Tribunal de Cundinamarca respaldó al Consejo de Estado tras las críticas de Petro y pidió que los fallos se controviertan “únicamente” por vías legales

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca expresó públicamente su respaldo y solidaridad al Consejo de Estado tras las críticas formuladas por el presidente Gustavo Petro y miembros del Gobierno nacional contra la decisión que suspendió provisionalmente el traslado de recursos de los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.

A través de un comunicado firmado por la magistrada Patricia Salamanca Gallo, presidenta de la corporación, el tribunal señaló que comparte la preocupación manifestada por el Consejo de Estado frente a los señalamientos realizados desde distintos escenarios públicos sobre decisiones adoptadas por jueces en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales.

El documento sostiene que “las decisiones de los jueces deben ser respetadas y controvertidas únicamente a través de los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico, dentro de un marco de respeto por la autonomía judicial”, en referencia a las críticas que se conocieron tras el fallo relacionado con el sistema pensional.

Además, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca indicó que el control judicial sobre los actos del poder público constituye una garantía esencial del Estado de Derecho y un mecanismo legítimo dentro del equilibrio de poderes establecido por la Constitución.

Llamado al respeto institucional y a la “mesura”

En el comunicado, el tribunal también hizo un llamado directo a las autoridades administrativas para que sus intervenciones públicas se desarrollen con “mesura, responsabilidad y respeto por las instituciones democráticas”.

La corporación advirtió que el lenguaje utilizado desde espacios de poder puede influir en la confianza ciudadana hacia las instituciones y afectar la convivencia democrática. En ese sentido, señaló que las expresiones públicas también pueden “profundizar la polarización y propiciar escenarios de intolerancia y violencia”.

“Resulta indispensable preservar un debate público respetuoso, sereno y constructivo, que fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones y el compromiso común con una sociedad pacífica y democrática”, expresó el tribunal en el pronunciamiento oficial.

El respaldo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se suma al comunicado emitido previamente por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que rechazó los señalamientos del presidente Petro contra el Consejo de Estado y reiteró la importancia de respetar la separación de poderes en Colombia.

Según el documento divulgado el 11 de mayo de 2026, la Comisión Interinstitucional recordó que el artículo 113 de la Constitución Política establece la división de poderes y la autonomía de las ramas del Estado como uno de los pilares de la estructura institucional del país.

La Rama Judicial manifestó que todas las autoridades públicas, especialmente quienes ocupan las más altas dignidades del Estado, están obligadas a respetar ese principio constitucional. En el texto se indicó que “el respeto por la separación de poderes constituye un deber ineludible de todas las autoridades públicas”.

Las críticas de Petro a la justicia

La controversia se originó luego de que el presidente Gustavo Petro reaccionara públicamente contra la decisión del Consejo de Estado. A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que la decisión afectaba directamente los derechos de los trabajadores y cuestionó la legitimidad del alto tribunal para suspender medidas relacionadas con el sistema pensional.

“El Consejo de Estado acaba con el derecho a la pensión y eso no debe ser permitido por el pueblo trabajador”, escribió el jefe de Estado.

Posteriormente, Petro calificó la decisión judicial como “inconstitucional” y afirmó que representaría “un golpe de estado contra el pueblo constituyente y soberano”. Además, pidió la intervención de la Corte Constitucional para revisar el caso y defender, según dijo, los derechos sociales de los trabajadores.

En otro de sus pronunciamientos, el mandatario también señaló que el Consejo de Estado no podía “pretender, por salvar los dos banqueros dominantes de este país, que se estafe al pueblo trabajador”.

Las declaraciones del presidente fueron respaldadas parcialmente por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien también cuestionó públicamente la suspensión del traslado de recursos pensionales y promovió mecanismos judiciales para que los afiliados reclamaran el traslado de sus ahorros.

Frente a los cuestionamientos del Ejecutivo, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial defendió las competencias constitucionales del Consejo de Estado y recordó que la existencia y legitimidad de esa corporación derivan directamente de la Constitución Política.

El pronunciamiento explicó que el artículo 238 de la Constitución faculta a las altas cortes para suspender provisionalmente actos administrativos expedidos por autoridades públicas, incluidos aquellos emitidos por el Gobierno nacional. “La existencia, competencias y legitimidad del Consejo de Estado tienen origen directo en la Constitución y responden a la voluntad soberana del constituyente”, señaló la Rama Judicial en su comunicado.