El Estado colombiano pedirá perdón al pueblo U’wa tras fallo de la Cidh que lo responsabilizó por violar sus derechos: Petro será el encargado

El pueblo indígena U’wa recibirá un reconocimiento público de responsabilidad internacional por parte del Estado colombiano, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este acto, que se llevará a cabo en el municipio de Cubará, Boyacá, responde a décadas de reclamos por la defensa de sus territorios y la protección del nevado del Cocuy que llegó hasta instancias internacionales.

La ceremonia, programada para el 14 de mayo, representa la primera vez que el Estado colombiano ofrece excusas públicas en el marco de un fallo internacional relacionado con una comunidad indígena nacional.

Según información entregada por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), que actúa junto a Earth Rights, la Onic y Asou’wa como representante de víctimas, el evento será liderado por el presidente Gustavo Petro, así como de funcionarios de la Cancillería y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Corte condenó a Colombia tras reconocer la violencia histórica sufrida por los U’wa, quienes han enfrentado tanto a grupos armados como a empresas extractivas en regiones de Boyacá, Arauca, Casanare y los Santanderes. El fallo obliga al país a tomar una serie de medidas, entre ellas, la clarificación de los títulos coloniales y el saneamiento integral del resguardo unido U’wa.

La decisión de la Corte también ordena que el Estado involucre a la comunidad U’wa en la administración y conservación del Parque Nacional El Cocuy, respetando su cosmovisión y su relación espiritual con el territorio. Para los U’wa, el petróleo simboliza “la sangre de la tierra” y su extracción constituye una amenaza directa a su cultura y forma de vida.

Medidas de reparación y participación U’wa

Entre las obligaciones impuestas por el fallo figuran la restitución de los territorios del Resguardo Unido U’wa y del Resguardo Kuita, además de la participación activa de la comunidad en la gestión de las áreas protegidas.

Según indicó la instancia internacional, el Estado debe garantizar la clarificación de los títulos coloniales y asegurar que los U’wa coadministren la zona de traslape con el nevado del Cocuy.

Asimismo, la Corte ordenó que se identifiquen y mitiguen los impactos ambientales causados por proyectos extractivos, como el oleoducto Caño Limón-Coveñas y la planta de gas Gibraltar. Las voladuras del oleoducto, a menudo objeto de ataques armados, han afectado fuentes hídricas y han provocado desplazamientos, según las denuncias de la comunidad.

Earth Rights International, organización que acompaña a los U’wa, advirtió que las medidas de reparación tienen como límite el 2026 y, hasta el momento, ninguna se ha llevado a cago, por lo que esperan que el presidente Gustavo Petro se comprometa durante el acto conmemorativo a adelantar las labores necesarias.

“Hasta la fecha ninguna de estas órdenes ha sido cumplida, a pesar de que el plazo máximo fijado por la Corte IDH finaliza el 20 de diciembre de este año”, señalaron desde la organización.

La entidad insistió en que la reparación debe ir más allá de lo simbólico y que solo cambios estructurales podrán garantizar la protección efectiva de los derechos indígenas.

El conflicto entre el Estado colombiano y el pueblo U’wa se remonta a los años noventa, cuando el Gobierno autorizó exploraciones petroleras en el bloque Samoré, ahora conocido como Gibraltar.

Desde entonces, la comunidad indígena se ha opuesto de manera constante a las actividades extractivas, argumentando que amenazan la integridad de su cultura, el ambiente y su cosmovisión espiritual.

La Corte Interamericana concluyó que Colombia vulneró derechos fundamentales del pueblo U’wa, especialmente en lo relativo a la autonomía territorial, la propiedad colectiva y la participación en decisiones sobre proyectos que afectan sus tierras.

La sentencia marcó un precedente, al ser la primera vez que una comunidad indígena de Colombia logra que su caso sea examinado y fallado en esa instancia internacional como la Cidh.

A pesar de la trascendencia del fallo, hasta la fecha, el único avance visible es la organización del acto público de excusas. El resto de las medidas de reparación, como la restitución territorial y la mitigación de daños ambientales, permanecen pendientes, de acuerdo con los representantes de la comunidad y organizaciones de derechos humanos.