Dudas sobre la mina Mandinga: hay permisos vigentes, pero Ejército señala extracción ilegal por parte de 2.000 individuos

Tras la denuncia realizada por The New York Times en la que se afirma que hay una mina ilegal en la que delincuencia tiene respaldo de las autoridades para poder extraer oro que luego es comercializado y presentado en reconocidos lugares de Estados Unidos, el Gobierno colombiano anunció el inicio de una investigación que hasta el momento no ha esclarecido nada de lo expuesto.

Cabe recordar que el informe del medio citado afirma que la mina está ubicada a pocos metros de una base militar y que habría presencia de hombres del Clan del Golfo; sin embargo, Corantioquia se pronunció para desmentir esto.

A través de un comunicado de prensa, la entidad afirmó que hay un territorio ubicado en la zona señalada en la que funciona una mina legal, que contaría con los permisos requeridos para las labores que se adelantan allí.

Corantioquia mencionó que el predio estaría ubicaod en la vereda Río Man, en Cáceres, en donde habría proyectos en La Mandinga, sitio mencionado en el informe, con una licencia ambiental que le fue otorgada a la empresa encargada de la explotación de oro y plata a un kilómetro del batallón en 2022.

En segundo lugar, se menciona un polígono que estaría siendo tramitado en la actualidad y no cuenta con licencia ambiental aprobada, que sería el denunciado por The New York Times, puesto que no hay aprobación ambiental para llevar a cabo actividades mineras en la zona.

La entidad ambiental afirma que desde 2011 informó a la Agencia Nacional de Minería, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República sobre situaciones asociadas a la actividad minera en la zona.

Si bien las condiciones de orden público que históricamente han afectado al Bajo Cauca antioqueño generan obstáculos, Corantioquia aseguró que ha mantenido labores de seguimiento, control y articulación interinstitucional, por lo que pidió fortalecer la articulación institucional y la presencia del Estado en la zona e invitó a los mineros a avanzar en procesos de formalización para evitar ser judicializados.

Las denuncias del Ejército en la zona

Antes del comunicado de Corantioquia, el Ejército se pronunció al respecto al afirmar que entre 2.000 y 2.500 personas se dedican a la minería en un predio gestionado por el Fondo de Reparación a Víctimas, en donde se investiga si hay algún tipo de solicitud sobre amparo administrativo ante la invasión de mineros ilegales, resaltando que este trámite le corresponde a la administración local.

Por su parte, la corporación responsable del área informó que el proyecto Mina Mandinga, identificado con la placa ODH-08201, dispone de una licencia ambiental temporal otorgada en 2022.

Sobre la autorización, como lo confirmó Corantioquia, sería para la explotación de oro y plata, como parte de un proceso de formalización minera que cumplió con los requerimientos técnicos, jurídicos y ambientales establecidos por la normativa vigente.

Por otra parte, la denuncia del Ejército menciona que en la región hay intervención de mineros informales, lo que ha generado investigaciones administrativas y procedimientos de verificación sobre la legalidad de las actividades extractivas.

Las autoridades locales y nacionales revisan los registros de amparo administrativo para identificar los mecanismos legales aplicables en la protección del predio frente a la minería ilegal y la identificación de los trabajadores formales e informales, sobre los que no hay claridad de su ubicación por el momento.

Lo último que se informó al respecto es que el proceso de formalización minera continúa sujeto a la supervisión de las entidades ambientales y reguladoras, que evalúan el cumplimiento de los requisitos exigidos para la explotación de recursos minerales en la zona.