
En la Sierra Nevada de Santa Marta, mientras los viajeros exploran playas de aguas turquesa, la economía turística y las poblaciones indígenas conviven con el temor constante a la violencia paramilitar.
Las extorsiones, los combates recientes entre grupos armados ilegales y la amenaza directa a los líderes indígenas y guardaparques constituyen un entramado de inseguridad que llevó al presidente de la República, Gustavo Petro, a cerrar el reconocido Parque Tayrona durante más de dos semanas en febrero y marzo de 2026, en respuesta a la intensificación de las amenazas, denunció AFP.
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Durante el 2025, los guardaparques sufrieron reiteradas intimidaciones por proteger los ecosistemas del Tayrona y del Parque Nacional Natural Sierra Nevada.
Conforme a un testimonio recogido por el medio citado, “nuestra presencia en cada rincón, en cada zona, es de vital importancia para conservar, mantener y monitorear los recursos que tenemos”, dijo Yeiner Hernández, funcionario de 31 años.
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Pese a este rol, la labor de protección resultó incompatible con los intereses de quienes explotan rutas de narcotráfico o tala ilegal en la región.
Las cifras oficiales dimensionan el fenómeno: de acuerdo al Ministerio de Defensa, en cabeza de Pedro Sánchez, desde 2022 se han radicado más de 46.000 denuncias de extorsión en Colombia, un delito que, según la investigadora Norma Vera, es creciente en las áreas bajo dominio de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
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Este grupo armado de origen paramilitar ejerce, a criterio de Vera, “un control territorial a través de una gobernanza armada consolidada” y transformó incluso el comercio básico, llegando a controlar “el plato de comida que se vende” a los visitantes.
El dominio armado sobre la sierra Andina y sus consecuencias para la población indígena

Es importante recordar que la Sierra Nevada de Santa Marta aloja a más de 873.000 turistas al año (cifra de visitantes en 2025) y abarca dos reservas naturales clave: el Parque Tayrona y el Parque Nacional Natural Sierra Nevada, que alcanza los 5.700 metros sobre el nivel del mar.
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Este territorio de 2,3 millones de hectáreas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), no solo es considerado ancestralmente sagrado por los arhuacos, koguis y otros pueblos indígenas, sino que está identificado por Naciones Unidas como patrimonio de la humanidad debido a su conocimiento ancestral y riqueza ecológica.
A pesar de esta trascendencia, la presencia de los Conquistadores —herederos de estructuras paramilitares que, tras la firma de paz de 2006 y la extradición de sus jefes a Estados Unidos, reconfiguraron sus estrategias criminales— agrava la vulnerabilidad de estos pueblos
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Luis Salcedo, gobernador arhuaco, aseveró en diálogo con la agencia francesa de noticias el deterioro de la convivencia: “Estos grupos se han subido a la parte más alta. Afectan a una comunidad en la que el 95 % son totalmente propios (nativos), que no saben hablar español, que viven de sus cultivos y de su conocimiento”.
El surgimiento de nuevos frentes, como el avance del Clan del Golfo —considerado actualmente el principal cartel del narcotráfico en Colombia—, generó una nueva ola de enfrentamientos. Los combates recientes se libraron cerca de los cabildos indígenas, alterando la vida en comunidades que históricamente han sufrido el desarraigo y la violencia, subrayaron los testimonios recabados por AFP.
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La política de Paz Total y el freno del turismo

Frente al crecimiento de la violencia, el Gobierno de Gustavo Petro incluyó a las Autodefensas Conquistadoras dentro de su política de Paz Total, cuya meta era negociar el desarme con las principales organizaciones armadas. Sin embargo, la falta de avances y la proximidad del fin del mandato de Petro, previsto para agosto de 2026, derivó en el recrudecimiento del conflicto armado en la región.
El impacto de la inseguridad repercute directamente sobre uno de los principales motores económicos del Caribe colombiano. Omar García, presidente del gremio hotelero de Santa Marta, advirtió en entrevista con AFP sobre la caída de visitantes: “Afecta el número de visitantes”. A modo de advertencia, sentenció: “¿Quién va a hacer turismo a Ucrania? ¿A Irán?”.
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A esta situación se suma, la explotación ilegal de oro, que, según la investigadora Norma Vera Vera, origina contaminación con mercurio en las fuentes hídricas de la sierra, agrava aún más el deterioro ambiental y social al sumar otra actividad bajo el dominio de los grupos armados.
En este enclave entre el Caribe y el macizo montañoso, la coexistencia de actividades delincuenciales, desplazamientos forzados, saqueo de recursos naturales y extorsiones encamina a la Sierra Nevada hacia un escenario donde la belleza paisajística y el patrimonio cultural quedan opacados por el aumento sostenido de la gobernanza armada, con efecto multiplicador sobre la vida de miles de indígenas, trabajadores del turismo y comerciantes, señaló el medio citado.
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