
El registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, puso el foco en los riesgos de seguridad informática que implicaría divulgar el código fuente de los sistemas electorales.
Según el funcionario, revelar esa información facilitaría el trabajo de quienes busquen vulnerar los programas de la Registraduría. “La entrega del código fuente genera un grave riesgo para el proceso electoral colombiano”, advirtió Penagos en diálogo con La FM.
El código fuente de los sistemas electorales, explicó Penagos, constituye “la arquitectura y las líneas de programación” de los módulos de preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados. “Quien tenga acceso a esos datos podría buscar mecanismos para alterar los sistemas en futuras elecciones”.
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Distintos equipos de observación internacional y técnicos han coincidido, según el registrador, en que esos datos no deberían entregarse libremente.
Penagos enfatizó que el sistema colombiano “es eminentemente manual”. Los resultados oficiales dependen de las actas físicas que completan los jurados de votación, no del software secundario de preconteo y transmisión.

El debate sobre la entrega del código fuente se reavivó luego de que la Registraduría confirmara la exposición pública del software electoral durante dos semanas en sus salas de auditoría. Auditores de partidos, autoridades y observadores pudieron revisar “el 100% del sistema”, aseguró Penagos, con el fin de verificar que su funcionamiento fuera “absolutamente fiable”.
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El software electoral ha sido sometido a auditorías nacionales e internacionales, incluyendo revisión línea por línea a cargo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel). Según el registrador, “no hay autoridad electoral en Latinoamérica” con un esquema de control tan exhaustivo. El informe sobre las recientes elecciones al Congreso concluyó que los sistemas eran fiables, recordó.
Acceso y protección del código fuente
Penagos también precisó al medio de comunicación que el código fuente “solo está en poder del equipo técnico de la Registraduría”. El día de la elección, ese material queda bajo custodia de la Procuraduría General de la Nación, responsable de garantizar los derechos políticos. “Nadie más puede andar con ese software de un lado para el otro”, enfatizó el registrador.
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En jornadas electorales recientes, la Registraduría enfrentó más de tres millones de intentos de ataques cibernéticos y más de 40 casos de suplantación de su página web. Para evitar riesgos, la próxima semana el código fuente será “congelado” con una clave de verificación que permitirá certificar su integridad antes de la votación.

Durante el proceso electoral colombiano, el sistema informático cumple funciones de apoyo, pero no reemplaza el conteo manual de los votos. El software facilita el preconteo y la divulgación de datos, pero los resultados oficiales dependen exclusivamente de las actas físicas firmadas por los jurados.
La Registraduría implementó un plan general de auditoría que incluye simulacros de preconteo, escrutinio y digitalización con la presencia de organizaciones políticas y observadores nacionales e internacionales. Penagos sostuvo que la revisión internacional inspecciona “una a una” las líneas de programación del software.
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El funcionario reiteró que, aunque existen inquietudes sobre posibles riesgos informáticos, “cualquier alteración informática no podría modificar las actas físicas diligenciadas por los jurados de votación”.
El sistema electoral colombiano está diseñado para que la manipulación del software no pueda alterar los resultados plasmados en papel. Todas las etapas de conteo y verificación involucran controles cruzados y la presencia de veedores de distintos partidos.

Riesgos identificados y medidas de seguridad
El registrador subrayó que los principales riesgos para la legitimidad de la elección no provienen del software, sino de amenazas como la compra de votos, la coacción y la financiación ilegal. “Los verdaderos riesgos del proceso electoral están asociados a esas prácticas”, sentenció Penagos.
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La presencia de grupos armados ilegales en varias regiones del país constituye otro factor de preocupación. Penagos explicó que ha mantenido conversaciones con el Ministerio de Defensa para asegurar el traslado del material electoral y la protección operativa en las zonas más vulnerables.
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