Paloma Valencia pidió trasladar mesas de votación tras denuncia de presiones a electores para favorecer a Iván Cepeda

El martes 5 de mayo, el candidato presidencial Iván Cepeda reconoció que en distintas regiones del país se estarían presentando presiones contra electores para influir en el sentido de su voto, cuando faltan menos de 30 días para la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo.

A través de un comunicado, el aspirante del Pacto Histórico aseguró haber recibido información proveniente de organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo sobre posibles actuaciones de grupos armados ilegales orientadas a intervenir en el proceso electoral. Según indicó, los reportes señalan presiones sobre ciudadanos en algunos territorios del país “orientadas a incidir en el sentido del voto, a favor o en contra de las candidaturas presidenciales”.

Tras conocerse las declaraciones de Cepeda, la candidata presidencial Paloma Valencia pidió desde Medellín el traslado de las mesas de votación ubicadas en corregimientos y zonas apartadas hacia las cabeceras municipales, argumentando la necesidad de garantizar condiciones de seguridad durante la jornada electoral.

“Pedimos, suplicamos que las mesas de todos los corregimientos apartados se trasladen a las cabeceras municipales y que haya garantías. No se puede ir a una elección cuando los violentos que asesinan están amenazando y obligando a la gente a votar por Cepeda”, señaló la candidata presidencial.

En el mismo contexto, Cepeda insistió en que ni su campaña ni las fuerzas políticas que respaldan su candidatura aceptan actuaciones ilegales para favorecer intereses electorales. En una declaración pública afirmó que cualquier forma de presión sobre el electorado constituye una violación al ordenamiento jurídico colombiano.

“Ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida, ni mi campaña, ni yo en mi condición de candidato presidencial aceptamos esta clase de acciones. Por el contrario, tales conductas constituyen graves violaciones al ordenamiento jurídico: configuran constreñimiento al elector y vulneran principios esenciales de la Constitución y de la ley penal”, expresó el aspirante presidencial.

Cepeda también dirigió un mensaje a los grupos armados ilegales, reiterando que no aceptará interferencias en el proceso democrático ni condicionamientos relacionados con apoyos políticos en los territorios.

“A los grupos armados les reitero una posición que he sostenido de manera pública y consistente: no aceptaré, bajo ninguna circunstancia, interferencias o condicionamientos que afecten el ejercicio libre del voto”, afirmó.

Cambio Radical pidió medidas ante la Registraduría

A las solicitudes realizadas por Paloma Valencia se sumó el partido Cambio Radical, que envió una carta al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, expresando preocupación por las denuncias conocidas en torno a presuntas presiones de grupos armados sobre los votantes.

En la comunicación, firmada por el director nacional de la colectividad, Germán Córdoba Ordóñez, el partido señaló que los hechos denunciados “constituyen una grave amenaza contra la democracia, la libertad del voto y la transparencia del proceso electoral”.

Cambio Radical solicitó a la Registraduría la verificación inmediata de las denuncias en los territorios señalados y pidió, de igual forma que Paloma Valencia, que las mesas de votación ubicadas en zonas donde no existan garantías sean trasladadas a cabeceras municipales o lugares considerados seguros para el ejercicio del sufragio.

Además, la colectividad pidió el fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública, especialmente del Ejército Nacional, en las regiones afectadas, así como el acompañamiento permanente a los pliegos electorales hasta los puestos de escrutinio.

El partido también solicitó mayor presencia de “Mesas de Justicia” en coordinación con el Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación, además del acompañamiento de misiones de observación electoral nacionales e internacionales en territorios considerados de alto riesgo.

“La democracia colombiana no puede desarrollarse bajo intimidación ni bajo la sombra de actores armados ilegales. El proceso electoral es un proceso de Estado, donde es responsabilidad de las instituciones garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto de manera libre, segura y sin presiones”, señaló Cambio Radical en la carta enviada al registrador nacional.

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