Suspenden desalojo en El Remanso, Bosa: familias ganan tiempo mientras se define su futuro por razones de orden público

La suspensión del desalojo en el barrio El Remanso, en la localidad de Bosa, marcó un giro inesperado en una de las disputas más sensibles sobre la tenencia y el derecho a la vivienda en Bogotá.

La diligencia, prevista para el 6 de mayo de 2026, fue suspendida por decisión del inspector de policía, atendiendo argumentos de orden público y de protección de derechos fundamentales, tras intensas protestas de la comunidad y la intervención de entidades distritales y de control.

¿Qué pasó en El Remanso y por qué se suspendió el desalojo?

La medida de desalojo fue ordenada por un juzgado penal, que exigió la restitución de un lote de aproximadamente 5.400 metros cuadrados a la empresa privada Sotrandes, tras un fallo judicial que reconoció su propiedad sobre el terreno. Este proceso judicial se reforzó en 2024 e incluyó como razones principales no solo la orden de restitución a los propietarios legítimos, también decisiones previas, como un fallo policivo de 2019, que declaró el terreno como inhabitable y riesgoso para la integridad de sus ocupantes.

Más de 98 familias, muchas con más de 15 años de residencia en el lugar, enfrentaban el desalojo inminente, alegando haber comprado los predios de buena fe y haber sido engañadas sobre la legalidad de la transacción. La situación desató movilizaciones, acciones legales y una intensa presión social, con respaldo de concejales y líderes de la ciudad.

El abogado defensor de las familias, Harold Rengifo, explicó que la suspensión fue producto de la lucha social y la atención institucional ante posibles vulneraciones de derechos:

“La suspensión del desalojo se da en el marco de la lucha social y las marchas que hizo la comunidad, y en la atención que dio el Consejo de Bogotá y especialmente el señor personero de Bogotá a través de su delegado, quien emitió un documento solicitando la suspensión de esta diligencia por posibles violaciones de los derechos fundamentales a niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores que existen en esta comunidad”.

Argumentos legales, sociales y políticos

La Administración distrital, encabezada por el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, enfatizó que la Alcaldía de Carlos Fernando Galán no define los fallos ni da la orden de intervención de la Policía, sino que cumple con decisiones judiciales y garantiza que cualquier actuación se realice bajo el debido proceso y con la presencia del Ministerio Público para proteger los derechos humanos. “Desde el distrito siempre estaremos listos para garantizar los derechos y la integridad de todas las personas involucradas”, declaró Quintero.

La concejala Heidi Sánchez y otros actores políticos señalaron que el fondo del problema radica en la tenencia de la tierra y en la falta de soluciones habitacionales para quienes compraron de buena fe. Sánchez sostuvo que el Estado debería priorizar el derecho a la vivienda de las familias, proponiendo la compra o expropiación del terreno por parte del distrito para garantizar la dignidad de los habitantes.

Por su parte, el cabildante del Pacto Histórico, José Cuesta, calificó la suspensión como “una victoria parcial” y llamó a la comunidad a mantenerse organizada para avanzar hacia la legalización de los predios: “Queda entonces pendiente la tarea más importante, que es la legalización de los predios. Lo más importante son ustedes. Si se mantienen unificados, organizados y desarrollando este proceso de resistencia civil pacífica, tengan la absoluta certeza que en poco tiempo, ese día sí se decretará la fiesta”.

¿Qué pasará con las familias y qué viene después?

Con la suspensión, las más de 98 familias mantienen de momento su derecho a permanecer en El Remanso, mientras se resuelve la situación jurídica de los predios. La audiencia preparatoria continúa, y la solicitud de la Personería de Bogotá para suspender la diligencia será evaluada conforme avance el proceso policivo.

El abogado Harold Rengifo anticipó que ahora corresponde a las entidades públicas y al distrito solicitar formalmente a la juez 50 civil municipal la suspensión definitiva de la medida, argumentando motivos de orden público y la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el propietario del inmueble.

Rengifo insistió en que “era evidente que hacer un desalojo con mil policías a escasas noventa y ocho familias inermes sería un atropello a sus derechos fundamentales”, y que la prioridad debe ser la protección de los derechos de niños, adultos mayores y demás personas vulnerables.

El distrito, a través de sus diferentes dependencias, deberá ahora buscar alternativas de solución, que podrían incluir la negociación con la empresa propietaria, la búsqueda de rutas de legalización o, eventualmente, la reubicación de las familias si no se logra un acuerdo favorable.