
Un convenio firmado entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la plataforma Activos por Colombia generó controversia luego de que se conociera el valor y la vinculación política del contratista a favor de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.
El contrato al que accedió Semana despertó cuestionamientos porque Abraham Antonio Katime Orcasita, gerente general de Activos por Colombia, lidera la plataforma contratada por la SAE para comercializar inmuebles incautados y, al mismo tiempo, promueve públicamente la campaña electoral de Iván Cepeda. El escándalo tomó fuerza debido al cruce de intereses entre responsabilidades administrativas y sus actividades políticas en espacios con líderes del gobierno y del Pacto Histórico.
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Abraham Katime y su activismo político en el Pacto Histórico
Abraham Katime Orcasita firmó el contrato con la entidad como gerente de Activos por Colombia y fue visto en múltiples actividades de proselitismo político en la costa Caribe, utilizando símbolos y camisetas del Pacto Histórico y de Iván Cepeda. El movimiento Con Autonomía y Sin Permiso respaldó esta labor, mostrando la cercanía de Katime con líderes del oficialismo, incluido el presidente Gustavo Petro.

Katime ha resaltado su apoyo a la campaña de Cepeda, mientras mantiene el liderazgo en la gestión de bienes incautados para la SAE. Su participación en eventos públicos y redes sociales ocurre en paralelo al aumento de su influencia dentro de la plataforma, lo que generó “ruidos internos” respecto a la transparencia y la imparcialidad en la administración de los activos, documentó la revista.
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Katime aseguró: “Activos por Colombia es una sociedad de la propia SAE con más de 37 años de existencia [...] para acelerar los procesos de comercialización y acercar a los clientes e inversionistas al portafolio de activos inmobiliarios”, según citan las redes de la SAE.
Polémica por el contrato millonario y cuestionamientos internos en la SAE
El contrato suscrito en 2025 entre la SAE y Activos por Colombia tiene un valor de $16.725.000.000 y una vigencia de un año. Conforme a la matrícula mercantil, la plataforma tiene su sede en Barranquilla, Atlántico y, tras el cambio de razón social en 2025, renovó su operación y alcances.
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Uno de los aspectos debatidos es la comisión establecida: la plataforma recibe un 3% más IVA sobre la venta de inmuebles si no asume los costos de avalúo; un 3,5% si asume esos costos y 8% en el caso de administrar arriendos. El medio ctado confirmó con la SAE que estos ingresos, al ser públicos, son recaudados en su totalidad por la entidad matriz y que Activos por Colombia solo cumple el rol de intermediación operativa.
Algunos funcionarios de la entidad alertaron sobre una posible duplicidad de funciones, ya que las tareas de comercialización y administración de inmuebles serían similares a las que tradicionalmente ejecuta la SAE. En su defensa argumentó que lejos de ser un contratista externo, la plataforma actúa como un instrumento institucional “plenamente integrado bajo la supervisión y control de la SAE como entidad matriz”.
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Actualmente, este convenio permite administrar más de 38.000 inmuebles y ha facilitado ventas superiores a $100.000.000.000 mediante subastas, canalizando recursos a más de 40 entidades del Estado.
Controversias por posibles conflictos de interés y acceso a información

El paso de exempleados de Activos por Colombia a la SAE, como es el caso de Juan Carlos Albornoz, ahora jefe de la Oficina de Tecnologías de la sociedad, planteó inquietudes sobre posibles conflictos de interés. La SAE reconoció que Albornoz prestó servicios a Activos por Colombia en inteligencia artificial hasta marzo 2026 y que después fue vinculado a la entidad pública.
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También se señaló el riesgo de acceso privilegiado a información relevante sobre los bienes incautados. Frente a esto, la SAE aseguró que la plataforma “solo accede a información del portafolio expresamente asignado” y que existe “trazabilidad completa” sobre cada acción registrada, negando zonas de opacidad o discrecionalidad en la gestión de datos.
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