Procuraduría exigió investigación penal contra líderes embera por uso de niños como escudos humanos en protestas en Bogotá

La Procuraduría General de la Nación solicitó el jueves 30 de abril de 2026 la apertura de una investigación penal contra un grupo de miembros de la comunidad indígena embera, tras la difusión de imágenes en las que se les observa utilizando a niños como escudos humanos durante un enfrentamiento con la Policía en Bogotá. Este caso, que causó indignación nacional, ameritó un duro pronunciamiento del ente de control disciplinario.

Las imágenes difundidas muestran a adultos de esta población llevando de la mano a menores de edad y ubicándolos al frente de la primera línea durante un enfrentamiento con los efectivos policiales. La situación se registró en vías públicas de la capital de la República, específicamente frente al Ministerio del Interior, donde se desarrollaban manifestaciones de la comunidad en reclamo de reivindicaciones sociales.

“Solicito adelantar con máxima celeridad las investigaciones penales correspondientes, para individualizar y sancionar a los responsables de promover estas conductas, con el fin de salvaguardar de inmediato la integridad, la protección y el desarrollo armónico de los menores de edad indígenas afectados”, expresó el titular de la entidad, Gregorio Eljach Pacheco, en una misiva enviada al ente acusador.

El hecho provocó reacciones desde diferentes sectores, incluido el presidente de la República, Gustavo Petro, que expresó en su cuenta de X su rechazo ante lo sucedido. “Esto no lo admito. Los niños y las niñas son primero en la sociedad”, escribió el primer mandatario en su perfil, en una publicación que acompañó de las imágenes en cuestión, lo que alimentó la discusión sobre la violación de los derechos de los menores.

Procurador general pidió a la Fiscalía ir “hasta las últimas consecuencias”

En vista de la gravedad de la situación, el jefe del Ministerio Público envió una carta a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, en la que solicitó la apertura de una investigación penal para individualizar a los responsables. En el documento, Eljach denunció lo que para él es “la inaceptable instrumentalización de niños pertenecientes a dicha comunidad”, que también retuvieron por siete horas a funcionarios del Gobierno.

Según la Procuraduría, los menores “fueron sometidos a un riesgo inminente para su vida e integridad física, al ser utilizados por adultos como instrumentos de coacción y escudos humanos con el fin de afianzar sus reivindicaciones sociales, permaneciendo expuestos en las vías públicas en un estado de grave vulnerabilidad, derivado de esta dinámica”. Por tal motivo pidió la pronta intervención de la Fiscalía.

Es válido destacar que, si bien las comunidades indígenas cuentan con jurisdicción propia para asuntos judiciales internos, a juicio del procurador, exsecretario del Congreso, la Fiscalía General de la Nación debe intervenir por la gravedad de los hechos en mención: en los que se expuso la integridad de los menores al ser utilizados como protección de los manifestantes, lo que contraviene los derechos de los niños.

“Esta conducta constituye una flagrante vulneración del principio del interés superior de los menores de edad y contraviene de manera directa lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1098 de 2006”, enfatizó Eljach, al hacer énfasis en este último punto al Código de Infancia y Adolescencia, en el que se tipifican las acciones que afectarían la integridad de los menores usados en estas protestas.

En el documento enviado por el procurador a la fiscal se agregó que el uso de menores en manifestaciones, “se encuentra tipificado como un delito en el Código Penal, el cual sanciona el uso de menores de edad para la comisión de delitos, configurando una grave violación a los derechos humanos de la niñez, que no puede ser justificada bajo ninguna circunstancia”. De esta manera, se espera avance en las investigaciones.

Por último, el procurador reiteró que “la instrumentalización de menores de edad en manifestaciones o alteraciones del orden público” no puede considerarse, en este caso, legítima, “bajo ninguna circunstancia” y debe ser sancionada conforme a la ley. Por ello, la entidad instó a la Fiscalía a intervenir de inmediato para evitar que se repitan hechos similares y proteger a los menores involucrados en estos sucesos.