
La investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría General de la Nación por la fiesta vallenata realizada en la cárcel La Paz de Itagüí el pasado 8 de abril, en la que se presentó el cantante Nelson Velásquez, sigue sumando implicados y nuevas líneas de indagación.
El director de este centro penitenciario, Édgar Iván Pérez Ortega, fue incluido en el proceso, que ahora involucra a un total de 13 funcionarios públicos. La medida responde a presuntas irregularidades detectadas en la asignación de turnos de descanso del personal directivo durante la Semana Santa de 2026.
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Según el comunicado oficial, la Procuraduría informó: “La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el director de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí, Antioquia, Édgar Iván Pérez Ortega, por presuntas irregularidades relacionadas con la asignación de turnos de descanso durante la Semana Santa de 2026”. La entidad busca establecer si se produjeron “modificaciones informales” en los turnos del personal, lo que podría constituir un incumplimiento de las directrices establecidas por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La decisión se originó tras una compulsa de copias dentro de la investigación que ya se adelantaba contra otros 12 funcionarios del Inpec, a raíz de la fiesta realizada el 8 de abril de 2026 en uno de los pabellones de alta seguridad de la cárcel. En el evento participaron líderes de bandas criminales vinculados a la mesa de diálogo instalada en el centro penitenciario. Tras este hecho, la Procuraduría adoptó nuevas medidas para esclarecer el grado de responsabilidad de los directivos y determinar si hubo faltas disciplinarias.
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El comunicado del ente de control destaca: “Esta decisión disciplinaria, que ahora involucra a 13 servidores públicos, se originó en una compulsa de copias ordenada dentro de la investigación que se abrió inicialmente contra otros 12 funcionarios del INPEC, con ocasión de la fiesta realizada el 8 de abril de 2026 en el centro de reclusión”. De acuerdo con la Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia, se busca “verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si constituye falta disciplinaria y determinar si el investigado actuó o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad”.

La fiesta ocurrida en la cárcel La Paz de Itagüí, donde participaron internos considerados de alta peligrosidad, generó un amplio debate público sobre los niveles de control y vigilancia al interior del penal. Además, puso en tela de juicio la gestión administrativa y la aplicación de las normativas internas, especialmente en lo relativo a la rotación y supervisión de los funcionarios penitenciarios.
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El proceso disciplinario abierto por la Procuraduría se centra en esclarecer los hechos y en determinar la posible existencia de responsabilidades individuales o colectivas entre los funcionarios señalados. La situación ha puesto de nuevo en el centro de la discusión las condiciones de reclusión y la gobernabilidad en los centros penitenciarios del país.
El escándalo cobró mayor notoriedad cuando comenzaron a circular videos de la fiesta en redes sociales, donde se evidenció la presencia de equipos de sonido, personas externas y presunto ingreso de licor y otros elementos prohibidos en el centro penitenciario.
La investigación se desarrolla en un contexto de creciente atención mediática y social sobre la cárcel La Paz, que en los últimos meses ha sido escenario de diversas polémicas por episodios que involucran tanto a internos como a personal administrativo. El resultado de esta indagación disciplinaria será clave para establecer posibles sanciones y definir el futuro de los funcionarios implicados.
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La reciente fiesta vallenata en la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia, protagonizada por el cantante Nelson Velásquez, generó un escándalo nacional y abrió múltiples investigaciones por parte de las autoridades. El evento, realizado el 8 de abril de 2026, incluyó la presentación musical de Velásquez y la presencia de internos de alto perfil, muchos de ellos líderes de bandas criminales vinculados a mesas de diálogo con el Gobierno.
La polémica surgió porque la fiesta no contaba con la autorización de la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ni del Ministerio de Justicia. Videos de la celebración mostraron licor, música en vivo y la presencia de personas externas al penal, lo que reveló graves fallas en los controles internos. Se investiga si la fiesta estuvo relacionada con el cumpleaños de un interno apodado “Pocho” y con la posible liberación anticipada de Sebastián Murillo Echeverri, alias “Lindolfo”, jefe de la Oficina de Envigado, lo que evidenciaría la influencia de los internos en la organización de este tipo de eventos.
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Nelson Velásquez, a través de comunicados, aseguró que actuó de buena fe y que su equipo asumió que el evento contaba con las autorizaciones pertinentes, ya que el ingreso al penal se realizó sin inconvenientes. El cantante manifestó su disposición a colaborar con las autoridades, que abrieron una investigación para determinar si hubo enriquecimiento ilícito.
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