La acusación formal al senador Didier Lobo Chinchilla por presuntas irregularidades en la contratación pública ha generado conmoción en la política colombiana.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha decidido procesarlo por los delitos de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales” y “peculado por apropiación en favor de terceros”, debido a anomalías identificadas en el contrato 340 de 2012, firmado para atender a menores desnutridos y madres gestantes, cuando Lobo era alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar.
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El presunto perjuicio patrimonial asciende a $1.492 millones de pesos.
La Corte Suprema de Justicia acusó al senador Didier Lobo Chinchilla tras investigar la celebración y ejecución de un contrato público durante su gestión como alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar, en 2012.
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El proceso involucra fondos inicialmente dirigidos a programas sociales para sectores vulnerables, pero se le imputa no cumplir con los requisitos legales y ocasionar un daño considerable al patrimonio público. Este caso ha situado al senador, miembro del Partido Cambio Radical, en el centro de la atención mediática y judicial.
Irregularidades detectadas en el contrato público
La Sala de Instrucción consideró que existen pruebas que justifican llevar a juicio penal a Didier Lobo Chinchilla.
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Sin embargo, los informes de las autoridades y medios reflejan que, tanto en la firma como en la ejecución del contrato, ocurrieron anomalías y posibles desvíos de los fondos, de acuerdo con El Tiempo.
La Corte Suprema sostiene que los recursos terminaron favoreciendo a terceros distintos a los beneficiarios previstos en el proyecto, en detrimento del erario.
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Trayectoria y situación política de Didier Lobo Chinchilla
Didier Lobo Chinchilla, actual congresista del Partido Cambio Radical, desarrolló su carrera política desde el Concejo municipal de La Jagua de Ibirico y alcanzó la alcaldía.
La agrupación política lo describe como un ciudadano de “origen humilde y popular”, resaltando su “sensibilidad por las causas y problemas de las personas vulnerables”.
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El senador fue reelegido para el periodo 2026-2030 y completa su tercer mandato en el Congreso.
El Tiempo destaca que figura entre los legisladores con más investigaciones activas en la Corte Suprema, y que, aunque ha impulsado debates ambientales y sociales, enfrenta múltiples procesos por su gestión en la contratación pública.
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Estado actual del proceso judicial y antecedentes
Luego de la acusación, la defensa de Lobo Chinchilla interpuso un recurso de reposición, el cual será evaluado por la Sala de Instrucción, según El Tiempo. El proceso por el contrato 340 de 2012 se suma a otros tres expedientes abiertos: en agosto de 2021, por “contrato sin cumplimiento de requisitos legales” y “peculado por apropiación”; en 2022, por delitos similares; y en julio de 2024, por presunto “enriquecimiento ilícito”. La más reciente investigación fue iniciada en junio de 2025.
Los magistrados afirman que existen elementos para avanzar a la siguiente fase procesal y definir si el senador será llevado a juicio penal. Este escenario representa un momento crítico para el futuro parlamentario de Lobo Chinchilla y podría influir en su posición dentro del Congreso y el Partido Cambio Radical.
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Las resoluciones judiciales en este caso no solo establecerán la responsabilidad penal del senador, sino que también tendrán consecuencias directas sobre su destino político e institucional.
La campaña de Paloma Valencia suma aliados cuestionados por corrupción
La campaña presidencial de Paloma Valencia ha consolidado apoyos significativos de partidos tradicionales y figuras políticas investigadas por corrupción, una dinámica que ha intensificado el debate sobre los límites éticos y discursivos en la contienda electoral colombiana hacia 2026.
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El caso de Liliana Bitar, senadora llamada a juicio por la Corte Suprema de Justicia en relación con el caso Ungrd, ilustra la extensión de las relaciones entre figuras bajo investigación y la candidatura de Valencia.
A esta lista se suman Carlos Trujillo, senador vinculado a procesos judiciales y recordado por su proximidad al exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y su rol en iniciativas del Gobierno Petro. Pese a estos antecedentes, Bitar ha establecido contacto con la campaña, sin que hasta la fecha exista un rechazo público de Valencia a su adhesión.
La campaña sostiene una estrategia orientada a sumar apoyos provenientes de todos los sectores políticos para enfrentar al petrismo. No obstante, Valencia ha reiterado que no aceptará en su equipo a implicados en corrupción o violencia.
Las declaraciones de Daniel Briceño, representante electo y jefe nacional de volanteo de la campaña, expresaron reservas en redes sociales: “todas las adhesiones deberían ser tomadas con beneficio de inventario. Hay cuestionados como Ape Cuello y Carlos Trujillo a quienes se les debe cerrar la puerta”.
Otros nombres que aparecen entre los apoyos relevados por Infobae son la senadora Nadia Blel, quien tiene un antecedente familiar de condena por parapolítica; el senador Luis Eduardo Díaz Mateus, hermano de un exsenador condenado en el caso yidispolítica; Juan Carlos García, hijo de un condenado por enriquecimiento ilícito; y Samy Merheg, denunciado junto a familiares por supuesta desviación de recursos y nexos con el Clan del Golfo.
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