Millones de comerciantes y empresas serían sancionadas por la Dian sin tener pruebas debido a nueva medida del Gobierno Petro

El Congreso de la República decidió aplazar el primer debate legislativo sobre el Régimen Sancionatorio Aduanero en el Congreso colombiano que impulsa la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Ante esto, la entidad advirtió un riesgo inminente de vacío legal si el proyecto no es aprobado antes del 10 de junio de 2024. El director general de la entidad, Carlos Emilio Betancourt, instó a los congresistas a actuar con urgencia, ya que la ley debe ser sancionada por el presidente Gustavo Petro a más tardar el 20 de junio.

Así las cosas, si el Congreso no aprueba el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero dentro de los plazos señalados, Colombia quedaría sin herramientas jurídicas para combatir el contrabando. Tal escenario pondría en peligro la economía formal y dejaría sin facultades a la Dian para ejercer control sobre el comercio exterior.

Betancourt resaltó la importancia de la normativa y su carácter imprescindible para las operaciones de comercio legal en el país. “A pesar de la votación positiva de la ponencia unificada, hoy se hizo el anuncio de continuar con la sesión en otro momento, como Gobierno confiamos en la responsabilidad del Congreso de la República con el país para sacar adelante este Régimen Sancionatorio Aduanero, que es una ley absolutamente importante y necesaria para el comercio exterior”, dijo el funcionario.

Urgencia de la ventana legislativa

Asimismo, el enfatizó en la urgencia de no perder la ventana legislativa: “Confiamos en el compromiso de las Comisiones Segundas para que efectivamente sea citada la sesión de continuación lo más pronto posible y se puedan cumplir estos términos perentorios”. Según él, un retraso dejaría a Colombia ante un “vacío constitucional” y sin posibilidad de realizar acciones de control aduanero fundamentales, como aprehensiones o decomisos, lo que dificultaría el cumplimiento de la ley en las fronteras.

Betancourt advirtió sobre el escenario que enfrentaría el país en caso de no contar con la nueva ley. Apuntó que sería un escenario realmente grave pues el país estaría en condiciones de imposibilidad de ejercer el control aduanero.

“Acciones de lucha contra el contrabando como las aprehensiones, los decomisos y la liquidación de sanciones no se podrían adelantar, de manera que entraríamos en un estado inconstitucional del Régimen Aduanero vigente, generando imposibilidad de ejercer la autoridad aduanera en el país y eso sería inaceptable, inconveniente y realmente grave para las condiciones del comercio exterior colombiano, para las personas que ejercen legalmente el comercio y para el país en general”, adujo.

El texto unificado del proyecto responde a la necesidad de un régimen moderno y proporcional que refuerce el control aduanero y la seguridad jurídica, y que cubra los mandatos constitucionales y la protección de la economía formal.

Riesgos jurídicos y tecnológicos de la reforma aduanera

Pese a que todo indica que la reforma beneficiaría a los colombianos, esta ya enfrenta críticas por vacíos técnicos y fallas legales, en especial, en áreas como el comercio digital y la modernización tecnológica. El exdirector de la Dian Lisandro Junco cuestionó la exigencia del uso de inteligencia artificial y la adecuación de la infraestructura tecnológica.

Afirmó, por medio de X, que “el sistema aduanero de la Dian tiene más de 20 años de antigüedad y se cayó tres veces en 2025”. Según él, la expectativa sobre la capacidad tecnológica es desproporcionada, ya que “le están pidiendo a un Renault 4 que corra en Fórmula 1”.

Recordó el exfuncionario que Colombia recibió un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD250 millones en 2020 para modernizar la Dian; sin embargo, “solo se ha ejecutado entre el 37% y el 51% del programa”. El nuevo sistema aduanero (NSGA) aún no tiene proveedor contratado, por lo que la ley se apoyaría en herramientas inexistentes.

Desde el punto de vista jurídico, Junco destacó que uno de los artículos del proyecto sanciona a importadores incluso si prueban que no tuvieron culpa, aplicando el concepto de “responsabilidad objetiva”. La Corte Constitucional ya rechazó la figura en materia sancionatoria y, según el experto, “Colombia aprobaría una ley que nace inconstitucional”.

Otro aspecto controvertido es la causal de aprehensión basada en la “solvencia económica del importador”, debido a que la definición de solvencia queda a discreción de la entidad tributaria sin criterios claros en la ley. Para Junco, esto pone en peligro la seguridad jurídica. “Eso no es control al contrabando: eso es discrecionalidad pura y dura”, adujo.

Respecto a la prescripción de los decomisos, explicó que, al clasificarse como sanción, un contrabandista podría recuperar su mercancía si vencen los términos del proceso. La situación propiciaría impunidad y debilitaría la función disuasoria del régimen sancionatorio.

De acuerdo con el exfuncionario, el proyecto ignora, además, los retos del comercio digital. Por lo tanto, señaló que “el comercio digital ignorado. El PL 312 no promueve ni controla el e-commerce transfronterizo. Mientras usted compra en Shein o Amazon y la mercancía entra fraccionada en pequeños paquetes, la ley no tiene cómo perseguirla”, lo que deja a Colombia sin mecanismos efectivos para enfrentar el contrabando actual.

La urgencia legislativa, impuesta por la Corte Constitucional, mantiene como fecha máxima el 20 de junio de 2026 para regular la materia. Para Lisandro Junco, aprobar la reforma sin condiciones técnicas ni jurídicas adecuadas incrementa los riesgos para comerciantes y empresas, quienes enfrentarán sanciones, un sistema tecnológico débil y dificultades para distinguir entre actividades legales e ilegales.