
El fiscal Mario Burgos presentó su renuncia irrevocable al cargo de fiscal delegado ante el Tribunal de Distrito de Bogotá, con efectos a partir del 11 de mayo de 2026, según una comunicación oficial dirigida a la fiscal General, Luz Adriana Camargo Garzón, y a los directivos de la Fiscalía General de la Nación.
La decisión se formalizó en una carta fechada el 4 de mayo, donde el funcionario explicó que su retiro responde a motivos personales y profesionales, y advirtió una situación de riesgo que afecta su seguridad y la de su familia.
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En el documento, conocido por medios como Caracol Radio, Burgos solicitó de manera expresa la implementación de medidas urgentes, prioritarias y eficaces de protección, tanto para él como para su familia. El fiscal advirtió que enfrenta una situación que requiere intervención inmediata por parte de las autoridades competentes.
“Solicito se disponga la adopción inmediata de medidas urgentes orientadas a salvaguardar mi seguridad e integridad personal, así como las de mi núcleo familiar, en atención a la situación de riesgo que actualmente afrontamos”, señala el texto de la carta.
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Petición de seguridad tras su salida del cargo
Burgos insistió en que la Fiscalía debe actuar con rapidez para garantizar su protección tras su salida del cargo. En su comunicación, alertó sobre la necesidad de medidas concretas que mitiguen los riesgos que afirma estar enfrentando, sin entrar en detalles específicos sobre las amenazas o circunstancias que motivan su solicitud.
El fiscal también hizo un llamado a que las acciones de protección se extiendan a su entorno familiar, subrayando que la situación afecta de manera directa a su núcleo cercano.
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Cargo y dependencia donde se desempeñaba
Hasta su renuncia, Burgos ejercía funciones en la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, unidad adscrita a la criminalidad organizada dentro de la Fiscalía General de la Nación, donde ocupaba el cargo de fiscal delegado número 52.
Una trayectoria en investigaciones de alto impacto

Durante su paso por la entidad, el fiscal Mario Burgos estuvo vinculado a investigaciones de gran relevancia nacional e internacional. Entre los casos más notorios en los que participó se encuentran:
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- El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia y de gran impacto regional.
- El proceso judicial contra Jhonier Leal, quien fue condenado tras confesar el asesinato de su madre y su hermano.
- Investigaciones relacionadas con el caso del joven Sergio Urrego, que generaron amplio debate sobre acoso y responsabilidad institucional.
- El expediente inicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en un proceso de alta visibilidad política y mediática.
Estos casos posicionaron a Burgos como uno de los fiscales con mayor exposición pública dentro de la entidad, debido a la naturaleza sensible y mediática de los procesos que lideró o en los que participó.
Reconocimiento institucional en su carta de renuncia
En su comunicación oficial, Burgos expresó agradecimiento a la Fiscalía General de la Nación por la confianza depositada en su labor durante su carrera. Señaló que se retira con la “satisfacción del deber cumplido”, destacando su compromiso con el ejercicio de sus funciones.
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“Me retiro con la satisfacción del deber cumplido y la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor de mí en el ejercicio de mis funciones, confiando en que los procesos a mi cargo continuarán su curso conforme a la ley y la Constitución”, afirmó el fiscal en la carta.

Asimismo, reconoció el trabajo de los equipos y dependencias con los que colaboró dentro de la Fiscalía, destacando su experiencia profesional en la entidad y reiterando su respeto por las instituciones judiciales.
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Con la salida de Burgos, la Fiscalía General de la Nación deberá definir la continuidad de los procesos que estaban bajo su responsabilidad, especialmente aquellos de alto impacto que requieren seguimiento especializado.
Entre los retos inmediatos de la entidad está la reasignación de los expedientes y la garantía de que las investigaciones avancen sin interrupciones, conforme a los lineamientos legales y constitucionales.
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