Procuraduría le dio ‘espaldarazo’ a la emergencia económica de Petro, pero exigió retirar algunas medidas: envió concepto a la Corte Constitucional

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar inválidos algunos apartados del decreto de emergencia económica promulgado por el gobierno de Gustavo Petro tras las intensas lluvias que afectaron a varios departamentos a comienzos de 2026.

Sin embargo, el concepto remitido por la Procuraduría y revelado por Blu Radio respalda la legalidad general de la declaratoria, aunque cuestiona la inclusión de medidas sobre energía y acceso a tierras.

Entre los argumentos principales, la Procuraduría reconoció que la magnitud de las inundaciones y el impacto del fenómeno climático justificaron el uso de herramientas excepcionales para afrontar una crisis calificada como extraordinaria y grave.

Según el informe remitido a la Corte, “los hechos relacionados con las lluvias excepcionales propias del frente frío de principio de año, así como las múltiples inundaciones registradas, causaron efectos graves e inminentes en el orden económico, social y ecológico de los territorios objeto de la declaratoria”.

La Procuraduría consideró, en consecuencia, que el Ejecutivo cumplió con los protocolos legales, incluyendo la notificación oportuna a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU), como exige la jurisprudencia para estos casos.

Objeciones a medidas sobre energía y tierras

En contraste con su aval general, el Ministerio Público advirtió que el decreto incluyó temas que no guardan relación directa con la emergencia invernal, como la polémica medida que reavivó las llamadas expropiaciones exprés, que daba facultades a la Agencia Nacional de Tierras de quitar terrenos a propietarios para reubicar a los damnificados por las lluvias.

“El Ejecutivo no demostró de qué manera las problemáticas históricas relacionadas con la tenencia de la tierra en Colombia requieren una atención inmediata para enfrentar la emergencia derivada de los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos entre enero y febrero de 2026”, señala el documento revelado por Blu Radio.

El documento advirtió que, aunque el Gobierno argumentó que la ocupación indebida de bienes de uso público altera los cauces de los cuerpos de agua, no logró identificar ni caracterizar los predios ocupados ilegalmente que incidieron en el desastre natural.

La Procuraduría solicitó específicamente que la Corte declare inválidos los apartados del decreto relativos a las afectaciones al Mercado de Energía Mayorista y las problemáticas estructurales del sistema eléctrico y de acceso a la tierra.

Para el Ministerio Público, estos temas exceden el marco de la crisis invernal y no fueron justificados como urgentes en el contexto de la emergencia.

El concepto del procurador general, Gregorio Eljach, será uno de los insumos clave para que el magistrado Miguel Efraín Polo prepare la ponencia sobre la constitucionalidad del decreto, la cual será debatida en sala plena de la Corte.

En paralelo, la Corte Constitucional ya ha tomado medidas respecto a otros decretos reglamentarios surgidos tras la emergencia, como la suspensión provisional del impuesto al patrimonio para entidades sin ánimo de lucro, incluidas universidades y empresas en liquidación.