Congresista denunció que en zonas de Antioquia hay “bandidos” que prohibieron hacer política: una de las afectadas es Paloma Valencia

Desde la plenaria de la Cámara de Representantes surgió una denuncia que volvió a poner sobre la mesa las condiciones de seguridad en zonas de Antioquia para la actividad política. El congresista Juan Espinal, del Centro Democrático, afirmó que en algunos territorios habría presiones de estructuras delincuenciales contra el ejercicio de campaña de sectores de oposición.

El legislador expuso su señalamiento durante una constancia ante la corporación, donde insistió en que hechos reportados desde Medellín y otros municipios del departamento afectarían la difusión de propaganda electoral. En su intervención, ubicó el foco en la campaña de la aspirante presidencial Paloma Valencia, de su mismo partido político.

Según lo expresado por Espinal, en la Comuna 4 de Medellín, Aranjuez, existiría una restricción impuesta por los llamados “combos”, que son organizaciones criminales de alta jerarquía, con control territorial fuerte, que ejercen dominio sobre los barrios, que impediría la instalación de material político en favor de esa candidatura.

El señalamiento de Juan Espinal también incluyó un llamado a varias entidades del Estado, por lo que pidió atención sobre lo que describió como riesgos para la oposición y exigió garantías para el desarrollo de las campañas en el territorio antioqueño.

Denuncias sobre seguridad electoral en Antioquia

“Nosotros, como oposición, estamos altamente amenazados y vulnerables. La semana pasada asesinaron en el Valle del Cauca a nuestra concejal, asesinaron a Miguel Uribe Turbay, asesinaron meses atrás a nuestro líder juvenil en el Urabá antioqueño”, dijo el congresista debido a los golpes políticos, armados y demás, que desde los sectores que no están del lado del Gobierno nacional reciben.

En su planteamiento, Juan Espinal conectó esos hechos con la necesidad de intervención de distintas autoridades del Estado. Mencionó al Gobierno nacional, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Misión de Observación Electoral (MOE), la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio del Interior, que está en cabeza de Armando Benedetti, a quienes pidió revisión de garantías para la actividad política.

El congresista sostuvo que la situación impacta de forma directa la campaña presidencial de la aspirante cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez en la capital antioqueña, por lo que con un tono firme desde el Salón Elíptico denunció que: “Tuve conocimiento, que me cuenta la comunidad de Medellín, que en la comuna cuatro los ‘combos’ no están permitiendo que la ciudadanía instale propaganda electoral de la campaña de Paloma Valencia".

Riesgos para la actividad proselitista en regiones del país

El congresista también extendió su señalamiento hacia el suroeste antioqueño. En el municipio de Salgar, indicó que existirían restricciones similares contra actividades de proselitismo en favor de la misma aspiración presidencial, lo que, según su versión, limitaría la presencia de líderes políticos en la zona.

“Los bandidos en el municipio de Salgar, Antioquia, no están permitiendo que la ciudadanía y que nuestros líderes políticos realicen proselitismo político a favor de Paloma Valencia”, reiteró el legislador en su intervención.

El cierre de la intervención se concentró en un reclamo directo al Gobierno de Gustavo Petro y a las entidades encargadas de la seguridad y la organización electoral, por lo que Juan Espinal insistió en la necesidad de protección para todos los aspirantes: “Esto no le puede pasar a ningún candidato, ni a Paloma ni a ningún candidato. Le exigimos al gobierno Petro garantías para todos los candidatos a la presidencia de la República”.

Los llamados “combos” corresponden a estructuras del crimen organizado integradas por grupos de entre 20 y 30 jóvenes; de acuerdo con las denuncias, ellos controlan economías ilegales como el microtráfico, la extorsión y el hurto. En distintos sectores ejercen control social y reemplazan funciones propias del Estado.

Según la denuncia, estas redes aparecen como responsables de impedir la realización de actividades de campaña en algunos puntos de la ciudad. En ese escenario, se les atribuye la restricción de la instalación de propaganda política y la limitación de acciones de proselitismo.