Más de 200 voces entre periodistas, académicos y políticos enfrentan a Petro por ataques a la prensa y advierten riesgo para la democracia

La discusión sobre la libertad de prensa volvió a instalarse en el centro del debate público en Colombia. Esta vez, la reacción surgió desde distintos sectores académicos, periodísticos y políticos, luego de que más de 200 voces reconocidas del país decidieran pronunciarse de manera conjunta frente a lo que consideran un uso indebido de plataformas estatales para desacreditar a medios independientes.

La carta que comenzó a circular, reúne a profesores universitarios, columnistas, investigadores, exfuncionarios y periodistas que expresaron preocupación por el tono que tomó la relación entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y parte de la prensa nacional, particularmente en medio del ambiente preelectoral que ya empieza a marcar la conversación política del país.

El detonante de este nuevo pronunciamiento fue lo ocurrido con La Silla Vacía, uno de los medios especializados en política más influyentes del país, cuya directora y equipo periodístico fueron objeto de señalamientos que, según los firmantes, carecen de sustento y terminan alimentando un ambiente de estigmatización contra el ejercicio periodístico.

En el documento, los firmantes hacen una advertencia directa sobre lo que consideran una línea preocupante desde el poder. “Quienes suscribimos esta carta condenamos de manera firme y sin ambigüedades el uso de recursos públicos, de plataformas estatales y de vocerías oficiales para difundir acusaciones falsas contra un medio de comunicación independiente”, dice la misiva.

Más allá del caso puntual, el documento sostiene que lo ocurrido no puede leerse como una controversia editorial o una simple diferencia de criterios entre Gobierno y prensa. Para quienes respaldan la carta, se trata de un episodio que abre preguntas de fondo sobre el papel de los medios públicos y la responsabilidad institucional en la difusión de información.

Los firmantes consideran especialmente delicado lo sucedido con el equipo liderado por la periodista Juanita León, al asegurar que la narrativa construida en su contra partió de información incompleta y de piezas divulgadas fuera de contexto. “Lo ocurrido en los últimos días con La Silla Vacía, su directora, Juanita León, y su equipo periodístico, es particularmente grave”, se lee en el texto.

El pronunciamiento agrega que las acusaciones difundidas contra el medio fueron construidas con omisiones relevantes. “A partir de piezas fragmentarias y de la omisión de información decisiva, se construyó la acusación de que el medio haría parte de una estrategia para manipular la opinión pública y el proceso electoral. Esa imputación no resiste un examen mínimo de los hechos”, señala la carta.

Uno de los puntos que más inquietud generó entre académicos y periodistas fue la forma en que, según ellos, estas versiones fueron replicadas posteriormente por funcionarios públicos y por canales financiados con recursos estatales. “Estas acusaciones han sido amplificadas por funcionarios del gobierno, por el sistema de medios públicos y por canales financiados con recursos de todos los ciudadanos. No se trata de un error ni de una controversia editorial legítima, sino del uso del poder para estigmatizar a un medio independiente que ha ejercido durante años un periodismo crítico, riguroso y sin concesiones frente a todos los gobiernos”, añadieron.

El texto va más allá del episodio reciente y plantea que existe una tendencia más amplia en la relación entre sectores del poder y la prensa crítica. “Hace parte de una práctica más amplia y preocupante: una forma de entender la libertad de expresión como una libertad de una sola vía. Desde el poder y desde sectores que lo respaldan, se ataca de manera reiterada e injustificada a los medios independientes, al tiempo que se pretende ocupar el lugar de víctima del escrutinio”.

Los firmantes advierten que el contexto electoral aumenta la sensibilidad de este tipo de episodios, pues podría afectar la confianza ciudadana en las instituciones y debilitar las garantías democráticas.

“Este gesto es profundamente antidemocrático”, dice la carta. Además, subraya: “Que estos ataques se produzcan en medio de un proceso electoral introduce un elemento adicional de preocupación: la pugnacidad permanente desde el poder erosiona las garantías que el propio gobierno está llamado a proteger, debilita la confianza en las instituciones y afecta las condiciones de deliberación pública en las que se sostiene la democracia”.

El cierre del documento pone el foco en las consecuencias que, según los firmantes, este tipo de episodios ya está generando en las redacciones del país. “Las consecuencias son concretas: intimidación a redacciones, afectación del buen nombre de periodistas y deterioro de las condiciones para el ejercicio libre del periodismo en Colombia. Frente a ello, la defensa de principios básicos —el pluralismo, la tolerancia, el respeto por la crítica y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y contextualizada— no admite ambigüedades”.

Entre quienes respaldan el documento aparecen nombres como Héctor Abad Faciolince, Félix de Bedout, Noemí Sanín, Moisés Wasserman, Antonio Navarro Wolf y José Antonio Ocampo, entre otras figuras del debate público nacional.