Más de 66.000 millones de pesos en contratos de obras del Ejército estarían bajo investigación por presuntas irregularidades financieras

La Inspección del Ejército Nacional de Colombia habría destapado un nuevo escándalo dentro del Ejército Nacional de Colombia luego de encontrar presuntas irregularidades en contratos de infraestructura que superarían los 66.000 millones de pesos.

La información apuntaría a retrasos, falta de ejecución y posibles fallas en el manejo de millonarios anticipos entregados a contratistas del Comando de Ingenieros.

Uno de los casos que más habría llamado la atención sería el de la piscina olímpica de entrenamiento militar en Tolemaida. El proyecto, contratado por más de 8.369 millones de pesos, debía estar listo desde diciembre de 2024, pero para mayo de 2026 todavía no habría sido entregado.

Según el informe interno conocido por Semana, el problema habría comenzado desde la planeación. Al parecer, no se habrían tenido en cuenta excavaciones profundas ni rellenos necesarios para levantar la estructura, algo que después habría obligado a modificar diseños y retrasado toda la obra.

Lo más delicado sería el tema del dinero. La Inspección habría encontrado que para esta piscina se entregaron más de 4.000 millones de pesos como anticipo, pero solo existirían soportes claros sobre cerca de 898 millones. El resto, más de 3.200 millones, seguiría sin una justificación financiera detallada.

Pero la piscina no sería el único problema. Otro contrato, el n.º 323 de 2024, relacionado con alojamientos para tropa en la Escuela de Soldados Profesionales, también estaría bajo la lupa. Allí se habrían entregado 9.000 millones de pesos de anticipo, aunque las obras prácticamente no mostrarían resultados.

De acuerdo con el reporte, uno de los frentes ni siquiera tendría avances y el segundo apenas llegaría al 3%. Además, la Inspección habría señalado que el terreno escogido necesitaba una cimentación profunda que aparentemente no habría sido prevista correctamente en el diseño inicial.

Otro contrato cuestionado sería el n.º 333 de 2023, enfocado en arreglos y mantenimiento del rancho de tropa en Nilo.

Aunque el proyecto debía completarse en noviembre de 2024, habría recibido cuatro prórrogas pese a que el contratista ya tenía más de 3.000 millones de pesos girados como anticipo.

El informe también habría detectado problemas similares en otros proyectos de mantenimiento militar. En uno de ellos, identificado como contrato n.º 331 de 2024, se habrían pagado casi 9.780 millones de pesos sin que existiera todavía un cierre formal de obra por fallas técnicas pendientes.

Para la Inspección del Ejército, todo esto haría parte de un patrón repetido de fallas en planeación, supervisión y control financiero. Incluso, el documento advertiría que en varios contratos no existirían soportes claros sobre cómo se usaron los anticipos entregados a los contratistas.

Otro punto que habría generado preocupación sería el papel de la Universidad Nacional de Colombia, contratada para realizar la interventoría de las obras. El contrato habría costado más de 7.438 millones de pesos y ya tendría desembolsado el 50%, pero la Inspección consideraría que no hubo controles suficientes para detectar los problemas a tiempo.

Además, el informe habría mencionado posibles “pliegos sastre”, es decir, licitaciones aparentemente diseñadas para favorecer a ciertos contratistas. Según el medio citado, algunos contratos ni siquiera tendrían fechas de entrega completamente claras.

El caso ya habría sido enviado a la justicia penal militar bajo el radicado 137163, donde se investigarían las presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de las obras.

Entre los nombres mencionados aparecería la general Martha David Bastidas, que en 2023 habría trabajado como jefa del Departamento de Ingenieros Militares y habría solicitado recursos para algunos de los proyectos hoy cuestionados.

La denuncia formal habría sido presentada por el entonces inspector general del Ejército, el general Olveiro Pérez, que habría informado de los hallazgos al entonces comandante general, el general Emilio Cardozo.

La respuesta oficial del Ejército

Tras la publicación del informe, el Ejército Nacional de Colombia respondió mediante un comunicado oficial en el que defendió la legalidad de los procesos contractuales cuestionados y aseguró que las obras hacían parte de proyectos destinados a mejorar las condiciones de formación, entrenamiento y calidad de vida de soldados y alumnos en distintas regiones del país.

Según la institución, los contratos relacionados con adecuación, mantenimiento y construcción de infraestructura se habrían adelantado bajo las normas vigentes de contratación pública, siguiendo principios de transparencia, planeación y protección de los recursos públicos. Además, sostuvo que toda la documentación estaría registrada en la plataforma SECOP II y disponible para consulta ciudadana.

El Ejército también indicó que las presuntas irregularidades mencionadas en el informe ya habían sido puestas previamente en conocimiento de organismos como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y las instancias de control interno de la Fuerza.

De igual forma, explicó que la Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros habría remitido copias del caso a la Justicia Penal Militar y Policial para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determinen eventuales responsabilidades.

La institución castrense afirmó además que abrió cuatro investigaciones disciplinarias internas con el objetivo de establecer la posible responsabilidad individual de funcionarios que participaron en los procesos de contratación hoy cuestionados.

Según el comunicado, de manera paralela se habrían activado mecanismos legales de supervisión y control para exigir el cumplimiento de los contratos, lo que —a juicio del Ejército— demostraría que sí existió seguimiento institucional frente a las obras observadas.

En el pronunciamiento, el Ejército aseguró que varias de las construcciones y mantenimientos tendrían actualmente avances cercanos al 70%, mientras que algunas adecuaciones de instalaciones militares ya habrían alcanzado el 100% de ejecución, aunque seguiría pendiente la formalización de documentos de entrega.

Asimismo, confirmó que uno de los contratos se encuentra en un proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento, debido a que algunos frentes de obra no habrían sido entregados dentro de los plazos establecidos