
La disputa entre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Dimayor por el caso de presunta colusión en el mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano sumó un nuevo capítulo. En virtud de una tutela interpuesta por la Dimayor solicitando una prueba pericial al ente acusador, la Corte Constitucional ordenó a la autoridad de competencia pronunciarse, dejando sin efecto la sanción millonaria contra los clubes investigados.
La entidad decidió negar ese requerimiento y continuar el proceso sancionatorio que se remonta desde 2021 y que involucra a 17 clubes profesionales, la Dimayor y 20 dirigentes por supuestos acuerdos destinados a controlar el mercado de transferencias de jugadores, una conducta que podría constituir una violación a las normas de libre competencia económica.
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Sin embargo, la orden de la Corte Constitucional ahora está en la mira debido a la posibilidad de un conflicto de intereses. Así lo dio a conocer Noticias Uno, revelando que el responsable de tomar la decisión fue el magistrado Carlos Camargo, quien hasta febrero pasado formaba parte de la comisión arbitral de la Dimayor.
Según denunció Carlos González Puche, presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), Camargo tomó esta determinación a pesar de las pruebas recopiladas por la Superintendencia y sin poner en conocimiento de la Corte su pasado como parte de la comisión arbitral, hecho que configuraría el conflicto de intereses.
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Esta práctica ya ha sido denunciada en el pasado, como un mecanismo utilizado por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en su totalidad, para blindarse cuando se producen investigaciones y sanciones en su contra. Uno de los ejemplos más recodados tuvo lugar años atrás, cuando la misma SIC adelantó una investigación por el caso de reventa de boletería por el que fueron sancionados tanto el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, como el presidente de la Difútbol, Álvaro González Alzate, en hechos ocurridos durante las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. En esa ocasión la SIC interpuso una sanción administrativa, pero ni la Fiscalía ni la Procuraduría tomaron acciones adicionales.
“Participan miembros de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema, en los tribunales de la Federación Colombiana de Fútbol y de sus comisiones. Y evidentemente nosotros consideramos que ahí se generan conflictos de interés”, denunció González Puche en Noticias Uno, sobre esta práctica.
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La decisión del magistrado Camargo se habría tomado sin notificar a los demás togados de la Corte sobre su relación pasada con la Dimayor, hecho que fue igualmente denunciando por la superintendente Cielo Rusinque. “Al invalidar nuestras actuaciones, se pone en riesgo la posibilidad de que caduquen las facultades de la entidad, dejando este caso en un escenario de total impunidad”, manifestó.
Ante este panorama, la SIC presentó una solicitud de nulidad contra la sentencia, esperando un fallo favorable del ente judicial. Por lo pronto, la investigación deberá regresar a etapa probatoria en medio de inquietudes por la posibilidad de un vencimiento de términos favorable a los clubes señalados por prácticas de cartelización de jugadores tanto en la modalidad masculina como en la femenina.
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Los resultados de la investigación de la SIC

La investigación comenzó en noviembre de 2021 tras una denuncia de Acolfutpro ante la SIC, en la que se concluyó que la Dimayor y varios equipos profesionales habrían establecido mecanismos para limitar la posibilidad de que los jugadores negociaran libremente sus contratos o cambiaran de club.
Después de varios años de actuaciones administrativas, la Superintendencia impuso sanciones económicas el 15 de octubre de 2025.
La multa superó los $7.000 millones, aunque otras fuentes oficiales calcularon el monto total por encima de los $8.000 millones. Entre los clubes sancionados se encuentran Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado FC y Atlético FC, así como la propia Dimayor.
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