Caso Lili Pink: envían a detención intramural a Walter Martínez, el primer detenido en el proceso por supuesto contrabando a gran escala

La captura del abogado Walter Francisco Martínez Martínez marcó el primer gran avance judicial en el escándalo de presunto contrabando y lavado de activos relacionado con la cadena de ropa femenina Lili Pink.

Una jueza de control de garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el procesado, señalado por la Fiscalía General de la Nación como una pieza clave dentro de una red que habría lavado más de 730.000 millones de pesos mediante operaciones fraudulentas vinculadas al comercio textil.

La investigación, considerada una de las más grandes en los últimos años contra estructuras de contrabando en Colombia, apunta a un entramado conformado por empresas importadoras, comercializadoras y sociedades fachada utilizadas para ingresar mercancía ilegal al país y darle apariencia de legalidad dentro del mercado nacional.

Según la Fiscalía, la organización habría operado durante más de una década utilizando mecanismos contables y financieros diseñados para ocultar el origen ilícito de los recursos.

Entre los productos ingresados irregularmente aparecen prendas de vestir, juguetes y cosméticos que posteriormente eran distribuidos en diferentes puntos de venta del país.

Las autoridades señalaron que la red utilizó al menos siete empresas de papel para fragmentar transacciones y dificultar la trazabilidad del dinero.

Durante la audiencia de imputación, la fiscal del caso aseguró que la estructura “orientó sus acciones a disimular el control aduanero, simular relaciones comerciales y facilitar la incorporación del dinero al sistema económico formal”.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) logró decomisar mercancía avaluada en más de 54.000 millones de pesos durante los operativos relacionados con el caso.

Para los investigadores, este hallazgo demuestra la dimensión económica de las operaciones ilícitas que presuntamente impulsaron el crecimiento acelerado de la marca en Colombia desde 2014.

Martínez Martínez fue identificado como representante legal de varias de las empresas utilizadas dentro del esquema. De acuerdo con los documentos judiciales, el abogado habría participado en la falsificación de facturas y registros contables para aparentar legalidad en las operaciones comerciales.

Uno de los elementos que más llamó la atención de las autoridades ocurrió apenas dos días antes de su captura. El abogado ingresó al registro de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) con el propósito de acreditarse como potencial administrador de bienes intervenidos por el Estado, un movimiento que quedó registrado dentro del seguimiento realizado por los investigadores.

Tras su detención el pasado 4 de mayo, Martínez fue trasladado a una clínica en Barranquilla debido a complicaciones de salud. Desde ese centro médico participó virtualmente en las audiencias judiciales durante cerca de dos semanas.

Aunque la jueza ordenó su reclusión en establecimiento carcelario, el procesado permanecerá bajo detención hospitalaria hasta recibir el alta médica y posteriormente será entregado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La Fiscalía también reveló que el entramado ilegal habría generado un enriquecimiento ilícito superior a los 430.000 millones de pesos y operaciones de contrabando que superarían los 75.000 millones.

Dentro del expediente aparece la creación de Moda Mundo Importaciones S.A.S., constituida en octubre de 2018 por Martínez Martínez como único socio y representante legal.

La compañía inicialmente registró sede en Barranquilla y posteriormente trasladó su domicilio a San Juan del Cesar, en La Guajira. Sin embargo, cuando las autoridades verificaron la dirección consignada en el Registro Único Tributario, encontraron que correspondía a un lote baldío.

Las investigaciones también dejaron al descubierto que varias personas registradas como representantes legales de empresas vinculadas al esquema en realidad desempeñaban labores operativas ajenas a la administración empresarial, como conductores, auxiliares y tesoreros.

El abogado, quien posee tarjeta profesional desde 2003, ya había tenido vínculos previos con sociedades intervenidas por las autoridades. En 2012 actuó como apoderado de Tierra Santa S.A.S., empresa relacionada con el mismo grupo empresarial y cuyos propietarios fueron capturados junto a otras 19 personas. No obstante, en ese momento Martínez no fue procesado penalmente.

Ahora enfrenta imputaciones por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. Durante las audiencias no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

La captura de Martínez representa apenas el inicio del proceso judicial. Las autoridades anticiparon que en los próximos días podrían ejecutarse al menos seis detenciones adicionales contra otros presuntos integrantes de la red.