Fuerzas Militares, Catatumbo, Gobierno y guerrilla del ELN enfrentan una nueva disputa por la veracidad de los reportes tras el bombardeo realizado por las Fuerzas Militares el 10 de mayo en la vereda Langalia, municipio de Tibú, Norte de Santander.
El ataque, parte de la operación contra el fFrente Luis Enrique León Guerra —organización señalada de ser responsable de la seguridad del Comando Central y la Dirección Nacional del ELN—, fue presentado oficialmente como un golpe contundente: según fuentes del Gobierno, murieron al menos siete integrantes del grupo armado.
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La guerrilla rechazó estas cifras y alegó que no perdió combatientes, acusando a la administración de Gustavo Petro de difundir datos falsos.
“Ante la mentira mediática emitida por medios corporativos sobre los bombardeos del 10 de mayo por parte del gobierno de Petro, es necesario aclarar algunos puntos importantes. El último bombardeo realizado por la Fuerza Aérea, divulgado por el general Hugo López, no tuvo impacto, ya que cayó en un área vacía”, afirmó una guerillera del ELN en un video subido a redes sociales.
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La disputa sobre las bajas: autoridades y guerrilla se contradicen
El ataque del 10 de mayo fue realizado en colaboración entre la Fuerza Aérea, el Ejército y la Fiscalía, que reportaron el hallazgo de campamentos, fortificaciones y explosivos para drones y minas antipersonal.

El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, general Hugo López, afirmó en la red social X que “afectó de manera contundente a una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN”. Según las Fuerzas Militares, “el operativo se enmarca en una estrategia amplia contra organizaciones armadas en el noreste del país, particularmente en una de las regiones más conflictivas”.
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La guerrilla denunció supuestos “falsos positivos”, acusando la existencia de encubrimientos y una “alianza” entre fuerzas oficiales y la banda paramilitar Frente 33.
Según el grupo insurgente, las autoridades “presentan asesinatos de civiles como bajas fabricadas en operaciones militares”, una referencia a prácticas denunciadas previamente como “falsos positivos”.
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Respuesta, videos y argumentaciones de la guerrilla del ELN
El ELN difundió un video en el que calificó el bombardeo como fallido y acusó a los mandos castrenses de exagerar el impacto: “Presentamos al pueblo catatumbero un parte de tranquilidad: no se registraron bajas como resultado de este bombardeo. Nuestra fuerza permaneció activa para responder a la agresión y continúa presente en el territorio.”, sostiene el comunicado.
Representantes de la guerrilla afirmaron que “la totalidad de sus combatientes continúa activa”.
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Aseguraron además: “Nuestra fuerza se mantuvo activa para responder a la agresión enemiga y se mantiene sobre el territorio”.
También enviaron un mensaje a la población local: “Denunciamos que esta alianza criminal realiza acciones contra la población civil, ocasiona muertes, destrucción, terror y desplazamiento.”.
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El ELN subrayó que ninguna baja afectó sus filas y que el objetivo de estas afirmaciones oficiales sería legitimar operaciones armadas y orientar la opinión pública.
Acusaciones de alianza y repercusiones sobre la población civil
En su declaración, la guerrilla denunció una supuesta “alianza entre Fuerzas Armadas de Colombia y la banda del Frente 33” en el Catatumbo y atribuyó a esa relación acciones que generan “muerte, destrucción, terror y desplazamiento” entre civiles.
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El ELN acusó a las fuerzas estatales de proteger y refugiar a la banda paramilitar mientras descalificó totalmente las bajas reportadas por las autoridades.
Finalmente, el ELN afirmó que: “En el intento del gobierno Petro por brindar protección y refugio a la banda paramilitar, tras verse frustrado por la acción militar de la guerrilla camilista, se han registrado asesinatos de civiles que las Fuerzas Armadas presentan como supuestas bajas en bombardeos. Esta situación podría representar un nuevo caso de falsos positivos bajo el actual gobierno”.
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El desencuentro en torno al operativo de Catatumbo vuelve a centrar la atención en la transparencia de los reportes militares y la vigilancia de la opinión pública sobre prácticas cuestionadas por diversas organizaciones en Colombia.
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