Jorge Iván Ospina respaldó la propuesta de Gustavo Petro y pidió cancelar las licencias a EPS incumplidas: “Se había demorado”

El interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, respaldó la propuesta del presidente Gustavo Petro de cancelar las licencias a las EPS que no cumplan su función.

“Se había demorado”, afirmó, al cuestionar que entidades encargadas de proteger la vida continúen operando pese a fallas en la prestación de servicios.

La declaración se da en medio de la crisis estructural del sistema de salud y tras la llegada de Ospina a la intervención de la Nueva EPS, que hoy atiende a cerca de 11 millones de afiliados.

El funcionario asumió el cargo con un plazo de cinco meses para mostrar resultados, bajo una estrategia centrada en dignificar, sanear, capitalizar y transparentar la entidad.

Uno de los compromisos inmediatos es la entrega de los informes financieros de 2024 antes de finalizar mayo. Según explicó al medio Semana, actualmente se adelanta un proceso de registro contable que permitirá también acelerar la consolidación de las cifras de 2025. Aunque recibió un acta de empalme del anterior interventor, indicó que aún no ha sostenido una reunión directa con él.

Sobre la situación financiera, Ospina se refirió a la deuda estimada en casi 10 billones de pesos por la Contraloría, señalando que el monto ha venido reduciéndose.

No obstante, aclaró que solo podrá ofrecer una cifra exacta cuando estén listos los soportes documentales derivados de los informes contables.

La crisis también se ha reflejado en la relación con prestadores de salud. El interventor mencionó el caso del Instituto Nacional de Cancerología, con el que recientemente hubo tensiones que, según dijo, obedecieron a problemas de forma y ya fueron superados.

Asimismo, reconoció que aún no logra reunirse con todos los hospitales que han dejado de recibir pacientes de la EPS, aunque mantiene diálogos con actores en Antioquia, Caldas, Valle del Cauca y Bogotá.

En paralelo, el nombramiento de Ospina enfrenta un proceso en la Procuraduría General de la Nación, que abrió una investigación disciplinaria por su designación.

Frente a esto, insistió en que la solución pasa por establecer cuentas claras, auditadas y sin intermediarios, lo que permitiría acuerdos de pago regulares y servicios “óptimos y al costo adecuado”. Incluso, anticipó que buscarán descuentos con los prestadores dentro de esas negociaciones.

Sobre el futuro del sistema, el interventor advirtió que Colombia enfrenta una crisis estructural con dos posibles salidas: un rediseño consensuado desde instancias como el Congreso o un colapso que obligue a una reforma profunda, escenario que considera indeseable.

En cuanto a la posibilidad de que se retiren licencias a EPS, reiteró que la Nueva EPS estaría en capacidad de recibir nuevos afiliados de manera progresiva si otras entidades salen del sistema, siempre que se garantice una transición ordenada.

El caso de Kevin Acosta, menor afiliado fallecido recientemente, también fue abordado por el interventor. Ospina sostuvo que será la evidencia científica la que determine lo ocurrido, en referencia al proceso que adelanta Medicina Legal, y subrayó que la transparencia es clave para esclarecer responsabilidades y garantizar confianza en el sistema.

Sin embargo, su gestión enfrenta un nuevo frente judicial. Un juzgado en Bogotá ordenó cinco días de arresto y una multa contra Ospina por desacato a una tutela que exigía el reembolso de un insumo médico a una paciente. La decisión, adoptada por la jueza Catalina Piedrahita Gutiérrez, determinó que la entidad no cumplió con la orden emitida en diciembre de 2025.

El caso involucra a Luz Mila Ferreira, quien tuvo que asumir el costo de un “stent redireccionador de flujo” por más de 62 millones de pesos ante la falta de respuesta de la EPS. Aunque un juzgado había ordenado el reembolso en un plazo de 72 horas, la Nueva EPS incumplió durante más de cuatro meses, lo que derivó en sanciones contra su actual interventor.

La sentencia establece que Ospina deberá cumplir el arresto en el lugar que determine el juzgado y pagar una multa equivalente a cinco salarios mínimos. Además, se ordenó el pago inmediato a la demandante y se compulsaron copias a la Superintendencia de Salud para evaluar posibles sanciones adicionales contra la entidad.

El fallo también precisa que, aunque la orden inicial fue emitida antes de la llegada de Ospina a la intervención, al asumir el cargo adquirió la responsabilidad sobre los procesos en curso. El expediente será revisado por el Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá la última palabra sobre las sanciones impuestas.