
El impuesto al patrimonio implementado por el Gobierno de Gustavo Petro para financiar la emergencia económica provocada por las lluvias en el Caribe no alcanzó las expectativas, lo que generó un notable déficit en el presupuesto destinado a la atención de los damnificados.
Dicho gravamen, dirigido a empresas y personas jurídicas con patrimonios netos superiores a $10.474 millones, no logró la meta de recaudo en su primera cuota. El Ejecutivo esperaba reunir $4,15 billones, pero solo obtuvo $2,4 billones, lo que originó un desfase de $1,72 billones. El faltante amenaza la financiación de obras de reconstrucción y obliga al Gobierno a explorar fuentes alternativas ante la persistencia de la emergencia.
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El tributo, creado bajo el decreto de emergencia para afrontar los daños en Córdoba y Sucre, preveía captar $8 billones en total, distribuidos en dos cuotas de igual valor a lo largo del año. Sin embargo, la primera cuota, recaudada en abril, no superó el 58% de la meta. De acuerdo con informes de Caracol Radio y La República, el incumplimiento se atribuye a la sobrestimación de la capacidad de pago de los privados y a problemas en el diseño técnico del impuesto.

El déficit en el recaudo del impuesto al patrimonio
Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la recaudación efectiva en la primera cuota apenas superó la mitad del monto proyectado. El exdirector de la Dian Lisandro Junco explicó a La República que “lo que es claro es que calcularon mal el recaudo de la primera cuota, que fue de $2,4 billones; ahora, con la suspensión provisional, tendrán menos”.
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Junco advirtió que la suspensión parcial de la segunda cuota para ciertos contribuyentes agrava el déficit, lo que hace inviable alcanzar la meta total y dejando en duda la continuidad de los proyectos planificados.
Sectores económicos y su aporte al impuesto al patrimonio
El análisis sectorial evidencia lo siguiente:
- Sector financiero, inmobiliario y de seguros: registró el mayor aporte al sumar $1,1 billones.
- Comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida: $368.612 millones.
- Manufacturas: contribuyó $237.892 millones.
- Electricidad, gas, vapor y agua: totalizó $236.000 millones.
- Salud, asistencia social, administración pública, defensa y educación: aportaron en conjunto $20.706 millones, lo que representó una fracción mínima del total recaudado.
- Entidades sin ánimo de lucro y las empresas en liquidación: se ubicaron entre los grupos con menor participación.

Suspensión parcial del cobro
A pocos días del vencimiento de la segunda cuota (4 de mayo), la Corte Constitucional decidió, con una votación de 6-3, suspender de manera provisional el cobro del impuesto para entidades sin ánimo de lucro del régimen especial, incluidas las universidades, y para empresas en liquidación. El tribunal argumentó que la medida “se justifica para evitar un impacto desproporcionado en aquellas entidades que cumplen función social y en las que atraviesan graves dificultades financieras”.
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No obstante, la Dian aclaró que estas entidades tienen un peso muy reducido en el recaudo general y su exclusión no modifica de manera sustancial la brecha global. Sin embargo, la decisión incrementó la incertidumbre sobre la legalidad y el futuro del tributo, ya que distintos sectores alegan que la emergencia económica declarada por las lluvias carece del carácter excepcional requerido por la Constitución.
Advertencias de expertos y reacciones empresariales
Para Junco, “frente a los $4 billones que buscaba recaudar el Gobierno, ahora se abre un hueco adicional por la suspensión parcial de la segunda cuota para las entidades sin ánimo de lucro y las empresas en liquidación”. Reiteró que “esa primera cuota, que debería representar 50% y que se pagó en abril, era de $4,15 billones, pero lograron $2,4 billones, teniendo así un desfase de alrededor de $1,72 billones”.
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El Consejo Gremial, que reúne 33 gremios de Colombia, manifestó su descontento y pidió a la Corte anular el decreto de emergencia. Según su presidenta, Natalia Gutiérrez, “se le está poniendo a las empresas a pagar un tributo sobre su capital productivo en cuestión de semanas, y sin que necesariamente tengan la liquidez disponible para pagar ese impuesto”.
El “gremio de gremios” advirtió que la obligación puede afectar la operatividad y la capacidad de inversión de numerosas empresas nacionales.

Alternativas del Gobierno ante el hueco fiscal
Ahora, el Ministerio de Hacienda analiza diferentes opciones para cubrir el faltante. Entre ellas, se consideran el aumento del endeudamiento público por medio de la emisión de nuevos bonos TES, la utilización de recursos de caja y fondos especiales aún no asignados, y el eventual envío de una reforma tributaria ordinaria al Congreso si la brecha persiste.
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Lisandro Junco señaló que “en teoría podrían intentar compensar esa pérdida elevando otros impuestos o creando nuevas cargas, pero para hacerlo tendrían que acudir a los canales ordinarios, como proyectos de ley ante el Congreso”. La necesidad de una definición gubernamental es apremiante, ya que la meta para la segunda cuota —$5,6 billones— parece difícil de conseguir tras el bajo recaudo del primer pago.
Así las cosas, los recursos reservados podrían recibir prioridad para gastos de emergencia, aunque surgen inquietudes sobre la transparencia y el control en la asignación de dichos fondos.
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