Familiares de miembros de la Primera Línea tomaron el Ministerio de Justicia: pidieron que detenidos por el “estallido social” queden en libertad

Miembros de la denominada Primera Línea ocuparon recientemente la sede del Ministerio de Justicia en Bogotá para exigir la liberación de varios de sus integrantes, quienes permanecen detenidos por su participación en actos de vandalismo durante las protestas del 2021, según lo detalló La FM.

La acción, que se mantuvo en bajo perfil y requirió la evacuación de los empleados del ministerio, se desarrolló durante varios días y estuvo rodeada de hermetismo respecto a las negociaciones sostenidas con las autoridades del ministerio.

De acuerdo con la información revelada por La FM, la ocupación se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Justicia ubicada en la calle 53 de Bogotá, lo que obligó a evacuar a todos los empleados del lugar. La acción fue concebida como una medida de presión dirigida al ministerio, con el propósito de exigir la liberación de los integrantes de la Primera Línea detenidos por su participación en los hechos que el tribunal calificó como actos de vandalismo durante las protestas de 2021.

Según informó La FM, la ocupación en el Ministerio de Justicia se prolongó durante varios días y fue manejada con discreción. Además, revelaron que los integrantes de la Primera Línea abandonaron el lugar tras llegar a una negociación, aunque no se ha hecho público el contenido del acuerdo alcanzado entre las partes.

No obstante, una fuente del Ministerio de Defensa confirmó a Infobae Colombia que el acuerdo no se realizó de forma “silenciosa” ni reservada. Según explicó, existe un comunicado divulgado a mediados de abril en el que se detalla que se logró un diálogo con los familiares.

“Este acuerdo fue construido tras tres días de mesa de diálogo desarrollada entre las entidades del Gobierno Nacional, organismos acompañantes y los voceros de los jóvenes, como resultado de un ejercicio de escucha activa, concertación y construcción conjunta de soluciones. La definición de esta ruta permitió superar la protesta pacífica que los jóvenes venían desarrollando frente a las instalaciones del Ministerio de Justicia y del Derecho”, dice el comunicado.

Sobre los acuerdos y temas de la mesa de conversación, el ministerio detalló: “La ruta de atención integral contempla acciones orientadas a responder requerimientos relacionados con salud, seguridad, restablecimiento de derechos, acceso a la educación, sostenibilidad económica, situación de las personas privadas de la libertad y otros temas prioritarios planteados por los participantes”.

El episodio se conoció poco después de que el Tribunal Superior de Bogotá emitiera una sentencia relevante para la discusión sobre el estallido social registrado en el gobierno del expresidente Iván Duque. En su fallo, la Sala Penal del tribunal concluyó que parte de los disturbios y hechos violentos no respondieron únicamente a la movilización ciudadana espontánea, sino que estuvieron organizados por estructuras clandestinas con nexos en la criminalidad urbana.

El tribunal determinó, tras analizar interceptaciones telefónicas, seguimientos y diversos testimonios, que detrás de algunos episodios de vandalismo y ataques coordinados en Bogotá existió una estructura organizada.

Según la sentencia, varios de los procesados mantenían comunicaciones y operaban en alianza con células urbanas vinculadas a disidencias de las FARC, específicamente el Bloque Segundo Manuel Marulanda Vélez. Entre los hechos atribuidos a estos grupos figuran ataques a la Fuerza Pública, daños a la infraestructura del sistema TransMilenio y acciones de terrorismo urbano, que fueron planeadas más allá de las protestas pacíficas contra la reforma tributaria.

El fallo judicial derivó en condenas de hasta 19 años de prisión y multas millonarias para algunos de los implicados. Las conclusiones del tribunal han reavivado el debate nacional sobre la naturaleza de las protestas de 2021, que dejaron decenas de muertos y múltiples denuncias de abusos policiales. Mientras algunos sectores consideran que la sentencia valida denuncias sobre infiltración y orquestación criminal en las movilizaciones, otros advierten que se puede estar usando para deslegitimar la protesta social masiva.

La sentencia reconoce la existencia de manifestaciones legítimas, pero subraya que ciertos episodios violentos respondieron a una planificación delictiva.