Petro pidió al superintendente financiero que investigue posibles delitos tras fallo del Consejo de Estado que suspendió el traslado pensional

El presidente Gustavo Petro anunció que citó al superintendente Financiero, César Ferrari, para que se inicie una investigación relacionada con la decisión del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 415 de 2026, en medio de la controversia por el traslado de recursos pensionales hacia Colpensiones.

El pronunciamiento del mandatario se produjo después de que la Corporación Excelencia en la Justicia anunciara que solicitará medidas de protección ante organismos internacionales para el magistrado del Consejo de Estado, Juan Enrique Bedoya Escobar, y para la Rama Judicial, tras las declaraciones del jefe de Estado contra la decisión judicial.

A través de su cuenta en X, Petro señaló que el Gobierno actuará conforme a lo que considera establecido por la Constitución y la ley frente a los recursos de los pensionados. “He citado al superintendente financiero, de acuerdo a mis funciones constitucionales para que se inicie la investigación respectiva”, escribió el mandatario.

También afirmó que deben establecerse responsabilidades sobre quienes, según indicó, habrían retenido recursos de los pensionados. “Los intervinientes en el delito de prevaricato que establece que si por decisión de funcionario público escrita se viola con evidencia la ley y quiénes retengan ahorro de los pensionados serán denunciados ante la autoridad competente”, expresó el presidente en la misma publicación.

Pronunciamientos del presidente sobre la decisión judicial

En otro mensaje divulgado en la misma red social, Petro aseguró que como funcionario público tiene la obligación de denunciar posibles conductas delictivas cuando considere que existen elementos para ello. “El delito lo define la autoridad competente pero el presidente como funcionario público tiene la obligación al observar la comisión de un delito de denunciarlo”, indicó.

El mandatario agregó que, en su criterio personal, la decisión judicial que impide el traslado de recursos pensionales podría constituir prevaricato. “En mi convicción personal el magistrado que violenta la ley al impedir el traslado del ahorro pensional de 25.000 recientes pensionadas y pensionados, porque se trasladaron libremente a Colpensiones, comete el delito de prevaricato y los banqueros que impidan el traslado de los ahorros que pertenecen los pensionados cometen delitos financieros”, afirmó.

Posteriormente, el presidente reiteró sus cuestionamientos frente a las actuaciones judiciales relacionadas con el tema pensional y aseguró que el derecho a la pensión debe ser garantizado. “El derecho a la pensión no es un derecho desbordado y los banqueros no tienen ningún derecho a robarse el ahorro de los cotizantes, eso no es un derecho sino un delito”, manifestó.

Además, cuestionó actuaciones previas del Consejo de Estado relacionadas con investigaciones sobre su campaña presidencial. “El consejo de estado ya se equivocó con el jefe del Estado al permitir una investigación inconstitucional contra el presidente por su campaña electoral cuando ya había sido investigada favorablemente en los tiempos que ordena la ley”, escribió.

Solicitud de protección internacional para la Rama Judicial

Tras las primeras declaraciones del mandatario, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) emitió un comunicado en el que rechazó los señalamientos contra el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar y anunció que acudirá ante organismos internacionales para solicitar medidas de protección.

En el documento, la organización expresó su rechazo frente a lo que calificó como descalificaciones contra la función jurisdiccional. “La Corporación Excelencia en la Justicia —CEJ— manifiesta, una vez más, su absoluto rechazo ante las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, en las cuales descalifica la función jurisdiccional y solicita denunciar penalmente por el delito de prevaricato al magistrado del Consejo de Estado, Juan Enrique Bedoya Escobar”, indicó la entidad.

La CEJ señaló que la reacción del Ejecutivo frente a la decisión judicial constituye una afectación a la independencia judicial. “Para esta Corporación, la desproporcionada reacción del Ejecutivo constituye un ataque directo a la autonomía judicial y una preocupante criminalización de las decisiones judiciales”, afirmó el comunicado.

La organización agregó que solicitará medidas de protección especial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Relatoría para la Independencia Judicial de Naciones Unidas. Según explicó, la petición busca proteger tanto al magistrado como a la Rama Judicial frente a las declaraciones emitidas desde el Ejecutivo.

La corporación también respaldó la postura asumida por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y recordó que la Constitución establece la independencia de la administración de justicia. “El desacuerdo con una providencia judicial no otorga licencia al poder Ejecutivo para intimidar a los magistrados con acciones penales ni para calificar sus fallos como actos a favor de intereses particulares”, sostuvo la entidad.

“La justicia no puede ni debe estar para complacer al poder político, pues una de sus funciones fundamentales es, precisamente, evitar sus abusos y garantizar la estabilidad del orden jurídico nacional”, concluyó el comunicado.