
El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió públicamente al magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, luego de que este alertara sobre riesgos de seguridad y garantías para el desarrollo de las elecciones presidenciales de 2026.
A través de una publicación en su cuenta de X, Benedetti rechazó las afirmaciones del magistrado y aseguró que desde el Gobierno nacional se han adelantado acciones institucionales para garantizar el proceso electoral. “Lo que el magistrado Álvaro Hernán Prada dice es MENTIRA. Y es mentira porque el CORMPE ha brindado garantías de seguridad como nunca antes en el país”, escribió el ministro.
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En el mismo mensaje, Benedetti sostuvo que Prada ha sido convocado a las diferentes instancias de seguimiento electoral. “Además, el magistrado Prada ha sido invitado a TODAS las comisiones de garantías electorales, incluida la de ayer a la que fueron cinco magistrados del CNE en Manizales. Si usted no asiste pues no va a tener información actualizada y veraz de cómo va el proceso electoral y las garantías que el Gobierno ha brindado como nunca antes”, afirmó.
El ministro también indicó que la carta enviada por el magistrado ya había sido respondida oficialmente desde el 8 de mayo y señaló que la convocatoria inicial había sido remitida el 5 de mayo. “Su declaración parece más un show de mala leche que una preocupación real sobre el proceso electoral”, agregó Benedetti en su pronunciamiento.
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La respuesta del jefe de la cartera política estuvo acompañada por un documento del Ministerio del Interior dirigido al magistrado Prada, en el que se explica el funcionamiento de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, creada mediante el Decreto 0800 de 2025.

Ministerio del Interior defendió funcionamiento de la comisión electoral
En el oficio conocido públicamente, el Ministerio del Interior señaló que el espacio institucional encargado de coordinar las acciones relacionadas con la prevención de riesgos electorales es la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Según el documento firmado por Benedetti, en esa instancia “se socializan las medidas adoptadas por las diferentes entidades competentes, se evalúan los factores de riesgo advertidos para el proceso electoral y se coordinan las acciones preventivas y de garantía para los distintos actores electorales”.
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El ministerio también precisó que los reportes mencionados por el despacho del magistrado “ya han venido siendo analizados” dentro de dichas reuniones. Asimismo, recordó que la comisión había sido convocada para el 13 de mayo de 2026 en la ciudad de Manizales y que el Consejo Nacional Electoral había recibido la invitación oficial desde el 5 de mayo.
Sin embargo, la controversia se originó tras una carta enviada por el magistrado Álvaro Hernán Prada al ministro el 6 de mayo, en la que el integrante del CNE advirtió sobre riesgos de orden público que, según expresó, podrían afectar la legitimidad de las elecciones presidenciales.
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Prada manifestó que la presencia y accionar de grupos armados ilegales y organizaciones criminales representan amenazas para candidatos, líderes políticos y votantes. “Las alteraciones al orden público, particularmente derivadas de la presencia y accionar de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, configuran escenarios de coacción y amenaza sobre la voluntad popular”, indicó en el documento.
El magistrado agregó que esas circunstancias “comprometen no solo la participación de los electores, sino también la seguridad de candidatos, líderes y organizaciones políticas, poniendo en riesgo la legitimidad misma del proceso democrático”.
Magistrado del CNE citó cifras de la MOE y de la Defensoría

En su comunicación, Prada incluyó cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE), según las cuales 185 municipios del país se encuentran actualmente en riesgo, de los cuales 94 presentan riesgo extremo. El magistrado aseguró que esto representa un aumento superior al 29% frente al año 2022.
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Además, citó información del Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral de la Defensoría del Pueblo, en el que se reportaron 457 casos de amenazas de muerte contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos en medio del contexto preelectoral.
De acuerdo con el documento, las afectaciones más graves se registraron en departamentos como Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena. “Lo anterior demuestra que la preocupación por la situación actual de orden público no se trata de meras apreciaciones ni de titulares de prensa, sino que está respaldada por investigaciones serias y documentadas”, expresó Prada en la carta.
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El magistrado también cuestionó la inexistencia de un cronograma para las sesiones de los Comités de Garantías Electorales y afirmó que esos espacios son necesarios para que partidos y movimientos políticos puedan presentar formalmente denuncias y situaciones de riesgo.
“Es indispensable reiterar que la existencia de condiciones efectivas de seguridad constituye un presupuesto ineludible para la vigencia de la democracia”, advirtió el funcionario del CNE.
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