Exguerrilleros de las Farc revelaron cómo planearon y ejecutaron el asesinato de un alcalde: “No quería colaborar”

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconstruyó judicialmente dos hechos del conflicto armado en Caldas: el asesinato del alcalde electo de Marulanda, Rigoberto Castaño Tovar, ocurrido en octubre de 2006, y el desplazamiento forzado del profesor Carlos Augusto Molina Granada en marzo de 2007.

En una audiencia en Manizales, los comparecientes admitieron colaboración o participación con el Frente 47 de la extinta Farc-EP, grupo armado ilegal, y señalaron las profundas consecuencias de estos sucesos en las comunidades. Los procesos judiciales continuarán el viernes 15 de mayo, según expuso la JEP.

En el caso del asesinato de Rigoberto Castaño Tovar, la sesión judicial examinó las condenas previas de Jhon Elmer Patiño Osorio, Raúl Patiño Molina, Fermín Antonio Cano Cardona y Jainiver Restrepo Osorio por su participación directa o colaborativa en el homicidio.

Fermín Antonio Cano Cardona relató que su vínculo con el Frente 47 comenzó a los 16 años y que recibió la orden de participación en el asesinato del alcalde por supuesta negativa de este a colaborar económicamente con el grupo.

Cano Cardona dijo que el día señalado no ejecutó el crimen porque la víctima logró evadir el punto de emboscada, lo que desembocó en una investigación interna por desobediencia. Finalmente fue condenado como cómplice y expresó: “Hoy reflexiono sobre el daño causado a la población civil y espero que las víctimas puedan perdonarme”. Este pronunciamiento quedó registrado en la diligencia, según la narración oficial de la JEP.

Nueve exintegrantes de las Farc enfrentan acusaciones relacionadas con estos delitos. La audiencia se realiza entre jueves y viernes, con la participación de magistrados, víctimas y testigos que presentan sus relatos de lo ocurrido.

Víctimas y crímenes atribuidos al Frente 47 de las Farc

El homicidio de Rigoberto Castaño Tovar, quien entonces era alcalde de Marulanda, sucedió el 14 de octubre de 2006 cuando fue interceptado por un grupo armado en la ruta a Manizales y obligado a descender del vehículo antes de ser asesinado con fusil.

Este hecho es uno de los más representativos dentro de la audiencia.

Carlos Augusto Molina Granada fue víctima de desplazamiento forzado. Pedro Julio Quiceno Morales permanece desaparecido tras los episodios de violencia. Gustavo Aristizábal Rendón fue asesinado, lo que obligó a su familia a abandonar su hogar para buscar seguridad.

Las historias presentadas reflejan la dimensión del conflicto y evidencian cómo el Frente 47 actuó en Caldas. Estas víctimas forman parte de un grupo más amplio afectado por hechos similares en la región.

Testimonios, contradicciones y la visión de la JEP

Durante la sesión, Hernán Gutiérrez Villada, alias Gadafi, participó como testigo en modalidad virtual. Señaló que los enfrentamientos entre las Farc, el Ejército y las Autodefensas Unidas de Colombia llevaron al desplazamiento forzado de comunidades, causando graves consecuencias para la población civil.

Alias Gadafi sostuvo que la competencia armada por el control territorial provocó la huida de numerosos habitantes. Destacó que la violencia de los grupos armados ocasionó daños considerables tanto sociales como personales.

Por su parte, Rubén Darío Ortiz, conocido como alias Moncholo, atribuyó los desplazamientos a “daños colaterales”. Esta visión fue rechazada por la magistrada Diana María Vega Laguna, quien afirmó que las acciones habían sido colectivas y que los exguerrilleros estaban obligados a cumplir las normas del Derecho Internacional Humanitario.

El tribunal remarcó la responsabilidad de los implicados, recordando la prohibición de causar daño intencionado a la población civil. Este contraste en las versiones evidenció tensiones entre los testimonios y la perspectiva jurídica sobre lo sucedido.

Alcance de las investigaciones y composición del tribunal

La sala a cargo de la diligencia estuvo encabezada por el magistrado Pedro Elías Díaz Romero, junto a las magistradas Vega Laguna y Laura Andrea Ordóñez Montoya. Este equipo vigila el desarrollo del proceso y garantiza la búsqueda de la verdad con imparcialidad.

La JEP mantiene activas investigaciones sobre 1.083 secuestros, 405 desplazamientos y 324 homicidios relacionados con el conflicto armado en Caldas. Estos datos muestran la magnitud de los delitos bajo revisión en el departamento, que forman parte de una problemática mucho más amplia en el país.

Cada testimonio obtenido contribuye a reconstruir la memoria de los hechos y abre nuevas vías para la reparación integral de las víctimas. El procedimiento reafirma la importancia de reconocer y asumir las responsabilidades históricas y legales frente a los crímenes cometidos.

El desarrollo de estas audiencias representa un paso decisivo hacia la justicia y el fortalecimiento de la convivencia en la región, en memoria de quienes padecieron la violencia.