
El Concejo de Bogotá abrió un debate de alcance nacional sobre el futuro de las exenciones tributarias para el deporte profesional en la ciudad a raíz del Proyecto de Acuerdo 304 de 2026.
La iniciativa, impulsada por la Administración distrital, propone eximir del impuesto de Industria y Comercio (ICA) y de las estampillas distritales a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), condicionando el beneficio a la realización de eventos en Bogotá hasta el año 2036. La medida es defendida como un instrumento para atraer partidos de la selección Colombia y torneos de alto nivel a la capital, pero enfrenta críticas por la falta de claridad, equidad y control en su implementación.
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Un debate de fondo: ¿beneficio para el deporte o estímulo selectivo?
El concejal Leandro Castellanos, exfutbolista y reconocido como “el concejal del deporte”, respaldó la idea de incentivar grandes eventos deportivos en Bogotá, pero fue enfático en que los beneficios no pueden concentrarse solo en el fútbol.
Castellanos cuestionó la ausencia de respuestas fundamentales en el proyecto: ¿Cuál será el beneficio real para la ciudad? ¿Cómo se compensarán los ingresos tributarios dejados de percibir? ¿Qué mecanismos de control y seguimiento se implementarán? ¿Qué contraprestaciones asumirá la FCF? ¿Existe una planeación real de eventos durante los próximos 10 años o se trata de un incentivo sin sustento?
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“El apoyo al deporte no puede limitarse a una sola disciplina. Si hablamos de política pública, debemos hablar de equidad entre todas las disciplinas”, subrayó, al tiempo que llamó a construir reglas claras, transparencia y responsabilidad fiscal en la toma de decisiones. “No podemos aprobar beneficios por una década sin una hoja de ruta clara (...) ¿beneficio para el deporte o un cheque en blanco por 10 años?"
El concejal reiteró que los incentivos deben ampliarse a otros deportes como porrismo, atletismo, ciclismo, natación, baloncesto, voleibol, judo, patinaje, levantamiento de pesas y tenis, para consolidar una política integral y transparente, con reglas de juego justas para todas las federaciones y deportistas.
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Posturas encontradas: impacto fiscal, equidad y desarrollo
La Secretaría de Hacienda explicó que la medida no generaría pérdida de recaudo, ya que la FCF no tributa actualmente en Bogotá al no realizar eventos en la ciudad. La proyección oficial estima ingresos indirectos de cerca de $19.000 millones por evento en turismo, hotelería, transporte y comercio. Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, afirmó que el objetivo es hacer a Bogotá más competitiva frente a ciudades como Barranquilla y Medellín en la disputa por partidos de la Selección Colombia.
Sin embargo, varios concejales de distintos partidos expusieron dudas sobre el alcance y la pertinencia de los beneficios. Germán García (Partido Liberal) sostuvo que el principal obstáculo para atraer partidos no es tributario sino de infraestructura, y señaló que El Campín no cumple las condiciones técnicas de otros estadios.
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Heidy Sánchez (Pacto Histórico) advirtió sobre la posible pérdida de ingresos relacionada con la concesión del estadio y cuestionó la necesidad de otorgar exenciones a una federación con fuerte respaldo económico. Donka Atanassova (Pacto Histórico) propuso ampliar el enfoque a otras disciplinas y economías populares, mientras que José Cuesta (Pacto Histórico) planteó que, si se otorgan beneficios a una entidad privada, deben exigirse contraprestaciones sociales para el deporte comunitario.

En contraste, concejales como Juan Manuel Díaz y Jesús David Araque (Nuevo Liberalismo) citaron el caso de Barranquilla, donde estos eventos generan retornos de hasta 70 millones de dólares por temporada, e impactos superiores a $192.000 millones en Bogotá, dinamizando los sectores de hotelería, comercio y transporte. Marco Acosta (Colombia Justa Libres) y Sandra Forero (Centro Democrático) respaldaron la iniciativa como una apuesta para el desarrollo económico y el posicionamiento internacional de la ciudad.
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¿Cheque en blanco por 10 años?
El proyecto, que exime de impuestos y estampillas a la FCF hasta el 31 de diciembre de 2036, fue criticado por varios cabildantes por la falta de planeación de eventos, control fiscal y contraprestaciones claras. La concejala Rocío Dussán (Colombia Humana – Pacto Histórico) y Óscar Bastidas (Mais) propusieron incluir un enfoque étnico y ampliar el proyecto a otras disciplinas para consolidar a Bogotá como capital deportiva.
La sesión fue suspendida y continuará en la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público, en medio de la expectativa por si el proyecto se convertirá en un estímulo efectivo para el deporte o en un cheque en blanco para una sola federación.
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