Un tribunal penal militar impuso condena a dos soldados regulares por vender armamento oficial a integrantes de un grupo armado en Jamundí, Valle del Cauca, a cambio de 30 millones de pesos. El proceso judicial conocido por Blu Radio determinó que los uniformados, quienes estaban adscritos al Batallón de Policía Militar N.° 3, sustrajeron un fusil, un proveedor y 35 cartuchos de uso oficial. La operación ilícita ocurrió el 31 de marzo de 2026 y fue detectada tras la intervención de la Fiscalía Penal Militar y Policial.
El fallo judicial estableció una pena de 42 meses de prisión para cada uno de los soldados, sin beneficio de ejecución condicional. Además, los condenados recibirán interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo periodo y la separación absoluta de la Fuerza Pública. Según la investigación, la transacción entre los uniformados y miembros de una estructura armada organizada de la región se concretó por la suma total de 30 millones de pesos.
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La sentencia fue dictada por los juzgados 1203 y 1204 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado, que consideraron probados los delitos de hurto de armas y bienes de defensa. El proceso penal avanzó en menos de un mes y concluyó con la judicialización efectiva de los responsables.
Investigación y acciones de control
La captura de los soldados se produjo tras la imposición de una medida de aseguramiento dictada por el Juzgado 1718 Penal Militar y Policial de Control de Garantías. Posteriormente, el Juzgado 1715 Penal Militar y Policial de Control de Garantías llevó a cabo la legalización de las capturas, conforme a lo registrado en los documentos oficiales.
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Durante la investigación, la Fiscalía 2208 Penal Militar y Policial recopiló pruebas que demostraron la venta de material de guerra a un grupo armado organizado. El procedimiento incluyó testimonios, registros y seguimiento a los movimientos de los uniformados, quienes fueron retirados de manera definitiva de sus funciones en la institución militar.
Contexto de seguridad en Valle del Cauca
El caso se produce mientras las autoridades del suroccidente del país enfrentan una situación compleja de seguridad. Valle del Cauca ha experimentado en semanas recientes un aumento de atentados atribuidos a estructuras armadas ilegales. Estos hechos mantienen en alerta tanto a las autoridades como a la población civil, y han motivado la intensificación de estrategias de control y vigilancia en la zona.
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La Fuerza Pública ha reiterado su compromiso con la transparencia institucional y la colaboración con los entes judiciales que investigan la filtración de armamento a organizaciones ilegales. Las medidas adoptadas buscan fortalecer los mecanismos internos de control y evitar nuevas vulneraciones a la seguridad institucional.
Otros incidentes con personal militar
Durante el mes de abril de 2026, el Ejército Nacional reportó otro incidente que involucró a dos soldados profesionales en el municipio de Briceño, Antioquia. Los uniformados abandonaron sin autorización el Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 y acudieron a un local comercial en el corregimiento de Travesías, donde consumieron bebidas alcohólicas.
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En ese lugar, los militares participaron en una discusión con un habitante del sector, presuntamente menor de edad, y uno de ellos utilizó su arma de dotación ocasionando lesiones al joven.
La institución castrense manifestó su rechazo a cualquier tipo de agresión contra la población civil y anunció la apertura de investigaciones disciplinarias. El Ejército Nacional recalcó que todas las decisiones judiciales y disciplinarias serán respetadas, y que se colaborará plenamente con las autoridades para el esclarecimiento total de los hechos.
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Compromiso institucional y vigilancia ciudadana
De acuerdo con el medio ya mencionado, la actuación de la Fiscalía Penal Militar y Policial y de la Fuerza Pública refuerza la vigilancia sobre las actuaciones del personal militar. Las autoridades mantienen abiertos los canales de denuncia y cooperación, con el objetivo de enfrentar los desafíos en materia de orden público y garantizar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad y defensa nacional.
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