La continuidad de los servicios de salud en las EPS de Colombia está en veremos: estas son las deudas de las principales empresas prestadoras

La Contraloría General de la República señaló graves riesgos para los recursos y la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia, luego de la intervención forzosa de ocho entidades promotoras de salud (EPS). El organismo detectó deterioro financiero, aumento de pasivos, dificultades en la validación de datos contables y un incremento histórico en las quejas de los usuarios, y convocó con urgencia a la Superintendencia Nacional de Salud y las EPS intervenidas a una mesa de trabajo.

Los principales riesgos identificados por el órgano de control incluyen el deterioro financiero y la inestabilidad operativa de las EPS intervenidas. Se reportan deudas crecientes, patrimonio negativo y dificultades para cumplir con las órdenes judiciales, lo que pone en peligro la calidad y continuidad de los servicios médicos para millones de personas afiliadas al sistema.

Advirtió la Contraloría que, pese a la intervención administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud, las ocho EPS bajo este régimen —Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y SOS— no presentaron mejoras estructurales. Por el contrario, muestran indicadores financieros y operativos en deterioro. El organismo enfatizó que la falta de estados financieros certificados de la Nueva EPS para 2024 y 2025 compromete la validez de toda su información contable.

Según la entidad, la Nueva EPS, que prestadora más grande del país, con 11,6 millones de afiliados, dejó de presentar información financiera certificada, lo que impide ejercer control efectivo sobre los recursos públicos que administra. Además, el ente de control señaló la existencia de un faltante de $4,9 billones en el registro de reservas técnicas y $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar, según la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría.

Deterioro financiero y cifras clave de las EPS intervenidas

La entidad destacó que el endeudamiento de las EPS en intervención creció a niveles críticos. Por ejemplo:

• Savia Salud: el indicador pasó de 4,41 a 11,73 en un año, un aumento del 166%.
• Famisanar: el indicador de endeudamiento saltó de 1,00 a 4,08 a diciembre de 2025, situándose muy por encima del rango considerado aceptable.

Se reportaron patrimonios negativos de gran magnitud en Coosalud y Famisanar.

• Famisanar: el patrimonio descendió de -$2,1 billones al inicio de la intervención a -$3,3 billones a finales de 2025, profundizando su deterioro financiero.
• Coosalud: también se observaron incrementos abruptos en los pasivos. Estos subieron de $1,88 billones en octubre de 2024 a $6,34 billones en 2025, lo que multiplica las obligaciones con hospitales, clínicas y otros acreedores.

El análisis reflejó resultados operacionales negativos generalizados y una limitada capacidad de las EPS para sostener servicios de calidad y oportunidad. La entrega oportuna de medicamentos permanece en niveles críticos en todas las entidades bajo intervención.

Obstáculos para el acceso y la protección del derecho a la salud

Respecto al derecho fundamental a la salud, la Contraloría resaltó que ninguna de las ocho EPS intervenidas cumple completamente los fallos de tutela orientados a garantizar servicios médicos:

• En Emssanar, solo el 4,48% de las tutelas a favor de los usuarios fueron cumplidas, dejando a una gran cantidad de afiliados sin la atención judicialmente ordenada.
• La insatisfacción de los usuarios creció de manera significativa. Durante 2025, las peticiones, quejas y reclamos (PQR) alcanzaron 2.061.661 casos, lo que equivale a un aumento del 27,4% frente a 2024.
• La Nueva EPS concentró 518.211 de esas quejas, seguida por Salud Total y Sanitas. Los principales motivos fueron la negación en la entrega de medicamentos y la demora en la asignación de citas médicas.

Frente a esto, el delegado para el sector salud de la Contraloría, Édgar Julián Niño, explicó que “el deterioro financiero de todas las EPS en esta medida ha sido franco en el último año y obviamente esto está afectando el acceso con calidad y oportunidad al servicio de salud”. Niño también remarcó el aumento de más del 27% en el número de tutelas dirigidas a proteger el derecho a la salud entre 2024 y 2025.

“La preocupación es que no vemos que estas medidas estén garantizando el recaudo de los procesos administrativos y financieros que permitan una garantía del derecho a la salud”, puntualizó.

Llamado de la Contraloría y perspectivas oficiales

La Contraloría General de la República hizo un llamado urgente a la Superintendencia Nacional de Salud para reforzar las acciones correctivas y amparar técnicamente sus decisiones de intervención, evaluando el daño patrimonial y social que va en aumento.

El órgano de control informó que convocará en la próxima semana a la autoridad sanitaria y a las EPS bajo intervención para exponer de manera directa los aspectos críticos detectados y seguir el avance de las correcciones necesarias.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, manifestó que “la persistencia de estos resultados confirma la ineficacia de las medidas de intervención. Existe una amenaza real sobre la continuidad del servicio y la sostenibilidad financiera de todo el sistema de salud”.