Karen Manrique seguirá en la cárcel por corrupción en la Ungrd: Corte Suprema negó su solicitud de prisión domiciliaria

La Corte Suprema de Justicia decidió negar la solicitud de prisión domiciliaria presentada por la congresista Karen Manrique, investigada por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Con esta determinación, la legisladora deberá continuar privada de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra. En la misma decisión, la Sala de Instrucción dejó en firme el llamado a juicio contra Manrique y otros cinco políticos señalados de haber incurrido en el delito de cohecho impropio.

Durante la sesión, la Sala de Instrucción evaluó múltiples solicitudes relacionadas con el caso. Entre ellas, resolvió las recusaciones presentadas contra dos magistrados y dos conjueces que participaron en la decisión de llamar a juicio a los investigados. Todas las recusaciones fueron rechazadas, lo que permite que los funcionarios judiciales continúen vinculados al proceso.

De igual manera, el alto tribunal negó los recursos de reposición interpuestos por las defensas de algunos de los procesados, quienes buscaban la nulidad del expediente. La Corte determinó que “queda en firme el llamado a juicio” contra Karen Manrique, Wadith Manzur, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.

Además, se confirmó la orden de captura contra Manrique y Manzur, que figuran entre los principales señalados dentro del expediente. Aunque se esperaba que el caso pasara de inmediato a la Sala de Primera Instancia, la defensa de la congresista aún cuenta con un plazo para interponer nuevos recursos.

Karen Manrique se entregó a las autoridades el 11 de marzo de 2026 en el municipio de Tame, Arauca, luego de que la Corte Suprema ordenara su captura inmediata. Ese mismo día también fue emitida una orden contra el congresista Wadith Manzur.

El proceso judicial se enmarca en una investigación sobre un presunto esquema de sobornos para favorecer operaciones de crédito público. Según las autoridades, estas gestiones habrían derivado en la asignación irregular de contratos en distintas regiones del país.

El caso comenzó a tomar relevancia pública en febrero de 2024, tras denuncias relacionadas con sobrecostos en la compra de 40 carrotanques destinados a suministrar agua en La Guajira. Posteriormente, la investigación avanzó con la confesión de Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, que declaró la existencia de un entramado de pagos indebidos que involucraría a funcionarios y congresistas.

El rol de Manrique y Manzur en el entramado

Las pesquisas sobre Karen Manrique y Wadith Manzur se remontan a diciembre de 2023, cuando ambos participaron en reuniones junto a otros integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en el Ministerio de Hacienda. Estos encuentros, documentados entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre, habrían tenido como propósito avalar créditos internacionales a cambio de beneficios contractuales.

Según el expediente, las pruebas incluyen más de 50 documentos y al menos 10 testimonios. La Sala de Instrucción sostiene que estos elementos “acreditarían la supuesta utilización de funciones legislativas para recibir beneficios”.

En el caso específico de Manrique, la investigación indica que habría aceptado promesas remuneratorias y realizado seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. Entre las evidencias se mencionan comunicaciones y registros en documentos personales de funcionarios vinculados al caso.

También se señala que entre el 11 y el 15 de diciembre de 2023, la congresista entregó contactos regionales en Saravena, Arauca, para facilitar la ejecución de proyectos relacionados con los compromisos adquiridos. En una reunión sostenida el 11 de diciembre con una asesora del Ministerio de Hacienda, la investigación indica que Manrique solicitó igualdad en la distribución de beneficios y celeridad en los trámites.

En mayo de 2024, Sneyder Pinilla declaró ante la justicia y señaló directamente a varios congresistas, entre ellos Manrique y Manzur, como partícipes en el esquema de sobornos. A partir de estas declaraciones, la Fiscalía recibió copias del expediente que ampliaron el alcance de la investigación.

Posteriormente, entre julio y agosto de 2024, se formalizó la inclusión de otros congresistas en el proceso, mientras se recababan testimonios adicionales. Entre ellos, el de una exasesora del Ministerio de Hacienda que confirmó reuniones con algunos de los implicados.

Las autoridades también documentaron que entre enero y febrero de 2024 se realizaron múltiples comunicaciones para hacer seguimiento al avance de contratos en distintas regiones, lo que forma parte de las evidencias analizadas en el expediente. En diciembre de 2024, tanto Manrique como Manzur comparecieron ante la Corte Suprema y presentaron su renuncia a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en medio del desarrollo de las investigaciones.

El caso continúa en etapa previa al juicio, mientras las decisiones adoptadas por la Corte Suprema mantienen las medidas judiciales contra los implicados y consolidan el proceso en su fase de juzgamiento.