Escándalo en la Ungrd: Interpol negó emitir nueva circular roja contra Carlos Ramón González, prófugo en Nicaragua

La Interpol confirmó que no emitirá una nueva circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y extitular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), lo que permitirá que el funcionario investigado por corrupción se desplace por el mundo sin restricciones, a excepción de Colombia; en donde es requerido por la Fiscalía General de la Nación.

Según Noticias RCN, la organización fundamentó su decisión en la estricta prohibición de intervenir en casos de carácter político, una excepción registrada en el artículo 3 de su estatuto, según el oficio GS-2026-048826. Es decir que el exfuncionario, que continúa bajo tutela del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que le otorgó asilo político, tendrá libertad de salir del país centroamericano sin riesgo de captura.

Actualmente, González permanece protegido en Managua, una condición que el Comité de Interpol consideró determinante para desechar la petición de captura internacional planteada por el ente acusador colombiano: que le imputó cargos por su presunta participación en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), al ser presunto determinador de sobornos.

De acuerdo con la información del referido medio, el organismo consultó su reglamento y, en palabras del documento oficial, “está rigurosamente prohibida a la organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”; una línea que fue utilizada por la comisión para eliminar toda referencia previa sobre el exfuncionario del Gobierno Petro en sus registros.

En consecuencia, la decisión significa que González, señalado como presunto autor intelectual de una organización criminal, en la que habría ordenado el pago de al menos $4.000 millones a los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, solo tendrá la orden de captura vigente en el país y no habrá forma de impedir su libre movilización por el resto del mundo, en su condición de asilado.

Cabe destacar que la circular roja, instrumento clave para la localización y detención transnacional, dejó de tener vigencia para su caso en el resto del mundo desde el pasado 7 de abril, según lo informado por la Secretaría General de Interpol en el comunicado remitido a la Dijín. En aquella jornada se informó que la decisión tuvo soporte en que la solicitud de Colombia contenía información reservada del personaje.

Con ello, la Interpol consideraría que emitir de nuevo una circular roja, solicitada por la fiscalía colombiana, sería una especie de persecución política contra González, motivo por lo que lo excluyó de sus mecanismos de alerta y detención internacional. De esta manera, parece cerrarse la posibilidad de que el prófugo de la justicia nacional retorne al país para que responda por los cargos endilgados.

Interpol cerró la vía internacional para la captura de Carlos Ramón González

El 2 de abril, la Fiscalía General de la Nación reiteró la solicitud para que Interpol emitiera una nueva circular roja por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos. El pedido, sin embargo, fue negado, tal como detalló Noticias RCN, bajo el argumento de que la protección internacional de asilo político ampara al investigado y excluye el caso del ámbito operativo del organismo internacional de justicia.

“En consecuencia, la comisión ha decidido que estos datos sean eliminados”, se leyó en el documento emitido por la Organización Internacional de Policía Criminal, en una medida que cancela cualquier notificación internacional para la localización o detención de González fuera del territorio colombiano. Pese a que existiría copiosa evidencia de su participación en el megacaso de corrupción en la Ungrd, destapado en 2024.

González está señalado como el presunto cerebro de una organización criminal envuelta en el escándalo de la unidad. El caso habría incluido reuniones en la Casa de Nariño y en un tramo de la investigación, se le atribuyó la orden de entregar el consabido soborno a los extitulares del Congreso, hoy privados de la libertad por este caso, debido a que habrían obtenido $3.000 millones y $1.000 millones, respectivamente.

Pese al rechazo internacional, la fiscalía mantiene su acusación formal e intentará llevar a juicio al exdirector del Dapre, que era considerado un hombre cercano al primer mandatario, pues se conocen desde su militancia en el M-19. No obstante, el que no exista circular representa una ventaja sustancial para el acusado, que permanecerá fuera del alcance de la justicia colombiana mientras permanezca fuera del país.