
La transición energética en el país avanza, pero sindicatos advierten que el proceso no está asegurando condiciones laborales dignas para quienes dependen de los sectores minero, petrolero y eléctrico. En medio de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, celebrada en Santa Marta a finales de abril, trabajadores y organizaciones sindicales recalcaron la necesidad de que el cambio contemple una protección efectiva de los derechos laborales.
El paso de una economía sustentada en carbón, petróleo y gas hacia modelos basados en energías renovables está generando transformaciones en el tejido laboral de departamentos como La Guajira, Cesar y Boyacá. Según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entre 2014 y 2024 el carbón se consolidó como el mineral de mayor valor en las exportaciones nacionales, alcanzando en 2024 un valor FOB cercano a 6.000 millones de dólares, cifra que superó en aproximadamente 1.700 millones de dólares a la generada por el oro.
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La relevancia económica de estos sectores, según datos oficiales, sostiene el empleo y la estabilidad de diversas regiones del país. Las organizaciones sindicales insisten en que la transición energética no puede evaluarse solo por metas climáticas o capacidad instalada de energías renovables.

Exigencias sindicales para una transición justa
Líderes sindicales de sectores minero, energético y eléctrico han subrayado que el avance hacia una matriz energética sostenible debe ir acompañado de una estrategia integral de reconversión laboral.
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Igor Díaz, vocero del Centro de Investigación e Innovación desde los Trabajadores para una Transición Energética (CIPAME), indicó: “No nos oponemos a la transición energética, pero no puede hacerse a costa de los trabajadores ni de los territorios que han sostenido este país y este modelo durante décadas”.
De acuerdo con proyecciones de la organización Transforma, para 2035 el departamento de Boyacá podría registrar una pérdida acumulada de aproximadamente 24.000 puestos de trabajo por la reducción de la actividad carbonífera.
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Las organizaciones sindicales han solicitado:
- Participación efectiva en las decisiones que afectan sus comunidades.
- Hoja de ruta clara para la reconversión laboral y productiva.
- Programas de formación ajustados a las realidades regionales.
- Financiamiento para nuevas actividades productivas.

Formación y comunicación: nuevas herramientas sindicales
En respuesta a las limitaciones en la interlocución institucional, los trabajadores han optado por fortalecer sus capacidades de comunicación. Igor Díaz explicó: “Hemos participado en espacios como la COP, pero muchas veces no tenemos voz. Por eso decidimos capacitarnos en comunicación, sumarnos a campañas y aprender a hacer videos y reels. No queremos que nuestra voz se quede por fuera”.
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Este enfoque busca ampliar la incidencia sindical en la agenda pública y digital. “Si no contamos lo que está pasando en los territorios, otros lo van a contar por nosotros. La transición energética también se juega en quién tiene la voz”, señaló Díaz.
Alternativas productivas y desafíos en el territorio
Tras el cierre de operaciones mineras en el Cesar, ex trabajadores constituyeron la asociación Asoextramicer, dedicada a impulsar proyectos agroindustriales y energéticos. Esta organización desarrolla nuevas fuentes de ingreso para la comunidad, mostrando que los trabajadores buscan construir alternativas de reconversión desde sus propios territorios.
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Organizaciones como Coomustier, Sintraelecol, el Colectivo de Trabajadores por la Transición Justa y Renova-Acción han acompañado estos procesos, promoviendo espacios de articulación y visibilización de la agenda sindical en el debate nacional y regional.

Limitaciones en la participación y futuro del debate
En el contexto de la conferencia en Santa Marta, líderes sindicales denunciaron restricciones en los tiempos y el acceso a los espacios de intervención, lo que dificulta una exposición completa de la situación en los territorios afectados.
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“No se puede definir el futuro energético sin escuchar a quienes han sostenido históricamente este sistema”, sostuvo Díaz. El planteamiento de los sindicatos es que la construcción de un modelo energético sostenible en Colombia debe contemplar a los trabajadores como actores centrales del proceso.
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