Alcalde de Popayán es investigado por presunto “bloqueo” a concurso de 407 cargos: estalló disputa por recursos y proceso de méritos

La Procuraduría General de la Nación confirmó la apertura de una investigación contra el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, por el presunto bloqueo a un proceso de selección destinado a proveer 407 empleos de carrera administrativa.

El expediente se conoce tras la actuación previa de la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc), que ya había iniciado un proceso sancionatorio por la falta de avances en la convocatoria.

El caso se remonta a la estructuración de un concurso de méritos en Popayán, una ciudad con más de 300.000 habitantes que no realiza este tipo de procesos desde hace 21 años. El objetivo de la convocatoria es proveer 407 cargos que actualmente se encuentran ocupados en provisionalidad dentro de la planta de personal de la administración municipal.

De acuerdo con la información oficial, la alcaldía apropió en febrero de 2026 cerca de $1.500 millones para financiar el proceso, aunque el costo total estimado ronda los $2.000 millones. Sin embargo, esos recursos no han sido transferidos a la Cnsc, lo que ha impedido avanzar en la ejecución del concurso.

En el marco del proceso de planeación iniciado en marzo de 2024, la Cnsc solicitó documentos esenciales como manuales de funciones actualizados y soportes técnicos para estructurar la convocatoria. La entidad concluyó posteriormente que la información entregada por el municipio no ha sido suficiente ni consistente para continuar con el proceso.

En ese contexto, la Cnsc advirtió posibles incumplimientos normativos y remitió el caso a los órganos de control disciplinario. Además, señaló que el comportamiento de la administración podría contravenir principios de la función pública establecidos en la Constitución y en la Ley 909 de 2004.

Investigación disciplinaria y defensa del alcalde

En la decisión del ente de control se indicó: “ordenar la apertura de una investigación disciplinaria en contra del señor Juan Carlos Muñoz Bravo (…) quien para la época de los hechos se desempeña como alcalde municipal de Popayán (Cauca), conforme a los hechos estimados en precedencia y en atención a las presuntas irregularidades por incumplimiento de las normas que rigen la carrera administrativa”.

La Procuraduría otorgó un plazo de 10 días a la Alcaldía de Popayán para remitir documentación relacionada con el proceso, incluyendo certificaciones laborales, manuales de funciones y registros de personal.

Por su parte, el alcalde ha defendido públicamente su posición frente a la convocatoria. En declaraciones ante el Concejo municipal afirmó: “Girar estos dineros es sacar a la calle, sin ninguna planificación, a 400 personas”, en referencia al impacto que, según su argumento, tendría el reemplazo de funcionarios provisionales actualmente vinculados a la administración.

Impacto institucional y debate sobre empleo público

El proceso involucra una estructura administrativa en la que la Alcaldía de Popayán cuenta con 553 cargos, de los cuales 516 pertenecen a carrera administrativa. A estos se suman más de 2.000 contratistas vinculados mediante prestación de servicios, según información sindical.

El caso también ha generado intervenciones de otros actores institucionales. Un grupo de 24 trabajadores provisionales solicitó a las contralorías General de la República y municipal evaluar un posible detrimento patrimonial asociado a la destinación de recursos para el concurso, argumentando antecedentes de intentos previos sin ejecución.

En 2018, según esos mismos reportes, se habrían transferido $136,5 millones para un proceso similar que no llegó a materializarse, lo que ha sido incorporado como antecedente en las revisiones actuales.

La Cnsc, además del proceso sancionatorio, ha advertido que el incumplimiento de obligaciones podría derivar en sanciones económicas de hasta 25 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a aproximadamente $43,7 millones.

Mientras avanzan las investigaciones de la Procuraduría y la Cnsc, el caso permanece en etapa de recolección de pruebas, con solicitudes formales de información dirigidas a la administración municipal para esclarecer la situación administrativa y financiera del proceso de selección.