Casa de la Moneda de Portugal inspeccionó la Imprenta Nacional para asumir la producción de pasaportes en Colombia

La Casa de la Moneda de Portugal inició el jueves 30 de abril una visita técnica a la Imprenta Nacional en Bogotá para supervisar las condiciones operativas de la planta y coordinar la transferencia tecnológica que permitirá al Estado colombiano avanzar hacia la autonomía en la elaboración de pasaportes.

Este recorrido ocurre después de la salida de Thomas Greg & Sons del proceso de fabricación de estos documentos, un cambio que marca el comienzo de una nueva etapa en la gestión de la identificación ciudadana.

La inspección está encabezada por la gerente general de la Imprenta Nacional, Viviana León, que recibió a Dora Moita, presidenta de la Casa de la Moneda de Portugal, con el objetivo de revisar los equipos, las instalaciones y los protocolos de seguridad.

Durante la jornada, ambas entidades comenzaron a definir un convenio de cooperación técnica que incluye la personalización de nuevas libretas de pasaportes y el desarrollo de procedimientos que garanticen la continuidad del servicio.

Según lo informado por la Imprenta Nacional, el convenio busca que Colombia asuma un mayor control sobre el proceso de impresión y los estándares de seguridad de los pasaportes, contando con el respaldo tecnológico y la experiencia de la institución portuguesa.

La delegación visitante evalúa la infraestructura disponible para asegurar que la transición no afecte la entrega de documentos a los ciudadanos.

“La visita de la Casa de la Moneda de Portugal representa un paso estratégico en la consolidación de la soberanía tecnológica en la producción de pasaportes”, afirmó Viviana León durante la apertura de la inspección.

“La cooperación permitirá transferir conocimiento clave y garantizar la calidad de los nuevos documentos”, agregó la funcionaria.

La Imprenta Nacional confirmó que los detalles técnicos relacionados con el cronograma de fabricación y la implementación de los nuevos sistemas serán definidos en los próximos días.

El objetivo central es evitar cualquier interrupción en el servicio y mantener el flujo regular de pasaportes para los solicitantes en todo el país.

La transición ocurre tras la terminación del contrato con Thomas Greg & Sons, empresa que estuvo a cargo de la producción nacional de pasaportes durante los últimos años.

Con la colaboración de la Casa de la Moneda de Portugal, Colombia apunta a fortalecer la seguridad y la eficiencia en la emisión de estos documentos, un servicio esencial para los ciudadanos.

El Gobierno acordó pagar 255 millones de euros a Portugal por pasaportes durante diez años

El acuerdo firmado entre Colombia y la Imprensa Nacional Casa da Moeda (Incm) de Portugal establece que, durante la próxima década, Colombia tendrá la obligación de pagar €255 millones por la provisión y producción de pasaportes.

El país deberá adquirir anualmente 1,5 millones de libretas, independientemente de la demanda real, en el marco de una transición tecnológica justificada por la Imprenta Nacional como necesaria para evitar interrupciones en el servicio.

El convenio determina que la producción inicial y la personalización de los pasaportes se realizará en Europa, principalmente en Lisboa, aunque la mayor parte de un lote reciente provino de Francia, a pesar de que la intervención francesa solo está permitida en casos de emergencia.

El costo de cada pasaporte se ha fijado en €17, y la suma total incluye una garantía exigida a Colombia en caso de incumplimiento de pagos.

A pesar de la intención de nacionalizar el proceso, la infraestructura local aún no está lista, por lo que el Estado seguirá dependiendo de proveedores extranjeros al menos hasta que se desarrolle la capacidad nacional para la personalización, aunque la fabricación de las libretas permanecerá en Portugal.

El acuerdo ha generado una disputa judicial y cuestionamientos sobre su legalidad, transparencia y pertinencia. La defensa de la Imprenta Nacional y de la Casa da Moeda de Portugal sostiene que la participación extranjera responde a una necesidad técnica de transición y rechaza las acusaciones de irregularidades.

Por su parte, el demandante señala que la falta de contratos específicos y detalles técnicos expone al sistema a riesgos y solicita la suspensión provisional del modelo, advirtiendo que sin una intervención judicial oportuna, cualquier sentencia futura resultará ineficaz.

El convenio, en la práctica, implica que Colombia financiará durante diez años la importación de al menos 1,5 millones de pasaportes por año, con un presupuesto superior a $1,3 billones de pesos colombianos, mientras persisten los cuestionamientos sobre la implementación y la promesa de nacionalización del sistema.