Desde La Guajira, el presidente Gustavo Petro volvió a poner sobre la mesa una de sus propuestas más polémicas al afirmar que convocará una asamblea nacional constituyente. El anuncio surgió durante su intervención en el ‘Encuentro Popular Economía para la Vida’, realizado en San Juan del Cesar, el 30 de abril, donde el mandatario habló ante comunidades y organizaciones sociales del departamento.
La jornada presidencial en este municipio se centró en la economía popular y en la puesta en marcha de un Punto de Abastecimiento Solidario -espacios creados por el Gobierno de Colombia para enfrentar el hambre y apoyar la economía de las comunidades-.
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El recorrido inició con la visita a esta infraestructura entregada por el Gobierno nacional a familias de la región y a poblaciones cercanas, con el propósito de fortalecer el acceso a bienes básicos y dinamizar el intercambio local.

Petro habla de la manera en que quiere atacar la corrupción desde la Constitución
Después, la actividad se trasladó a la Plaza Santander y en este escenario, Petro retomó su planteamiento sobre una eventual reforma de mayor alcance institucional: “De verdad, la corrupción, que viene del sistema político, si a un guajiro, a una familia guajira le dicen: ‘Yo le entrego aquí estos galones de agua que vienen en este carrotanque, pero usted tiene que votar por este señor’, que no es una política libre, sino una política de esclavos y de esclavistas”.
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El mandatario afirmó que esas conductas, según su visión, no se reducen a hechos puntuales, sino que se repiten en varios niveles del Estado. Como ejemplo, el escándalo de corrupción que afectó a su administración en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), caso que llevó a procesos judiciales y a la detención de varios funcionarios de alto rango, precisamente en La Guajira.
“Aquí apareció incluso en nuestro gobierno de alrededor de la compra de los carrotanques. Pero no solo aparece ahí, aparece en cada esquina de cualquier intento de ayudar a la población”, afirmó.

Petro insistió en que el manejo de los recursos públicos enfrenta estructuras que terminan por desviar su destino; en su intervención sostuvo que “siempre hay vampiros, porque siempre hay zulos esperando el mortecino del dinero popular para echárselo al bolsillo y robárselo”, en referencia a redes de corrupción que, según dijo, afectan la ejecución de políticas sociales.
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El jefe de Estado también aclaró que su propuesta de una asamblea nacional constituyente no apunta a reemplazar la Carta Magna: “Yo lo que quiero invitar a Colombia no es a cambiar la Constitución de 1991. En general, casi toda esa Constitución es democrática y favorable a una Colombia mejor”.
El presidente habla de los “dos grandes capítulos” que busca agregar a la Constitución
En cambio, planteó la posibilidad de incorporar dos capítulos específicos al texto vigente: “Estamos hablando de añadirle a la Constitución actual dos grandes capítulos: el capítulo de las reformas sociales que no dejaron hacer en el Congreso de la República y el capítulo de la lucha anticorrupción”.

El primero de esos capítulos se refiere a las reformas sociales que, según el mandatario, no lograron avanzar en el Congreso de la República. En su intervención, sostuvo que estos cambios requieren un respaldo más sólido dentro de la estructura constitucional, con el fin de garantizar su aplicación y evitar bloqueos políticos que, en su criterio, impidieron su desarrollo.
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El segundo eje propuesto por el jefe de Estado gira en torno a la lucha contra la corrupción. Petro lo describió como un frente necesario para enfrentar prácticas que afectan el uso de los recursos públicos. La idea, según dijo, apunta a establecer mecanismos más fuertes que permitan cerrar espacios a estas conductas y consolidar medidas que contribuyan a erradicarlas de manera definitiva.
Aunque la propuesta puede resultar atractiva en el plano teórico, desde sectores de oposición surgen reparos desde que se conoció esta idea en 2024. Varios líderes sostienen que, pese a que el Gobierno presenta la iniciativa como un “acuerdo nacional” y afirma que no pretende sustituir la Constitución, sí implicaría una intervención sobre el texto vigente.
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En esa línea, la oposición advierte que una modificación de este tipo podría afectar los derechos de los ciudadanos. También expresa preocupación por el alcance político de la medida, al considerar que abrir ese camino podría facilitar cambios orientados a la prolongación del poder, no tanto desde lo formal, sino en el terreno ideológico.
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