas, así como sobre las responsabilidades políticas e institucionales en los hechos.

El jefe de Estado también dirigió críticas a la actual administración local de Medellín, al preguntar si persisten o se avalan estrategias de seguridad del pasado, en referencia a la llamada “seguridad democrática”.

En su mensaje, Petro rechazó esa política al señalar que, con el paso del tiempo, ha sido interpretada como un modelo de seguridad asociado a prácticas ilegales y violaciones de derechos humanos, cuyas consecuencias —según dijo— siguen reflejándose en la violencia en distintas regiones de Antioquia.

Finalmente, el mandatario contrastó ese panorama con la política de paz del actual gobierno nacional, asegurando que esta ha contribuido a una reducción significativa de los niveles de violencia en Medellín, en el marco de los esfuerzos de pacificación y transformación del conflicto armado en el país.

Las declaraciones de Petro reabren el debate político sobre los hechos ocurridos en la Comuna 13, especialmente durante el periodo 2002-2003, cuando se desarrollaron operaciones militares de alto impacto como Orión y Mariscal.

En ese contexto, distintos informes de organizaciones de derechos humanos y del Grupo de Memoria Histórica han documentado denuncias de desapariciones forzadas, desplazamientos y presuntas alianzas entre estructuras paramilitares y miembros de la fuerza pública.

La Comuna 13 fue uno de los principales escenarios de confrontación urbana entre guerrillas, paramilitares y el Estado en Medellín.

La intervención en La Escombrera ha implicado la remoción de más de 41.000 metros cúbicos de material, en un terreno que supera los 15 metros de profundidad y que fue utilizado durante décadas como zona de disposición de escombros.

Según informes técnicos de Medicina Legal y la Ubpd, el área priorizada para búsqueda forense abarca más de 6.000 metros cuadrados, aunque la complejidad del subsuelo ha dificultado la identificación de restos humanos.

En el proceso han sido recuperados fragmentos óseos que han permitido confirmar la existencia de víctimas, aunque la identificación plena ha requerido análisis especializados.

De acuerdo con el Registro Nacional de Desaparecidos, en Colombia hay más de 124.000 personas reportadas como desaparecidas, con una concentración significativa en Antioquia y específicamente en Medellín.

La Comuna 13 registra varios cientos de casos asociados al periodo de mayor intensidad del conflicto urbano. Organizaciones de víctimas han sostenido durante años que La Escombrera podría contener una de las mayores fosas clandestinas del país, hipótesis que ha sido objeto de investigación judicial y forense.