Estas son las dos EPS que más dinero le deben a la Liga Contra el Cáncer en Bogotá: serían más de $4.000 millones

La Liga Colombiana Contra el Cáncer anunció la suspensión temporal de servicios en su sede de Bogotá por una deuda acumulada de $4.000 millones de entidades promotoras de salud, lo que evidencia la gravedad de la crisis financiera que atraviesa el sistema.

“En especial son Sanitas y Famisanar”, dijo el director ejecutivo de la organización, Wilson Cubides, en entrevista con Caracol Radio.

De acuerdo con Cubides, esta decisión afecta la atención de cerca de 4.000 pacientes mensuales y ocurre en un contexto donde la reducción del flujo de recursos amenaza la sostenibilidad de la atención preventiva en el país.

La deuda principal se concentra en las dos EPS mencionadas por Cubides, ambas bajo intervenciones recientes de la Supersalud. Famisanar está intervenida desde septiembre de 2024, mientras Sanitas atravesó una intervención entre abril de 2024 y septiembre de 2025.

Los problemas financieros de estas aseguradoras no son recientes, pero se profundizaron en los últimos dos años. Cubides explicó que “la Liga Colombiana contra el Cáncer, sus secciones y capítulos continúan prestando los servicios como normalmente lo hemos venido haciendo, excepto nuestra seccional Bogotá, que tiene dificultades en este momento”.

La sede suspendida, ubicada en la calle 116 con carrera 15, se especializa en diagnóstico temprano y atención inicial, sin realizar tratamientos oncológicos.

La medida implica la interrupción de servicios clave para la detección temprana de cáncer, con potenciales consecuencias severas para los pacientes que dependen de un diagnóstico oportuno.

Según Cubides, el flujo de recursos hacia la Liga se volvió insostenible por el impago sostenido de las EPS, pese a múltiples reuniones y acuerdos de pago: “No fue de un día para otro, fue por etapas, muchas reuniones, muchos acuerdos de pago, muchas conciliaciones pero que efectivamente no se han traducido en pagos”.

La decisión de suspender servicios afecta a un promedio de 4.000 personas al mes que buscaban diagnóstico temprano en la sede de Bogotá. Este dato, ilustra el alcance del cierre en el acceso a servicios preventivos esenciales.

El impacto no se limita a la atención directa. Cubides subrayó que, en enfermedades de alto costo como el cáncer, el tiempo es crítico: “Si no se hace una detección temprana, pues no hay tratamiento oportuno. Un paciente oncológico que ya empezó un tratamiento no se le puede suspender, tiene que continuar”.

La interrupción de servicios de diagnóstico temprano puede resultar en diagnósticos tardíos, pérdida de oportunidades de curación y una reducción en la sobrevida de los pacientes.

Actualmente, el resto de sedes en Bogotá, como la de la Carrera 12A #77-34, y las otras 30 seccionales y capítulos de la organización en Colombia, continúan operando. La Liga mantiene su atención en 31 puntos del país, aunque advierte que los problemas de flujo de recursos podrían replicarse en otras regiones.

En el caso de Sanitas, la EPS experimentó un deterioro agudo durante la intervención iniciada en abril de 2024 y culminada con su recuperación por el grupo Keralty al cabo de 17 meses.

En ese período, el patrimonio de la compañía descendió de $21.000 millones a $-1,7 billones, los pasivos aumentaron de $1,6 billones a $3,9 billones, y el porcentaje de reservas técnicas cayó de 32% a 14%. Además, la tasa de siniestralidad pasó de 102% a 111%, reflejando que los gastos superan de forma creciente los ingresos.

El deterioro de la calidad percibida también es notorio: mientras en los primeros meses de 2024 las quejas de los usuarios de Sanitas eran inferiores al promedio nacional, un año después estas superaban las 84.000.

Por su parte, Famisanar, bajo intervención desde septiembre de 2024, tampoco ha logrado estabilizar la atención a los usuarios. Los datos señalan que en 2023 se registraron 78.830 quejas hasta septiembre. Un año más tarde, ya con la medida en marcha, las reclamaciones aumentaron a 84.081 en el mismo periodo. Solo en el primer semestre de 2025, Famisanar acumulaba 75.393 reclamos, con un promedio mensual superior a 12.500 casos.

El cúmulo de reclamos y la incapacidad de los interventores para revertir la tendencia resalta el alcance de la crisis de servicio en estas entidades.

El episodio de la Liga Contra el Cáncer no es aislado. En las últimas semanas, el Instituto Nacional de Cancerología (INC) también comunicó la suspensión de recepción de nuevos pacientes de Nueva EPS debido a una deuda creciente —de $36.000 millones en 2024 a más de $136.000 millones en 2026—, aunque se alcanzó un acuerdo para retomar la atención.

Estos hechos evidencian el desbordamiento de la deuda hospitalaria y la precarización financiera de las instituciones.

Wilson Cubides advirtió que “el recurso o los recursos no están fluyendo de la forma más adecuada. Eso afecta la sostenibilidad de las instituciones de salud y hace correr en peligro la continuidad en la asistencia o atención de los pacientes”.

El directivo señaló que desde finales del año pasado el sector comenzó a notar una ralentización en los pagos, con procesos de facturación, glosas y devoluciones que impiden el acceso efectivo a los recursos que oficialmente transfiere el Gobierno mediante la Adres.

El cuadro estructural es de “alerta roja”. Cubides enfatizó que ninguna institución está libre del riesgo de quedar en condición crítica. “No estamos ninguna entidad en el sector salud exentos de tener problemas financieros, el flujo de recursos ha estado frenado”.

Frente a la gravedad de la situación en Bogotá, la Liga Colombiana Contra el Cáncer mantiene su funcionamiento en 30 de sus 31 seccionales.

Cada sede cuenta con autonomía administrativa y financiera, lo que por ahora evita un efecto dominó. Sin embargo, Cubides manifestó que el sistema de salud puede impactar a cualquier sede si la crisis se prolonga.