Después de que la candidata presidencial Paloma Valencia denunciara que sus comunicaciones privadas, especialmente aquellas relacionadas con su seguridad y la de su familia, habrían sido interceptadas sin su consentimiento, su equipo de campaña presentó las acciones legales correspondientes.
Según se conoció, el apoderado de la también senadora, el abogado Jaime Lombana, ya radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia en la que solicitó al ente investigador esclarecer quiénes serían los responsables de la presunta interceptación del celular de la aspirante.
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En el documento, el abogado solicitó al ente acusador que se verifique si se cometieron dos delitos principales con el hackeo: acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales, según información conocida por El Tiempo.
Valencia, que hace parte del Centro Democrático, sostiene que la intrusión afecta no solo su privacidad, sino la integridad de las conversaciones institucionales que mantendría con el ministro del Interior, Armando Benedetti.
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La candidata resaltó que la Fiscalía debe determinar si realmente se produjeron interceptaciones y con qué finalidad, ya que considera que sería de extrema gravedad que estos hechos ocurrieran en el contexto de una campaña presidencial.
El proceso legal impulsado por Lombana comenzó con la radicación formal de la denuncia penal. A partir de ese momento, la Fiscalía creará un radicado que será asignado a un despacho encargado de investigar el caso.
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Existen equipos especializados dentro de la entidad para atender denuncias relacionadas con amenazas o ataques a aspirantes presidenciales, lo que permitirá abordar la situación de manera ágil y técnica.
En declaraciones a la excandidata y periodista Vicky Dávila, Valencia señaló: “Alguien ha hackeado mi teléfono, y que mis chats referentes a la seguridad están en poder de alguien”. Estas afirmaciones generaron preocupación ante la posibilidad de que información sensible sobre su protección y la de su entorno se encuentre en manos ajenas.
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La polémica se intensificó después de que el candidato Abelardo de la Espriella publicara en X un mensaje en el que sugería tener en su poder chats y conversaciones comprometedoras entre un funcionario del gobierno y una campaña política. Aunque De la Espriella aclaró no estar interesado en utilizar “propaganda negra”, la coincidencia temporal con la denuncia de Valencia generó sospechas sobre un posible vínculo entre ambos episodios.
Valencia expresó que sería especialmente delicado si las situaciones que denuncia estuvieran relacionadas con las declaraciones de su adversario político, lo que añadiría una dimensión política al caso y podría afectar la equidad en la contienda electoral.
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