Caso Ungrd: exministro Luis Fernando Velasco seguirá preso tras decisión clave del Tribunal Superior de Bogotá

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida de privación de la libertad contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, en el marco del proceso judicial por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La decisión fue adoptada por la magistrada Alma Gertrudis Chamat, que resolvió mantener la determinación que en primera instancia había tomado la magistrada Aura Alexandra Rosero el 18 de diciembre de 2025.

Velasco enfrenta señalamientos como presunto autor de concierto para delinquir agravado a título de determinador, interés indebido en la celebración de contratos y como coautor de cohecho por dar u ofrecer. Según lo expuesto en la decisión judicial, la medida de aseguramiento continúa vigente en razón de los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia inicial.

“La medida no ha perdido la urgencia”, señaló la magistrada Chamat al sustentar la confirmación, haciendo referencia a los elementos expuestos por el ente acusador en diciembre y que fueron considerados por el Tribunal para mantener la restricción de la libertad.

La determinación también incluye al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, que fue vinculado al mismo proceso. Sin embargo, la decisión no modifica su situación actual, ya que recuperó la libertad recientemente por vencimiento de términos, una figura procesal independiente de la audiencia en la que se ratificó la medida.

Velasco permanece privado de la libertad en la ciudad de Cali desde que la fiscal María Cristina Patiño lo imputó como presunta cabeza de un entramado de corrupción que habría operado en 2023 desde el alto Ejecutivo. Según la investigación, el esquema habría implicado el uso de contratos direccionados y el pago de sobornos para desviar recursos públicos.

Durante la audiencia de imputación realizada en diciembre de 2025 ante el tribunal, la magistrada Rosero concluyó que la libertad del exministro podría representar un riesgo para el proceso judicial, especialmente por la magnitud de los hechos investigados, lo que motivó la imposición de la medida de aseguramiento en centro carcelario.

Señalamientos de la Fiscalía

En las diligencias judiciales, la Fiscalía imputó a Velasco y Bonilla los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Ninguno de los dos aceptó los cargos y ambos rechazaron los señalamientos en su contra.

De acuerdo con la fiscal Patiño, los exministros habrían sido las principales figuras de un “pacto criminal” orientado a influir en el Congreso de la República. Según la acusación, se habrían ofrecido 79 proyectos de la Ungrd y de Invías por un valor superior a medio billón de pesos a cambio de apoyo a iniciativas del Gobierno, de los cuales solo siete se ejecutaron.

El ente acusador indicó que Bonilla habría solicitado al entonces director de la Ungrd, Olmedo López, gestionar contratos relacionados con integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Entre los congresistas mencionados en el expediente figuran Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique Olarte, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Ester Vitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya.

De acuerdo con la investigación, el propósito de estas actuaciones era “favorecer a los congresistas” y asegurar el trámite de proyectos del Gobierno en el Congreso. El expediente también recoge que, entre septiembre y diciembre de 2023, se habrían intentado influir contratos destinados a la atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Salado, en el Carmen de Bolívar, por un valor total de $86.619 millones. Aunque estos contratos no fueron adjudicados, la Fiscalía indicó que se aprobaron 17 notas de crédito relacionadas con proyectos gubernamentales.

La investigación forma parte de un expediente más amplio sobre presuntas irregularidades en la Ungrd, que involucra a otros exfuncionarios y dirigentes políticos. Entre las personas privadas de la libertad dentro del mismo proceso se encuentran el expresidente del Senado Iván Name, el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle y la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz.