Fiscalía imputó cargos a Yeimy Paola Vargas por presunto título falso: la exreina y actriz se declaró inocente

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la exreina de belleza y actriz Yeimy Paola Vargas Gómez por su presunta responsabilidad en la presentación de un documento falso para acceder a un contrato con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

La diligencia judicial, en la que la actriz se declaró inocente, se llevó a cabo este jueves 30 de abril de 2026 bajo carácter reservado, sin presencia de medios de comunicación.

De acuerdo con el ente acusador, una fiscal de la Seccional Bolívar le imputó los delitos de falsedad en documento privado y peculado por apropiación en calidad de interviniente. La investigación se centra en la documentación académica que habría sido presentada por Vargas Gómez como soporte para su vinculación contractual con la entidad cultural del distrito.

Investigación por presunto título falso

Según los hallazgos de la Fiscalía, la exreina habría cargado en la plataforma Secop II un título que la acreditaba como técnica laboral en actuación y teatro, el cual presuntamente no tendría validez. Este documento habría sido expedido por un instituto de Bucaramanga, pero no aparece registrado en sus bases de datos oficiales.

Las autoridades indicaron que con ese título la contratista cumplió los requisitos exigidos para acceder a una mejor clasificación en la tabla de honorarios del IPCC, lo que le permitió ser vinculada como contratista con formación técnica. “El contrato objeto de investigación fue suscrito en marzo de 2025, por un término de nueve meses y un valor de 55 millones de pesos; sin embargo, fue liquidado de mutuo acuerdo en agosto del mismo año. Esto habría permitido que Vargas Gómez se apropiara indebidamente de 8.647.500 pesos, según el falso nivel de titulación”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

El proceso judicial también incluye la verificación del documento por parte del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, entidad que negó haber expedido el diploma presentado. “Se evidencia que la señora Yeimy Paola Vargas no figura dentro de dicho listado, y que el documento presentado difiere del formato de diploma establecido por la institución; por lo anterior, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga no registra precedentes académicos, administrativos, ni certificación que soporte la expedición del documento referido”, indicó la institución.

Contratos y actuaciones posteriores

El contrato inicial fue suspendido luego de seis meses de ejecución, tras conocerse denuncias públicas relacionadas con las presuntas inconsistencias en los documentos aportados. Posteriormente, en agosto de 2025, fue liquidado de mutuo acuerdo entre las partes.

Pese a esta situación, en 2026 la Alcaldía de Cartagena otorgó un nuevo contrato a Vargas Gómez por un valor de $18 millones. En esta segunda vinculación, la contratista presentó una hoja de vida modificada en la que ya no incluía el documento académico cuestionado, y fue contratada bajo el perfil de bachiller.

Desde la administración distrital se indicó que esta contratación se realizó bajo el principio de presunción de inocencia, al considerar que no existe una inhabilidad legal vigente que impida su vinculación con el Estado.

Adicionalmente, el expediente incluiría referencias a la posible participación de la entonces directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Carmen Lucy Espinosa, en la expedición del documento cuestionado. Sin embargo, la funcionaria no compareció a la audiencia debido a una incapacidad médica, por lo que la Fiscalía solicitó la separación del proceso para continuar con la imputación de Vargas Gómez de manera independiente.

Según los elementos recopilados por la investigación, el documento habría sido elaborado en un café internet del centro de Cartagena por un asesor vinculado a la entidad, lo que forma parte de las indagaciones en curso.

La Fiscalía continúa con el proceso judicial para determinar la responsabilidad de la exreina en los hechos investigados, relacionados con su vinculación al IPCC durante el año 2025 para participar en proyectos culturales, actividad por la cual recibió recursos públicos en el marco del contrato objeto de investigación.