
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral evaluará una ponencia que plantea la formulación de cargos a Julio César González, conocido como “Matador”, por una posible conducta de violencia política hacia la senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia.
La medida surge a raíz de una serie de publicaciones en redes sociales, realizadas en enero de 2026, en las que se señala la existencia de expresiones consideradas ofensivas y degradantes hacia la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.
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La ponencia elaborada por el magistrado Álvaro Hernán Prada argumenta que las conductas atribuidas a “Matador” podrían constituir una forma de violencia política por razón de género.

De acuerdo con el documento, los mensajes difundidos en la red social X incluyeron comparaciones y comentarios sobre el aspecto físico de la dirigente política, así como expresiones consideradas despectivas.
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Entre las publicaciones analizadas se encuentra un video en el que se compara a Valencia con la escultura de la paloma de la paz de Fernando Botero, acompañada de una frase atribuida al humorista Jaime Garzón y que utiliza un juego de palabras con el apellido de la candidata.
En el expediente se detalla que el contenido publicado por “Matador” no abordó temas programáticos ni políticos, sino que recurrió a referencias sobre el físico y el peso de la candidata.
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En uno de los trinos, se afirma que “la senadora se come en un desayuno bufete el valor del bono solidario destinado a adultos mayores”, junto a una representación gráfica orientada a la burla y la humillación pública.
Además, se documentó el uso de expresiones como “no se dirige, se digiere”, junto a imágenes comparativas y caricaturas que refuerzan la ridiculización y la deshumanización de la figura de Valencia.
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El documento presentado ante la Sala Plena del CNE señala que la difusión de estos mensajes, provenientes de una figura con amplia presencia en redes sociales y actual candidato al Senado, puede considerarse violencia digital. “El alcance de la publicación ha provocado una ola de comentarios de odio y acoso contra la senadora, exacerbando el daño a su integridad moral y psíquica, y creando un entorno hostil para su ejercicio profesional”, indica el análisis del caso.
La solicitud de apertura de investigación fue presentada por la senadora Lina María Garrido y por el director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, quienes aportaron distintas pruebas, incluyendo capturas de pantalla de mensajes, caricaturas y memes. El documento también hace referencia a que Matador habría reposteado mensajes de terceros en los que se atacaba a Valencia con términos como “marrana”, “gorda”, “bruja racista” y alusiones a “comer de gula”.
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La ponencia subraya que este tipo de publicaciones podrían configurar violencia política por razón de género y que la libertad de expresión, la sátira o el humor político no ampararían mensajes que se enfocan en el aspecto físico y no en las ideas o propuestas de la candidata.
Según el texto, el movimiento Pacto Histórico habría omitido acciones para prevenir, corregir o frenar estas conductas, por lo que también se decidió formular cargos contra la organización y sus representantes legales. Entre los señalados se encuentran Carlos Alberto Benavides Mora, Gabriel Becerra Yáñez, Jaime Caicedo Turriago y María José Pizarro Rodríguez.
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Como parte de las medidas cautelares propuestas, se contempla ordenar a “Matador” la eliminación de aproximadamente 20 publicaciones en las que se refiere a la senadora y exigirle abstenerse de realizar manifestaciones, perturbaciones o conductas que impliquen violencia contra la dirigente política.
El documento agrega: “Se instará a Julio César González a que se abstenga de realizar cualquier actuación, manifestación, perturbación, intimidación, hostigamiento o conducta que implique acción u omisión constitutiva de violencia contra la mujer, así como, abstenerse de realizar manifestaciones que reproduzcan hechos de violencia dirigidos a la señora Paloma Susana Valencia, precandidata a la Presidencia de la República”.
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La ponencia, basada en la Ley 2453 de 2025, que establece medidas para sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres en política, será votada por la Sala Plena del CNE. Según fuentes consultadas, se prevé que la propuesta cuente con la mayoría de votos necesarios para su aprobación.
En caso de ser adoptada, las partes involucradas dispondrán de 15 días para presentar sus descargos dentro del proceso, y de confirmarse las acusaciones, los investigados podrían enfrentar sanciones conforme a la legislación vigente.
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