Colombiano murió en una masacre en retén militar en Perú: investigan a ocho uniformados del Ejército

En proceso se encuentran las pesquisas preliminares que abrieron las autoridades en Perú, a través de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja en contra ocho miembros del Ejército y tres civiles por la presunta comisión de una masacre (delito de homicidio calificado, según la normativa allí).

El caso se reportó en medio de un operativo antidrogas que dejó cinco personas muertas el sábado 25 de abril en la región andina de Huancavelica.

Una de las víctimas fue identificada como Nilson Eduardo Montenegro Valencia, un ciudadano de nacionalidad colombiana de 25 años.

El caso, que ha generado conmoción y llamados a la transparencia, empañó el accionar de las fuerzas de seguridad en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), considerada como la mayor cuenca cocalera del país.

En otras palabras, es un territorio donde operan tanto organizaciones del narcotráfico como remanentes del grupo subversivo Sendero Luminoso, un sinónimo de disputas por el control de los corredores.

Por todo lo anterior, la fiscal provincial Zina Romero Chávez está al frente de la investigación, que involucra a los ocho militares detenidos, identificados por sus iniciales L.M., B.F., D.V., E.M., A.S., J.A., Á.V. y F.C., así como a otros tres civiles (uno de ellos colombiano).

Una de las víctimas fue identificada como Nilson Eduardo Montenegro Valencia, un ciudadano de nacionalidad colombiana (25 años), además de Jaime Bendezú (28), Willian Núñez Soto (19), Cristian Vilcatoma Águila ( 18), Wilder Romero Sivi Páucar (29).

Según el Ministerio Público, el hecho ocurrió en un tramo de la carretera Colcabamba-Ayacucho, donde militares que adelantaban la operación contra el tráfico ilícito de drogas, habrían ordenado el alto a una camioneta.

Ante la supuesta desobediencia de los ocupantes del vehículo, los agentes abrieron fuego, dejando como saldo final la muerte de cinco personas y dejando otras dos heridas (identificados como Everoto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez, destacó La Tercera).

En medio de la situación ningún militar resultó lesionado en el incidente.

Para esclarecer los hechos, el ente investigador peruano dispuso la realización de pericias balísticas forenses y pruebas de absorción atómica en los investigados, la incautación de teléfonos celulares y del vehículo impactado, así como la recepción de declaraciones tanto de los militares involucrados como de los heridos sobrevivientes, destacó EFE.

Además, se aguardan los resultados periciales a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huanta-Ayacucho, con el objetivo de establecer las responsabilidades penales correspondientes en el menor tiempo posible.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un comunicado en el que sostienen que el operativo se realizó con conocimiento de la Fiscalía y en medio de la lucha contra el narcotráfico.

Según la versión oficial, una patrulla militar fue atacada con armas de fuego por presuntos integrantes de redes vinculadas al narcotráfico y, “ante el riesgo real e inminente, el personal refiere su actuación en legítima defensa”, en concordancia con el Código Penal peruano.

Desde la institución se precisó que los efectivos implicados están sujetos a los procedimientos establecidos y que se están garantizando todas las facilidades al Ministerio Público y a las unidades especializadas de la Policía Nacional para asegurar un proceso transparente y el esclarecimiento objetivo de los hechos.

No obstante, medios locales informaron que, tras el operativo, la Policía no encontró ni drogas ni armamento en la camioneta en la que se desplazaban las víctimas, lo que ha incrementado la preocupación ciudadana y ha dado pie a reclamos de organizaciones de derechos humanos.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) exigió una investigación inmediata, independiente y con debida diligencia sobre lo ocurrido, así como sanciones efectivas para todos los responsables.

La Fiscalía continúa recabando pruebas y testimonios para determinar si la actuación de los militares y civiles involucrados configura el delito de homicidio calificado, y si se respetaron los protocolos de uso de la fuerza y los procedimientos legales vigentes.

El caso permanece bajo investigación y ha sido declarado de interés público, no solo por la gravedad de los hechos sino por las implicaciones que puede tener en la percepción ciudadana sobre el proceder de las fuerzas de seguridad y la vigencia de los derechos humanos en zonas de alta conflictividad en el Perú, marcada por grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico.