Ministerio de Defensa descartó explotación minera del Clan del Golfo dentro de unidad militar en Caucasia

El Ministerio de Defensa de Colombia descartó que el Clan del Golfo realice explotación minera en instalaciones militares del Bajo Cauca antioqueño, tras una inspección liderada por el ministro Pedro Sánchez Suárez en la zona.

La visita respondió a informes que circulaban sobre supuestas actividades ilícitas de extracción de oro dentro del Batallón Rifles, en el municipio de Caucasia. Durante la verificación, el titular de la cartera de Defensa, acompañado por autoridades civiles, militares y equipos técnicos, aseguró que el Gobierno Nacional mantiene el control institucional y supervisa el cumplimiento de la ley en el área.

El funcionario subrayó que, tras revisar el terreno, no se halló evidencia de explotación minera del Clan del Golfo dentro de la unidad militar, contradiciendo versiones periodísticas y rumores recientes.

Según información recopilada y difundida por el ministerio, la inspección identificó actividades de extracción de oro a cargo de mineros artesanales, algunos asociados a La Mandinga, en terrenos colindantes con el Batallón Rifles, pero fuera de los límites militares.

Estos predios, bajo administración del Fondo para la Reparación de Víctimas, presentan operaciones mineras con maquinaria pesada, lo que ha generado afectaciones ambientales severas en el ecosistema local.

El ministerio señaló que se detectaron discrepancias entre los linderos oficiales registrados en Catastro y los que constan en escrituras públicas, situación que será objeto de una revisión jurídica y técnica para definir con precisión los límites del predio militar.

Medidas inmediatas y refuerzo de control institucional

El ministro Pedro Sánchez Suárez anunció que el Gobierno fortalecerá sus políticas y tomará decisiones inmediatas para garantizar el control y la transparencia en la zona. Entre las acciones implementadas se encuentra el inicio de una misión de trabajo por parte de la Inspección del Ejército Nacional, así como la verificación jurídica y técnica de los linderos del Batallón Rifles.

Además, se intensifica el control operacional, con la incautación y destrucción de maquinaria empleada en la minería ilegal, judicialización de responsables y coordinación con las autoridades ambientales y judiciales competentes.

El Ministerio de Defensa remarcó que la fuerza pública actúa bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y protección a la población civil, aplicando la fuerza exclusivamente en situaciones previstas por la ley y priorizando la protección de los derechos fundamentales.

“Estamos al frente de esta situación, actuando con evidencia, control institucional y decisiones firmes en territorio, para proteger el medio ambiente y a las comunidades, manteniendo la confianza de los colombianos en su fuerza pública”, afirmó Sánchez Suárez durante su visita.

Nuevos compromisos del Gobierno y articulación institucional

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de una estrategia integral, que incluye diálogo directo con líderes de La Mandinga para detener la minería no artesanal, y la implementación de medidas sociales, económicas, legales y de seguridad para enfrentar la problemática.

Estas acciones se desarrollan en la hoja de ruta establecida por la Mesa de Seguimiento del Bajo Cauca antioqueño, con compromisos y cronograma para abordar la minería ilegal.

El Ministerio de Defensa dispuso además las líneas nacionales 107 y 157 para recibir denuncias sobre actividades ilícitas o presencia de grupos criminales que representen un riesgo para la seguridad de las comunidades.

Minería ilegal y presencia de organizaciones criminales

El contexto regional evidencia que la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño involucra tanto economías de subsistencia como estructuras criminales. El Ejército Nacional, en un comunicado reciente, reconoció la existencia de entre 2.000 y 2.500 mineros ilegales en la finca La Mandinga, un terreno de aproximadamente 2.000 hectáreas bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y colindante con la base militar.

De acuerdo con la institución castrense, la actividad minera en la zona carece de título y protección legal, y ha provocado un “daño ambiental severo e irreversible”. El Ejército reportó desde 2022 estos hechos ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, reiterando su compromiso con la legalidad y la protección ambiental.

Las operaciones de la Séptima División han incluido la destrucción de maquinaria y equipos empleados en la actividad ilícita, así como la presentación de nuevas acciones penales contra responsables.

The New York Times documentó la magnitud de la operación minera en terrenos próximos al batallón, señalando que parte del oro extraído habría servido para financiar al Clan del Golfo y parte del metal habría llegado hasta la Casa de la Moneda de Estados Unidos.