Paloma Valencia anunció que en su presidencia no fumigarán cultivos ilícitos con glifosato: esta es la alternativa que propone

El debate nacional sobre las políticas para enfrentar los cultivos ilícitos en Colombia sumó un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones de Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático.

Durante una entrevista en la que conversó sobre los enfoques que tiene para su gobierno en caso de llegar a la presidencia, la también senadora expuso sus propuestas para abordar el problema en medio de las actuales limitaciones legales impuestas por la Corte Constitucional a la aspersión aérea.

Valencia considera que la fumigación sigue siendo necesaria en zonas donde la extensión de coca es significativa y el riesgo para los erradicadores es alto.

Además, ante la imposibilidad de usar ciertos químicos como el glifosato, indicó: “Usted puede fumigar con vinagre, Vanessa”, cuando la periodista Vanessa de la Torre le preguntó por opciones frente a las restricciones judiciales.

La senadora señaló que la tecnología moderna permite intervenciones más precisas, mencionando el uso de drones y la existencia de “muchísimos herbicidas que no son el Roundup”. Así, defendió la necesidad de adaptar las estrategias de erradicación según el contexto de cada territorio y el tipo de plantación detectada por las autoridades.

Valencia explicó que en regiones donde predomina el cultivo industrial de coca, la erradicación manual resulta inviable por el riesgo para los equipos encargados.

“Donde usted tiene unas extensiones enormes de coca, plantaciones industriales, usted allá no puede hacer erradicación manual porque le van a matar a los erradicadores. Allá usted fumiga”, señaló la congresista.

Por el contrario, planteó que en áreas donde los cultivos ilícitos están mezclados con productos agrícolas de subsistencia, la erradicación debería ser manual.

La pregunta sobre cómo avanzar en la erradicación de cultivos ilícitos pese a las restricciones legales ha ganado relevancia por el aumento de hectáreas sembradas con coca en Colombia y el debate en torno al uso de glifosato.

En este contexto, Valencia propuso un enfoque múltiple como fortalecer la persecución financiera a las organizaciones ilegales, potenciar la extinción de dominio y mejorar la inteligencia financiera: “Vamos a hacer extinción de dominio de los bienes de los ilegales. Les vamos a perseguir la plata”, aseguró.

Sentencia de la Corte Constitucional que suspende la aspersión con glifosato en Colombia

La Corte Constitucional de Colombia mediante Sentencia T-413/21 dejó sin efecto la resolución que permitía el uso de glifosato para erradicar cultivos ilícitos en el país.

En 2022 el tribunal ordenó al Gobierno nacional que realice una consulta previa con las comunidades que podrían verse afectadas por la aspersión aérea de este herbicida, estableciendo un plazo de un año para cumplir este mandato.

La decisión surgió tras revisar una acción de tutela presentada por organizaciones de derechos humanos y ambientales, quienes argumentaron que la consulta previa, exigida por ley, no se realizó adecuadamente. Las comunidades denunciaron que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) había convocado audiencias virtuales durante la pandemia, pero muchos habitantes de zonas rurales carecen de acceso a internet, lo que impidió su participación efectiva.

Según datos del DANE citados por la Corte, solo el 16,2% de la población en áreas rurales dispersas tiene conexión a internet.

El fallo de la Corte, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, concluyó que la Anla vulneró los derechos de participación de las comunidades étnicas y campesinas afectadas. Por ello, ordenó un nuevo proceso de consulta previa antes de cualquier reanudación de la aspersión con glifosato.

La sentencia afecta la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos en 14 departamentos y 104 municipios, incluyendo regiones como Meta, Guaviare, Putumayo, Cauca, Antioquia y Bolívar. Comunidades del Pacífico Nariñense, Catatumbo y varias zonas del Cauca ya habían solicitado la suspensión del Plan de Manejo Ambiental, denunciando incluso abusos por parte de la fuerza pública.