
El Instituto Nacional de Cancerología suspendió de manera definitiva la atención a los afiliados de Nueva EPS desde el 30 de abril de 2026, aludiendo una deuda acumulada de $136.424. 000.000 por parte de la entidad prestadora del servicio de salud, según confirmó la propia institución en un comunicado.
“Hicimos todo lo posible para encontrar una solución que permita la continuidad del tratamiento de nuestros pacientes, pero desafortunadamente, es una cuestión que no solo depende de las directivas del Instituto”, puntualiza el escrito.
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La decisión no impacta la atención de urgencias oncológicas ni los tratamientos de cáncer en menores de edad, de acuerdo con la información oficial. El senador electo por el Centro Democrático, Andrés Forero, detalló que tras la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), el pasivo creció casi por cuatro, al pasar de $36.295.000.000 a $136.424.000.000.
El legislador puntualizó que una parte significativa del monto en mora corresponde a obligaciones surgidas durante ese proceso de supervisión estatal.

“Esta es la dramática situación de cartera que llevó a @INCancerologia a suspender la atención a los pacientes de Nueva EPS. Desde la intervención a febrero de 2026 la cartera casi se cuadriplicó, pasando de $ 36.295 M a $136.424 M. Pero según Petro y @QuinteroCalle Sura es peor (sic)”, expuso Forero en su cuenta de X.
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Por su parte, Gustavo Petro, presidente de Colombia, abordó la situación durante el Consejo de Ministros celebrado el 28 de abril de 2026, donde expuso avances en materia de salud e indicó, según sus propias afirmaciones, la existencia de Entidades Promotoras de Salud (EPS) con problemas financieros aún mayores que los de Nueva EPS. Forero replicó a dichos comentarios y señaló que, en su opinión, las aseveraciones de Petro y de Daniel Quintero no reflejan con precisión la gravedad del caso.
El agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, programó una reunión con la IPS para el miércoles 29 de abril de 2026 con el fin de discutir acuerdos de pago que posibiliten restablecer los servicios para los pacientes afectados.
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Procuraduría ordenó a Nueva EPS implementar medidas urgentes que garanticen la atención oportuna de los usuarios en el país

El 9 de enero de 2026, la Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado en el que solicitó a la Nueva EPS implementar medidas inmediatas para remediar las fallas en la atención a sus usuarios, especialmente frente a las demoras en la entrega de medicamentos, que afectan de manera directa la salud de miles de afiliados. La entidad advirtió que, al estar en riesgo la vida de las personas, la situación requiere acciones inmediatas y no admite dilaciones.
El pronunciamiento del órgano de control, liderado por Gregorio Eljach, demandó un “plan de choque” dirigido a los pacientes en condiciones más vulnerables —que se encuentran en estado crítico, viven con VIH o padecen enfermedades huérfanas—. Según informó, estas atenciones no deben continuar atrapadas en la crisis operativa y financiera de la entidad, en referencia a la Nueva EPS.
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El máximo órgano del Ministerio Público anunció que se mantendrá vigilante para asegurar que el protocolo anunciado por la Nueva EPS responda de manera efectiva a las necesidades de los afiliados. La aseguradora presentó un nuevo procedimiento para la gestión de órdenes médicas, orientado a quienes habían recibido sus medicamentos a través de Colsubsidio, el antiguo operador que hasta hace poco atendía a unos 1,6 millones de usuarios. Desde la ruptura del contrato con dicho gestor, se multiplicaron imágenes de largas filas de usuarios reclamando productos que hoy escasean.

Esta supervisión se fundamenta tanto en la información recopilada durante una visita administrativa realizada en junio de 2024 como en las mesas de seguimiento mensuales, en las que se evalúa el estado técnico, jurídico y financiero de la Nueva EPS. Por lo tanto, la aseguradora debe “activar de inmediato un plan de contingencia que permita garantizar una atención oportuna e integral”, mientras se gestan soluciones de fondo a sus dificultades estructurales.
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Entre las recomendaciones, la Procuraduría General de la Nación exigió atención prioritaria a los embargos y a la cobertura de pacientes de alto costo, áreas críticas identificadas durante la supervisión.
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