Fiscalía dijo no a petición del Gobierno de levantar órdenes de captura a miembros del Clan del Golfo y Paloma Valencia arremetió contra Gustavo Petro e Iván Cepeda: “Es una amenaza directa”

La Fiscalía General de la Nación decidió mantener vigentes las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos su máximo cabecilla, alias Chiquito Malo, pese a la solicitud del gobierno del presidente Gustavo Petro de suspender temporalmente estas medidas como parte de los preparativos para una eventual negociación con esta estructura armada.

La fiscal General Luz Adriana Camargo aclaró que cualquier eventual suspensión no será automática ni generalizada, sino que dependerá de una verificación estricta caso por caso sobre identidad, situación judicial y cumplimiento real de compromisos como el cese de hostilidades, la entrega de armas y la desarticulación de economías ilegales.

Una de las voces más críticas ha sido la de la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien cuestionó duramente la estrategia del Gobierno en materia de seguridad y negociación con estructuras criminales.

Valencia advirtió que la decisión de solicitar la suspensión de órdenes de captura contra integrantes de una organización como el Clan del Golfo puede enviar un mensaje de debilidad institucional en un momento especialmente sensible del país.

En sus declaraciones, fue aún más contundente al señalar: “Por fortuna, la Fiscalía no cedió ante la escandalosa solicitud de Gustavo Petro de suspender las órdenes de captura contra 29 criminales del Clan del Golfo -incluido ‘Chiquito Malo’- en plena campaña”, añadiendo que la llamada “paz total” que defienden el presidente Petro y el senador Iván Cepeda representa, a su juicio, “una amenaza directa contra las elecciones”.

La dirigente también cuestionó la falta de pronunciamiento de otros sectores políticos frente a la propuesta, al señalar: “Curioso que el senador Cepeda no se haya opuesto a semejante exabrupto. ¿Por qué será?”

Según la Fiscalía, la medida se analiza en el marco de la propuesta de creación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), previstas para entrar en funcionamiento el 25 de junio de 2026 en regiones como Córdoba y Chocó, bajo coordinación de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y con acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (Mapp-OEA).

Estas zonas funcionarían como espacios transitorios para facilitar la desmovilización, el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento progresivo del grupo armado, pero sin constituir beneficios automáticos ni una suspensión general de la acción judicial.

El ente acusador insistió en que cualquier eventual suspensión de órdenes de captura dependerá de la verificación de compromisos concretos, entre ellos la cesación de actividades criminales, la entrega de menores reclutados, la entrega de armas, la ubicación de personas desaparecidas y la transición de economías ilegales hacia actividades lícitas.

Además, recalcó que las ZUT no representan el fin del proceso, sino una herramienta instrumental sujeta a control estatal permanente.

En el caso de alias Chiquito Malo, la situación es aún más compleja debido a que sobre él existe una solicitud de extradición a Estados Unidos, con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia emitido en diciembre de 2025.

Aunque la decisión final corresponde al presidente de la República, la Fiscalía reiteró que cualquier medida relacionada con su situación jurídica deberá respetar los compromisos internacionales del Estado colombiano.

El listado de los 29 integrantes incluidos en esta primera fase forma parte de una estrategia del Gobierno que podría ampliarse conforme avancen los acercamientos con la estructura armada. Sin embargo, la Fiscalía enfatizó que no habrá decisiones generales ni automáticas, sino evaluaciones individuales y estrictamente verificadas.

Mientras tanto, el debate político continúa creciendo. Desde la oposición, se han intensificado las críticas a la política de “paz total”, especialmente en lo relacionado con posibles beneficios jurídicos para integrantes de organizaciones criminales.

En este escenario, Paloma Valencia ha insistido en que cualquier proceso de negociación debe garantizar plena seguridad jurídica, evitar riesgos de impunidad y reforzar la presencia del Estado en los territorios afectados por la violencia.

El Gobierno, por su parte, sostiene que los mecanismos como las ZUT son necesarios para facilitar la transición de los grupos armados hacia la legalidad, aunque reconoce que su implementación estará sujeta a estrictos controles institucionales y al seguimiento de la comunidad internacional.