La actriz y exreina Yeimy Paola Vargas enfrenta una investigación penal después de que la Fiscalía General de la Nación identificara supuestas irregularidades en los documentos académicos que presentó para celebrar un contrato con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) en 2025.
El proceso se intensificó cuando la entidad anunció la imputación de cargos por presunta falsedad en documento público, citando a Vargas a audiencia el jueves 30 de abril.
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En el proceso también figura Carmen Lucy Espinosa, exfuncionaria que deberá comparecer ante la misma audiencia por hechos relacionados.
Las pesquisas se centran en el contrato suscrito el 21 de marzo de 2025, que tenía como objeto la prestación de servicios para actividades de protección del patrimonio cartagenero. El acuerdo, que ascendía a 55 millones de pesos y una duración de nueve meses, dependía de la acreditación de estudios en actuación y teatro por parte de la artista.
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En el desarrollo de la investigación, el ente investigador detectó tres elementos clave que motivaron la apertura formal del caso. El primero fue una diferencia tipográfica en el nombre de la beneficiaria en el documento presentado por Vargas, lo que levantó sospechas sobre una posible alteración.
El segundo hallazgo provino de una consulta al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, que aseguró que la actriz no figura en sus registros de graduados ni en sus bases de datos. Finalmente, los investigadores advirtieron que el formato del diploma entregado no coincide con los modelos institucionales reconocidos por esa entidad.
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La audiencia de imputación de cargos contra Vargas responde a la presunción, aún preliminar, de que el documento aportado para justificar su nivel académico habría sido adulterado o no correspondería a un título legítimo. Tras la difusión pública de las denuncias, el contrato original fue suspendido a los seis meses de ejecución.
La controversia no impidió que Vargas volviera a ser contratada en 2026 por la Alcaldía de Cartagena, esta vez para un servicio bajo el perfil de bachiller y por un monto de 18 millones de pesos.
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En este nuevo proceso, la artista omitió la certificación académica cuestionada y presentó su hoja de vida acorde con el perfil admitido. Las autoridades distritales justificaron la contratación bajo el principio de presunción de inocencia, señalando que, hasta el momento, no existía ninguna inhabilidad legal que restringiera su participación en procesos públicos.
Alcance de la investigación penal
El proceso no solo busca determinar la responsabilidad de Vargas. La Fiscalía también anunció que examinará el papel de los funcionarios del IPCC encargados de revisar los documentos y gestionar la contratación, con el objetivo de esclarecer si hubo omisiones o negligencias institucionales en la validación de los requisitos.
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Este enfoque amplía el expediente hacia los mecanismos de control en la administración pública local.
Entre los materiales bajo análisis figura también una certificación sobre un curso de transparencia y lucha contra la corrupción incluida en la hoja de vida de Vargas. Las autoridades revisan si este documento cumple con los parámetros exigidos para la contratación estatal.
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La legislación colombiana establece que el delito de falsedad en documento público puede acarrear penas de entre cuatro y nueve años de prisión, dependiendo de la gravedad del hecho y el grado de responsabilidad que se determine.
La legislación colombiana establece que el delito de falsedad en documento público puede acarrear penas de entre cuatro y nueve años de prisión, dependiendo de la gravedad del hecho y el grado de responsabilidad que se determine.
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La Fiscalía sostiene que la ausencia de respaldo oficial y la posible manipulación del diploma constituyen el eje de la imputación. Tanto Vargas como Espinosa han sido citadas a una audiencia formal, prevista para el 30 de abril, donde podrán conocer en detalle las pruebas recabadas y decidir si aceptan o rechazan los cargos presentados por el ente acusador.
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