Gobierno Petro pidió desvincular los precios de vivienda social del salario mínimo: “Distorsión en el mercado”

El Gobierno colombiano advirtió sobre una creciente distorsión en los precios de vivienda de interés social, instando a que no se vinculen automáticamente a los aumentos del salario mínimo y exigiendo una fijación de valores basados en los costos reales de construcción.

Con el objetivo de evitar que las familias vulnerables queden excluidas de la posibilidad de acceder a una vivienda digna debido a incrementos injustificados, El Ministerio de Vivienda implementó desde 2024 nuevas normativas para que los inmuebles de este segmento se oferten exclusivamente en pesos fijos, aunque la entrega de las unidades esté proyectada a varios años en el futuro.

La funcionaria aclaró que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) establece un tope para la vivienda de interés social expresado en salarios mínimos, pero que esta referencia no debe traducirse en un incremento automático de precios cada vez que el salario mínimo se actualice.

Según subrayó Marsiglia, los valores finales de casas y apartamentos del segmento VIS deben obedecer únicamente a “los costos reales de construcción y una utilidad razonable para las empresas”, rechazando los aumentos sin justificación técnica.

Así mismo, añadió que esto obedece a una “distorsión en el mercado de vivienda de interés social”.

El Ministerio, de la mano de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), emitió en 2024 regulaciones que exigen que el precio de la vivienda de interés social sea expresado exclusivamente en pesos, sin ataduras al salario mínimo, para dar mayor certeza a los compradores y protegerlos de incrementos imprevistos.

La funcionaria insistió: “Desde el Ministerio, junto con la Superintendencia de Industria y Comercio, hemos emitido normativa para recordarles a las familias que la vivienda debe expresarse en pesos fijos, independientemente de que la entrega se vaya a hacer en tres o cuatro años”.

Aunque desde el Gobierno se reconocen avances en la aplicación de estas normas, la viceministra alertó que persisten riesgos para las familias más pobres.

La reducción en el tamaño y la calidad de las viviendas es una tendencia creciente, incluso en regiones donde el valor de la tierra no representa un componente relevante en el costo final del inmueble—indicó Marsiglia Bello durante su intervención en un evento realizado en el departamento de Risaralda.

Esta situación, advirtió la cartera de Vivienda, estaría excluyendo a las familias con mayores necesidades sociales mientras los principales beneficiados de la especulación y el alza de precios son mayoritariamente inversionistas.

El llamado, sostuvo la viceministra, es a la responsabilidad social del sector constructor para garantizar precios justos y que las medidas traducidas en regulación se reflejen realmente en un acceso amplio a la vivienda digna para las familias colombianas más vulnerables.

La decisión de exigir precios fijos en pesos para la vivienda de interés social busca proteger a los compradores de ampararse en incrementos periódicos del salario mínimo como justificación para encarecer los inmuebles, y pretende corregir una distorsión del mercado que amenaza la misión social de la política habitacional nacional.

Las restricciones en subsidios y la disminución de ventas afectan acceso a vivienda en Colombia

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto destinado a contener el aumento en los precios de la Vivienda de Interés Social (VIS) en Colombia, buscando establecer un tope de 135 salarios mínimos y fijar el valor del inmueble en pesos colombianos desde el inicio de cada transacción.

Este intento de regulación coincide con un período de marcada desaceleración en el sector, que ha visto reducirse drásticamente tanto la posibilidad de compra de los hogares de menores ingresos como el volumen de ventas totales.

Por su parte, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, propuso durante el Foro de Vivienda que el país adopte una estrategia para desarrollar un millón de viviendas entre 2026 y 2030, una meta orientada a revertir la actual contracción y déficit habitacional.

De acuerdo con Malagón, Colombia llegó a registrar ventas anuales récord de 250.000 unidades hace pocos años, mientras que actualmente esa cifra apenas alcanza las 150.000 viviendas, distante de las estimaciones previas que aventuraban 300.000 ventas para 2025.

La caída en el ritmo de ventas tuvo un correlato directo en la oferta de subsidios oficiales. Malagón indicó que, pese a la meta trazada en el Plan Nacional de Desarrollo de asignar 200.000 subsidios entre 2022 y 2026, durante el año 2025 no se adjudicó ninguno y, en los meses transcurridos de 2026, tampoco se registraron nuevas asignaciones.

El dirigente gremial puntualizó: “No solo se está incumpliendo la meta, sino que son 100.000 hogares que no lograrán el cierre financiero para cumplir el sueño de tener una vivienda”.

La reducción en el acceso a subsidios se reflejó en un alza pronunciada de los desistimientos de compra: el 76% de las ventas pactadas se cancelaron en el segundo semestre de 2023, dato destacado por Malagón.

Este fenómeno impactó sobre todo a los sectores de menores ingresos, que históricamente fueron los principales beneficiarios de los planes VIS, que antes representaban el 78% de la comercialización inmobiliaria y hoy apenas alcanzan el 56%. Colombia enfrenta un déficit habitacional estimado en el 26%.

Según la proyección de Jonathan Malagón, la construcción de un millón de viviendas durante el próximo gobierno permitiría llevar ese indicador a niveles inferiores al 20 %, contribuyendo también a que la profundización del crédito de vivienda —estancada en torno al 8%— avance hacia valores del 11%.

El dirigente planteó que el logro de este objetivo exige una reforma integral, con la participación del Gobierno y toda la cadena de valor del sector.

Entre los mecanismos propuestos figuran el subsidio a la demanda, incentivos al ahorro y ajustes regulatorios que habiliten modelos innovadores como el senior living, aún incipientes en el mercado colombiano.